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Uno de los mayores problemas que preocupan a los gobiernos en la actualidad tiene que ver con los residuos domiciliarios, su tratamiento y disposición final. Este desafío, lejos de ser un problema aislado, expone las deficiencias de las políticas públicas en materia ambiental, especialmente en nuestra provincia. Si bien en la ciudad de Córdoba las autoridades locales vienen, al menos desde hace algunos años, presentando iniciativas que muestran que la cuestión está en agenda, no ocurre lo mismo en Río Cuarto. La “capital alterna” es hoy el reflejo de una gestión negligente y desidiosa de los residuos sólidos urbanos. Desde la ubicación geográfica del basural municipal hasta la forma en que se lleva adelante su administración, todo resulta cuestionable y preocupante.
En diciembre de 2021, los medios locales reportaron el deplorable estado del lugar donde, desde 2002, se depositan los residuos de la ciudad y de diez localidades vecinas. Las imágenes y testimonios describían árboles secos, basura dispersa por los campos cercanos, un cerco perimetral completamente deteriorado y un basural a cielo abierto donde se observaban animales de gran porte y residuos patógenos. Desde 2022, las autoridades municipales reconocieron que el basural está colapsado. Sin embargo, en lugar de clausurarlo, se continuó recibiendo los residuos de localidades vecinas como Alpa Corral, Holmberg, Charras, Adelia María, Etruria, Las Higueras, Alcira Gigena, Olaeta, Las Albacas y General Cabrera. Esto es alarmante porque excede, por mucho, las 184 toneladas diarias autorizadas por la provincia. Actualmente, al basural llegan más de 250 toneladas diarias, un exceso superior al 50% del límite permitido. A pesar de esto, la Secretaría de Ambiente de la Provincia no ha tomado medida alguna al respecto. Más grave aún, la Municipalidad de Río Cuarto nunca cumplió con las condiciones estipuladas en la licencia ambiental obtenida en 2003.
Por otro lado, llama la atención que la ampliación del basural, iniciada sin autorización, tampoco cuenta con una Evaluación de Impacto Ambiental Estratégica. Peor aún, los vecinos no han sido convocados para participar en la toma de decisiones, violando su derecho a intervenir en procesos que afectan directamente su entorno y calidad de vida.
La ubicación del basural también es motivo de controversia. Se encuentra a solo 500 metros de viviendas y a 740 metros del río Cuarto, afectando la Reserva Provincial de Uso Múltiple Corredor del Chocancharava, creada por la Ley Provincial 10.525, que reconoce el valor ambiental de la cuenca del río y los bosques nativos aledaños. Así, el basural opera en abierta contradicción con el artículo 20 de la Ley 25.916 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la gestión integral de residuos domiciliarios: “Los centros de disposición finales deberán ubicarse en sitios suficientemente alejados de áreas urbanas, de manera tal de no afectar la calidad de vida de la población; y su emplazamiento deberá determinarse considerando la planificación territorial, el uso del suelo y la expansión urbana durante un lapso que incluya el período de postclausura. Asimismo, no podrán establecerse dentro de áreas protegidas o sitios que contengan elementos significativos del patrimonio natural y cultural”.
Nada de esto se ha cumplido, lo que pone en evidencia una gestión desidiosa y negligente. Las inspecciones realizadas en el basural han documentado un panorama desolador: fosas sin impermeabilización adecuada, cerco destruido y basura desparramada más allá de los límites del predio. Este descontrol no solo degrada el ambiente, sino que también genera un impacto social significativo. Los vecinos conviven con olores nauseabundos, plagas, roedores y perros salvajes que atacan a los animales domésticos y de granjas cercanas. Además, la contaminación de las aguas subterráneas y del río representa un riesgo ambiental grave.
Desde el punto de vista jurídico, este caso expone una serie de incumplimientos flagrantes que no pueden pasar desapercibidos. La falta de transparencia en los procedimientos administrativos, sumada a la ausencia de controles efectivos, evidencia una gestión pública que prioriza eludir responsabilidades en lugar de cumplir con sus deberes. Hoy, más que nunca, es momento de replantear la manera en que se aborda la gestión de los residuos. El cumplimiento de la ley no es un mero formalismo; es el primer paso para restaurar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y garantizar que el derecho a un ambiente sano deje de ser una promesa incumplida.
(*) Abogado en causas ambientales de relevancia social. Docente de Derecho de los Recursos Naturales y Ambiental y de Derecho Público Provincial y Municipal (Facultad de Derecho – UNC). Presidente Fundación Club de Derecho.
