ESCUCHAR“El derecho a la información, consagrado en nuestra Constitución Nacional y en los Pactos Internacionales, pertenece a la sociedad, no es del juez ni de los periodistas”
Por Marcelo Bee Sellarés
El derecho a la información, consagrado en nuestra Constitución Nacional y en los Pactos Internacionales, pertenece a la sociedad, no es del juez ni de los periodistas.
Los actos del Poder Judicial son actos de gobierno y, por tal motivo, son públicos.
Ahora bien, la difusión de información de carácter público tiene límites que están impuestos por los tratados internacionales a los cuales nuestro país se encuentra adherido, por nuestra propia Constitución y las leyes que reglamentan su ejercicio, resguardando principios elementales que hacen a la inocencia de toda persona, al derecho a su intimidad, privacidad y honor.
El Consejo de la Magistratura de la Nación es uno de los sujetos obligados a brindar información pública, conforme el artículo 7 de la ley 27275, sobre la base del principio de la transparencia activa que rige toda la administración estatal centralizada o descentralizada y el Poder Judicial. Así, está obligado como órgano de carácter permanente de éste a brindar y facilitar el acceso a la información pública.
Dentro de este marco general, el Consejo viene desarrollando una política sostenida con acciones concretas, buscando avanzar dentro del organismo multilateral denominado Alianza para el Gobierno Abierto, a la cual Argentina se encuentra adherida.
Esta política consiste en alcanzar un estadio de trabajo conjunto con la sociedad civil, promoviendo e incrementando la participación ciudadana, combatiendo la corrupción, desarrollando nuevas tecnologías al alcance de la sociedad que sirvan de herramientas, no sólo de apertura sino de compromiso con los objetivos propuestos.
Durante el año 2016 (presidencia del doctor Miguel Piedecasas), trabajamos en la creación de la Unidad de Consejo Abierto y Participación Ciudadana. Así, dimos el primer paso, creando el órgano, atribuyéndolo de funciones, buscando generar no sólo un canal de diálogo con la sociedad civil sino también de transparencia en el cumplimiento de la disposiciones de la ley de acceso a la información pública. De esta forma, debimos adaptar las disposiciones del Consejo al nuevo marco legal que entrará en vigencia a partir de septiembre de este año.
En este sentido, aprobamos durante el año 2016 un nuevo procedimiento de consulta de las declaraciones juradas de los magistrados y funcionarios de los Tribunales Inferiores de la Nación y de los miembros y funcionarios del Consejo de la Magistratura de la Nación y del Jurado de Enjuiciamiento de la Nación (Resolución 606/2016). Este nuevo mecanismo posibilitará a la sociedad tener acceso a las declaraciones juradas por medio de los formatos electrónicos y abiertos, disponibles en un breve plazo y por el mismo medio.
De esta forma, ya no será necesario que las solicitudes se tramiten por formato papel, con acreditación de identidad y en forma presencial -como es hasta el día de hoy-, cumpliendo además con metas que hacen a la despapelización y modernización del Estado, a la par de eliminar el requisito presencial y las trabas burocráticas.
Aprobamos durante el mismo año la publicación de los resultados de la auditoría de relevamiento en la totalidad de los Juzgados Federales, Tribunales Orales y Cámaras Federales de todo el país, con competencia en materia penal en delitos vinculados con la administración pública, conocidos como delitos de corrupción.
En este sentido, el proyecto -que en breve plazo estará disponible- busca generar un canal de acceso a la información de todas las auditorías que se vienen desarrollando y las que en el futuro se lleven a cabo. En lo que va del presente año, participamos de la Alianza para el Gobierno Abierto presentando un plan de acción de Argentina en materia judicial. Este programa, que es aprobado anualmente, consiste en desarrollar reformas con la participación ciudadana que son traducidas en metas.
En tanto, el Consejo participó en el mes de abril de la mesa de diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, con dos metas concretas. La primera está vinculada con los procesos de selección de magistrados, buscando generar que la sociedad pueda tomar conocimiento del estado y trámite de los concursos de los aspirantes a magistrados y de su normativa vigente, así como que la sociedad pueda participar de éstos en un sano y críitico control ciudadano del proceso.
La segunda meta está relacionada con la apertura de la información sobre los procesos disciplinarios de magistrados, buscando generar una mejora en la cantidad y calidad de la información disponible sobre los procesos y estado de trámite de las denuncias.
Toda esta información se volcará en el portal de datos abiertos del Consejo, que está en desarrollo, en busca de lograr los objetivos de la ley de acceso a la información pública.
El conocimiento y el acceso a la información, constituyen nuevas formas de participación de la sociedad que le permitirá y facilitará controlar los actos de gobierno de cada uno de los poderes del Estado y, de esta forma, poder transparentar la gestión de gobierno, permitiendo que la sociedad asuma un nuevo rol peticionando a las autoridades para corregir eventuales decisiones públicas equivocadas.
Tenemos la obligación de avanzar en estas políticas, buscando recuperar la confianza y credibilidad de la sociedad en el sistema judicial.
*Funcionario del Consejo de la Magistratura de la Nación
