“La libertad, el bienestar y la riqueza no se solicitan ni se piden: se conquistan. La cuestión de los argentinos no es cambiar de amo sino de ser una nación fuerte, segura de sí y henchida de salud como corresponde a un pueblo inteligente que habita un suelo feraz.
Reconquistar el dominio político y económico de nuestra propia tierra es nuestro deber para con nosotros mismos, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. No es una acción fácil pero tampoco es una acción inabordable. Los revolucionarios de 1810, de donde provenimos, nos dieron el ejemplo de que nada resiste la voluntad del hombre puesta al servicio de una gran causa”.
De Yrigoyen y Perón, de Raúl Scalabrini Ortiz
Por qué un movimiento nacional
Durante el desarrollo de la actual campaña electoral, se encendieron demasiadas luces de alerta que preanuncian un final al viejo y obsoleto sistema de partidos y coaliciones debido a las dudas, desconciertos y desazón que se presentan, y de allí la muy menguada e indiferente participación de los ciudadanos, restándole legitimidad, al margen de la legalidad que la Constitución le concede.
Los movimientos políticos, económicos y sociales los construyen y conducen las entidades intermedias del trabajo, la producción, la educación, la salud, etcétera, y de su razón de ser y de proyectarse depende -esencialmente- el rumbo que toman el país y la sociedad de la que forman parte indisoluble y permanentemente.
En tanto, los partidos y coaliciones, en el formato crudamente liberal que hoy impera en el mundo occidental, los conforman y conducen las elites o corporaciones económicas y financieras, que los usan como “caballo de Troya”, para conseguir el poder institucional de gobernar, sin que importen las ideologías o la situación interna del país.
Por eso, en Argentina, seguimos transitando con este modelo de confrontaciones dentro de un sistema obsoleto y carente de discusiones sobre tesis esenciales tales como crecimiento económico con desarrollo social, defensa de nuestros recursos estratégicos, representación y participación social en la toma de decisiones, perfil productivo e industrial, etcétera.
Hoy vislumbramos cómo partidos y coaliciones están cerrando un ciclo, cumpliendo los dogmas esenciales del liberalismo, que aunque fueron en su momento vehículos para canalizar expresiones de sectores postergados en la toma de decisiones, constituyen una trampa para los anhelos del pueblo, ya que su funcionamiento se volvió autocrático al servicio de los intereses de quienes lideran los “grupos elitistas” y corporaciones.
Lo nacional y lo internacional
El actual modelo de gobernanza va de contramano con la realidad mundial, cuando ésta dirime un nuevo orden político, económico y social multidivisas y multilateral suplantando al unilateralismo y al dólar y proyectando un proceso de universalización e integración de todos los países, incluso de aquellos que, sin ser potencias, poseen grandes recursos estratégicos y reservas naturales que resisten estoicamente el avasallamiento de la depredación especulativa.
Tomar conciencia de dónde, cómo y cuándo debemos integrarnos a este proceso mundial es fundamental, ya que quien desconozca o haga caso omiso de lo que sucede en dicho escenario puede frustrar una y varias veces nuestra participación, quedar al garete y consecuentemente marginados de un proceso de enormes posibilidades para el país y los argentinos y en el peor de los casos como furgón de cola de alternativas contrarias a nuestra idiosincrasia, valores e intereses.
Para superar estas irresponsabilidades, el pueblo debe reencontrarse con un cambio generacional que, alejado de las viejas y corrompidas manipulaciones, defienda y promueva fielmente sus derechos y por sobre todas las cosas, logre que las entidades intermedias definan y ejecuten las políticas de Estado por ser partes indisolubles e insoslayables de éste.
