ESCUCHARPor Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth **
Parece un tristísimo signo de los tiempos que nos toca vivir que casi todos los días nos encontremos con la noticia de que una mujer falleció víctima de lo que se llama violencia de género. El problema, a estas alturas, no es nuevo, y tampoco puede ser tomado como un fenómeno aislado sino que forma parte de un problema más general: vivimos en una sociedad violenta en la que todos, pero especialmente, niños, ancianos y mujeres, llevan las mayores posibilidades de perder.
Muchas cosas se ha intentado hacer, aunque a la luz de lo que sucede está meridianamente claro que no han llegado a buen puerto. Dentro del reclamo social que se hace para enfrentar el problema está el dictado de una ley que tienda a proteger a las mujeres, y un plan que la haga operativa.
Esto último es tan esencial como lo primero, y acaso algo más. Nada va a solucionar una ley que no pase del papel en donde se halle escrita.
De hecho, y aunque no se tenga muy presente, existe desde el año 2009 una ley, la Nº 26485, de protección integral a las mujeres, que busca promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones, reafirmando el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia. La idea del legislador fue generar condiciones aptas para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de discriminación y violencia contra las mujeres.
La norma impulsa el desarrollo de políticas públicas sobre violencia contra las mujeres, con el objeto de erradicar los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género, facilitar su acceso a la Justicia, y la asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales y privadas, entre sus principales objetivos.
La otra “pata” que faltaba, según el reclamo que se hacía, era la elaboración de un plan contra la violencia contra la mujer. Precisamente la semana pasada fue presentado el “Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”, que comprende una serie de medidas de concienviación y prevención, apoyado por presupuesto de 750 millones de pesos.
En su presentación, la titular del Consejo Nacional de las Mujeres, Fabiana Túñez, dijo, entre otras cosas que, “es esencial para terminar con las agresiones, la educación que destierre patrones culturales que las naturalizan, la capacitación de las mujeres para que puedan independizarse de quien la somete y el acceso a créditos”.
Dentro de las medidas previstas se contempla la incorporación de temas vinculados con este problema en las currículas escolares; el desarrollo de campañas de concienciación contra el maltrato; la creación en el ámbito nacional de hogares de protección a mujeres, niñas y niños; la ampliación de los equipos profesionales de la línea telefónica gratuita 144 que asesora a quienes están en situación de violencia; y el control de los violentos -quienes deberán usar tobilleras electrónicas para supervisar que cumplan las medidas de restricción de acercamiento a la víctima-.
Rescatamos de todo ello el hecho de que la lucha contra la violencia de género, aparentemente, empieza a tomarse como una política pública, ya que el plan parece ser una continuidad y complemento de lo dispuesto en la ley 26485, promulgada por el gobierno anterior.
Ojalá ello sea así y que, además de servir para ayudar de una buena vez a erradicar la violencia contra la mujer, también sea una parte de un todo que debe ser la lucha contra todo tipo violencia.
Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas. Abogado. **Magister en Derecho y Argumentación Jurídica
