ESCUCHARAndrés Manuel López Obrador (AMLO), el sempiterno candidato antisistema mexicano, es el nuevo presidente de México. De esa manera, la sociedad, agobiada por una brutal ola de violencia y corrupción, puso su futuro en manos de ese hombre que fue, a lo largo de su vida política, jefe de Gobierno del Distrito Federal de 2000 a 2005, candidato a la presidencia de México por la Coalición Por el Bien de Todos en las elecciones federales de 2006 y por la coalición Movimiento Progresista, en las de 2012.
La campaña electoral estuvo marcada de principio a fin por la violencia, que obstaculizó la gestión de gobierno de todos los presidentes desde hace 30 años. Gobernantes que no acertaron en el diseño de su política de seguridad y justicia.
Violencia que escaló durante la gestión de un mal aconsejado Felipe Calderón Hinojosa, que militarizó el país para combatir los carteles del narcotráfico. La guerra se propagó por todo el tejido social, poniendo en jaque las libertades individuales y tornando ilusorios los derechos humanos.
Ciento cuarenta políticos y funcionarios estatales fueron asesinados sin importar su pertenencia política. Será bueno indagar sobre la razón por la que fueron elegidos como blancos. A tenor de los partes de prensa, se puede responder: “Vínculos con el crimen organizado, incumplimiento de acuerdos con agentes locales del narcotráfico, descontento con las propuestas, o incluso el crimen por el crimen mismo”.
Un capítulo especial merecería, en cualquier ensayo sobre el México de estos días, la ineficacia de la Justicia. El poder más perforado por las mafias y cárteles, que lograron que la mayoría de los jueces y funcionarios judiciales les brinden protección y garantías para seguir operando. Favores que se traducen en fortunas difíciles de justificar.
El balance de la gestión del Partido Revolucionario Institucional (PRI) permite asegurar que deja casi 8 mil casos de homicidio en el primer trimestre del año, luego de un 2017 considerado el más violento en dos décadas.
Existen regiones controladas casi en su totalidad por el crimen organizado, el peso mexicano presenta su mayor devaluación frente al dólar, el precio de la nafta se ubica alrededor de 20 pesos (el doble del registrado a inicios del sexenio, cuando llegó a estar en poco más de 10 pesos) y 43,6% de la población está sumida en la pobreza (según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval) de los cuales 9.4 millones se encuentran en la extrema pobreza.
Datos que no consideran la nómina de desaparecidos ni de los secuestrados como tampoco la cantidad de cadáveres indocumentados que a diario se siembran en las banquinas y parques, producto de ejecuciones sumarias practicadas tanto por las bandas delincuenciales como por grupos parapoliciales y paramilitares.
La tarea que le espera a López Obrador –al que sus amigos también le llaman “El Peje”- es titánica.
Deberá, para tener éxito, gobernar con mano firme. Esfuerzo que se asemeja a los de Hércules a la hora de cumplir sus míticos 12 trabajos.
De hacerlo, muchos se sentirán interpelados y estos intereses, quizás, busquen refugio y protección en el Partido del Encuentro Social, una de las partes de la alianza triunfante y que -en distintos momentos de su corta historia- participó en las elecciones presidenciales como aliado del PRI como también del Partido de Acción Nacional.
El relato nos obliga volver la mirada hacia la campaña electoral. Jamás un candidato fue sometido a una operación de espionaje político tan feroz. El PRI, en su desesperación, junto a la dirección política del PAN, decidieron vigilar telefónica y físicamente al ahora presidente electo. Relatan los cronistas mexicanos que buscaban, en un intento desesperado, restarle votos, “identificar y documentar hechos de corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de influencias, peculado o algún otro acto ilícito en que haya participado directamente AMLO o alguno de sus familiares y/o colaboradores, que permitiera demostrar a la opinión pública que este político no cuenta con la calidad moral, intelectual y experiencia para gobernar nuestro país”.
La vigilancia pudo establecer lo que era de público y notorio. Que el círculo político y de confianza del candidato estaba integrado por sus hijos José Ramón y Gonzalo Alfonso López Beltrán, Laura González Nieto, Alberto Daniel Rojas Márquez y Temo Jiménez, con quien mantiene una comunicación permanente y constante.
Agrega el informe de inteligencia al que tuvo acceso el periodista Miguel Badillo, director de la revista Contralínea: “Quien usa con mayor frecuencia la línea telefónica es Beatriz Gutiérrez Müller –la mujer de AMLO-, quien frecuentemente se comunica con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en donde es catedrática”.
Más adelante, el documento señala que cuando López Obrador quiere hablar con su esposa, siempre lo hace a través de César Yáñez (el encargado de comunicación durante la campaña de López Obrador), quien siempre es “muy discreto y preciso en lo que dice”. Y con el “análisis” de las llamadas se afirma que Gutiérrez Müller es la principal asesora de su esposo, pues dirige su agenda y determina los eventos a los que debe asistir y con las personas que debe reunirse”.
Atento al reporte periodístico, los espías incluyen en su “parte de combate” fotografías de la fachada de las oficinas de López Obrador, ubicadas en la colonia Roma Norte, en Ciudad de México, de la cual también han investigado en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
Según el documento, han encontrado tres números diferentes de escrituras, dos de las cuales asegura que son falsas, además de que supuestamente tiene “importante deudas de renta”, a pesar de reportar al Instituto Nacional Electoral y al Fisco que todo se ha pagado puntualmente.
Queda al desnudo una intervención ilegal de comunicaciones que ha sido denunciada siempre como una práctica antidemocrática y dictatorial que se realiza en todo el mundo y es de difícil erradicación. Cuestión que le hace decir a Guillermo Garduño Valero, especialista en temas de inteligencia y seguridad nacional, que todos los candidatos son espiados por aquellos que tienen el poder o están en el juego político. Y, agrega: “Los centros encargados de operar el espionaje son estructuras que aparecen y desaparecen cada seis años sin dejar rastro alguno. ‘No lo justifico, pero es una realidad´. Se trata de empresas privadas con alta tecnología espiando a nombre de alguien”.
Sobre los búnkers que hacen espionaje, Valeriano Ramírez, doctor en Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala: “Partamos de un principio: los órganos de inteligencia están marcados. Tienen que seguir una regulación que existe. Son el Estado Mayor, la Sección Segunda (del Ejército Mexicano), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Inteligencia Naval (de la Armada), la Policía Federal, y Procuraduría General de la República. Cada una es un tipo de inteligencia especializada. Eso no tiene ningún problema (…) muy distinto es algo que se tiene que contemplar: hay estructuras que se dedican al espionaje, que son privadas y que, en un momento determinado, así como se forman, desaparecen. Hay un principio más para este tipo de organizaciones: nunca dejan huella; por lo tanto, no son identificables”.
Concluyendo que con la tecnología actual ha intensificado el espionaje. Se trata de algo generalizado. Para Garduño Valero, no se trata de un asunto sólo contra López Obrador, sino que toda estructura de poder está “fiscalizada” y siendo observada desde otras estructuras de poder. López Obrador dijo que le hicieron llegar el expediente que de él mismo tienen en el El Centro de Investigación y Seguridad Nacional es la agencia de inteligencia civil de México. “¿Quién se lo entregó? ¿A cambio de qué?”, pregunta Garduño Valero.
El temor nos abraza. ¿Tanta clandestinidad torna posible un atentado criminal en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador?