Este cambio generacional deberá concentrarse en la organización y participación de un gran movimiento nacional integrado por la entidades intermedias para poder enfrentar el pandemonium económico, político y social heredado de una dirigencia que aunque en despedida, nos deja remezones de un modelo pleno de corrupción en los “negocios”, deudas externas fraudulentas orquestadas con los organismos internacionales y limitantes del despegue productivo y laboral que necesitamos, mientras corporaciones extranjeras aprovechan este escenario intentando poner sus manos sobre nuestros valiosos recursos estratégicos
De la democracia liberal a la democracia social
“Las plutocracias imperialistas, que ya ni se animan a defender el sistema burgués, hacen hincapié en la ‘democracia liberal’, que fue su creadora, porque comprenden que perimido el sistema, deben salvar por lo menos a su inventor como garantía para que en el futuro pueda inventarle algo semejante que les permita seguir colonizando a las naciones y explotando a sus pueblos con diferentes trucos, en los que no están ausente ni las ‘alianzas para el progreso’, ni las radicaciones de empresas privadas, ni las concesiones leoninas para la explotación petrolífera, ni la ayuda técnica o el despojo liso y llano mediante el engaño o la violencia si es preciso” (La hora de los pueblos, de Juan Perón).
Los partidos políticos como los que hoy conocemos surgen en el siglo XIX, en el parlamento de Gran Bretaña, con la organización estructural de los denominados grupos políticos ingleses en el Partido Conservador y Liberal respectivamente.
Desde entonces la mayoría de las naciones institucionaliza a dos grupos primordiales: los conservadores, que buscaban preservar los privilegios de los grupos de poder, especialmente de las monarquías y aristocracias, y los liberales, representantes de la pujante burguesía, ávida de nuevos espacios políticos e influencia de la que carecía.
Sin embargo, con el paso del tiempo y la organización de distintas clases sociales conectadas con la producción, el comercio, el trabajo, las profesiones, etcétera, salieron en búsqueda de sus espacios de participación ciudadana dentro de esos partidos mayoritarios existentes o en otros que se lo permitieran.
Este sistema de partidos siguió perdurando hasta nuestros días, manteniendo e incrementando su poder por medio de atribuciones constitucionales, como las impuestas en la última reforma de 1994, otorgándoles el privilegio de que sólo a través de ellos era posible acceder al Gobierno y a la administración del Estado.
Hoy los modelos democráticos que existen en casi todo el mundo pero especialmente en nuestro continente, están cortados por la misma tijera, con la existencia casi siempre de dos partidos mayoritarios de tendencias políticas contrarias, uno de derecha y otro de izquierda, controlados por personajes o grupos devenidos de los círculos “iluminados”.
Bajo estas circunstancias la sociedad en su conjunto carece de toda posibilidad de participar, a no ser que creamos que el derecho a elegir por medio del voto es válido y suficiente, cuando en verdad optamos por algunos de los candidatos ya elegidos por los que conducen los partidos y coaliciones.
De esta manera comprobamos que los que se definen como auténticos representantes del pueblo, en realidad son empleados de los partidos políticos de donde proceden.
En tanto, si analizamos a las organizaciones libres del pueblo en lo social, productivo, comercial. laboral, etcétera, comprobamos que sus autoridades son democrática y legalmente elegidas por sus adherentes y, por lo tanto, autorizadas para exponer ideas y propuestas referidas al trabajo, la producción, la seguridad, la salud, la educación, la investigación tecnológica, el cuidado del medio ambiente, la defensa de nuestros recursos estratégicos, etcétera.
Por lo tanto deduzco que si realizamos un congreso nacional con la presencia activa y comprometida de estos representantes, con total seguridad lograremos consensuar propuestas bajo el predominio de una auténtica democracia social, ya que estas entidades saben que realizándose la sociedad en su conjunto, todas y cada una de las entidades se realizarán.
Para ello, empero, es primordial recuperar a las instituciones intermedias en su misión de defender y promocionar sus intereses específicos, alejadas de compromisos partidarios y sabiendo que moralmente, deben cumplir con la cuota de responsabilidad social trabajando y aprobando todas las políticas públicas que superen los problemas políticos, económicos y sociales de Argentina.
Esto supone, la aparición de una nueva clase dirigente y el inicio de un cambio de época que revolucione -ineludiblemente- el andamiaje jurídico, legislativo y político, causantes de los estigmas ocasionados durante 40 años, realizando una profunda reforma Constitucional al servicio del pueblo argentino e instalando una democracia donde éste, a través de sus entidades intermedias, se constituya como el actor principal en la toma de decisiones fundamentales y en el cumplimiento de ellas.
(*) Ex ministro de Obras Públicas de la Provincia de Córdoba