ESCUCHAREn marzo de 2018, después de una visita de los reyes de Noruega a nuestro país, comenzó a analizarse la factibilidad de iniciar en aguas jurisdiccionales argentinas el desarrollo de criaderos de salmón mediante una técnica aplicada por ese país desde 1960 (Noruega es su primer productor mundial). Medios extranjeros señalaron que se proyectó autorizar al por entonces Ministerio de Agroindustria entre dos y cuatro concesiones, que podrían producir entre 20 mil y 50 mil toneladas de salmón.
La agenda de los monarcas siguió en Chile, segundo exportador global en el rubro. Sus majestades recibieron allí una contundente demostración del rechazo a la expansión de la salmonicultura, pero nada pareció torcer el rumbo.
Chile produce 37% del total mundial, con lo que genera divisas por unos 5 mil millones de dólares. En la actualidad, ésta es la principal especie producida en criaderos (70% de casi un millón de toneladas anuales), en un club que también integran, por ahora, Escocia, Canadá y Estados Unidos (en algunos Estados de ambos países de América del Norte se ha prohibido la actividad, como en la provincia canadiense de la Columbia Británica o en el estado de Washington).
Diversas organizaciones ambientalistas -como Greenpeace- denunciaban numerosas fallas en la explotación del salmón en cientos de criaderos autorizados por el gobierno de Chile en su extremo sur. Los criaderos -o “salmoneras”- son estructuras gigantescas, en superficie y profundidad, circulares o rectangulares, instaladas en pleno mar.
La entonces gobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Rosana Bertone, autorizaba el avance de estudios, en el marco de los convenios firmados por la presidencia de Mauricio Macri, por la potencialidad para la explotación que presentaba particularmente el Canal de Beagle.
Según estudios realizados en 2018 por AIDA-Américas (Interamerican Association for Environmental Defense), las concesiones chilenas sobre el Canal de Beagle son las de mayor carga productiva -por encima de 680 toneladas por hectárea, mientras que en los restantes sectores las cargas están entre 150 y 300 toneladas por hectárea concedida-.
Conforme un relevamiento de National Geographic, para 2019 estaban autorizadas 69 concesiones, con unas 100 en trámite de autorización.
En los procesos de piscicultura e industrial se utiliza materia orgánica para alimentación (pellets de harina de pescado y antibióticos), que vulnera la delicada capacidad de carga del entorno ambiental invadido y produce algas generadoras de la “marea roja” en moluscos, que atentan contra la vida en el ecosistema y la salud humana al ser ingeridos (Centro Austral de Investigaciones Científicas de Ushuaia, 2021).
Sólo en nuestro país, que importa 8.100 toneladas de salmón rosado chileno por año -principalmente destinado a sushi-, 66% de los filetes comercializados en la ciudad de Buenos Aires contenía antibióticos (Instituto de Tecnología de la Fundación UADE, 2018). Destacados chefs -entre ellos Francis Mallman, Germán Martitegui o Narda Lepes- alentaron una campaña desde Tierra del Fuego en 2019 para no ofrecer salmón de criadero en restaurantes argentinos u otros países del mundo, logrando impacto internacional.
La utilización de potentes antibióticos, que se desperdician y se difuminan en el mar, dañan el microentorno irreversiblemente.
El invasivo impacto de las instalaciones de criadero se potencia en caso de accidentes: fugas de materiales empleados, hundimiento o avería de pontones y depósitos, residuos -entre ellos heces, orina y alimento no ingerido por los salmones en cría, diversos químicos y desechos sólidos o líquidos- o de abandono por cesar el rendimiento de la explotación -recordamos, redes y metales-.
La siniestralidad ha causado estragos irreparables en aguas chilenas. Además de haber causado la muerte de 17 operarios -buzos, tripulantes y transportistas, entre 2016 y 2018 (no hay datos actualizados oficialmente)- los accidentes han generado inequívocamente desastres ecológicos.
El último de ellos, en mayo de 2021, fue la muerte por falta de oxígeno de 6 mil toneladas de salmones en Los Lagos y Aysén, a raíz de un gran crecimiento de algas nocivas. En agosto de 2020 se hundió un pontón de 300 toneladas que contenía en sus bodegas 20 mil kilos de alimento para peces y 5 mil kilos de combustible, de la empresa Salmones Austral; sin plan de remediación oficializado hasta hoy.
En tanto, en la provincia de Tierra del Fuego se alertaba sobre las nulas ventajas de una iniciativa destinada a causar gravísimos costos ambientales: el Canal de Beagle es un reservorio de especies como pingüinos, lobos de mar, ballenas, centollas, cangrejos, erizos, mejillones y otros moluscos, truchas y merluza negra, entre otros.
Sin perjuicio de las gravísimas alteraciones ecosistémicas señaladas, el espacio que ocuparían las jaulas sería quitado a otras actividades que no vulneran -debidamente controladas- la capacidad de carga.
Además, la contaminación visual afectaría sensiblemente el potencial turístico de la isla, en particular de Ushuaia. La inversión real -no estimada- y los puestos de trabajo que podría generar -no más de 600, según diversos informes- son irrelevantes frente al gravísimo costo ambiental que estos emprendimientos seguramente producirán.
La ley fueguina. Sus fundamentos
Aun cuando funcionarios de segunda línea del gobierno de Bertone señalaron, en enero de 2019, que el proyecto no se continuaría, ante la falta de expresiones contundentes en ese sentido, el bloque legislativo del Movimiento Popular Fueguino -entonces parte de la oposición- presentó en esos meses un proyecto de ley tendiente a establecer la categórica prohibición de la instalación de salmoneras en la provincia.
El fundamento del proyecto remite al artículo 41 de la Constitución Nacional, el derecho al medioambiente sano y la obligación de las autoridades de proteger ese derecho y asegurar la utilización racional de los recursos naturales y la preservación del patrimonio natural y cultural y la diversidad biológica. Además de la prohibición de ingreso a la Nación de recursos actualmente o potencialmente peligrosos. También hace referencia al artículo 121 (conservación por las provincias de todo el poder no delegado al Gobierno federal) y al 124 (dominio originario, por las provincias, de los recursos naturales existentes en su territorio).
También contempla lo dispuesto por la Ley Fundamental Fueguina, que en estos días cumple 30 años de existencia. Señaló en el debate uno de sus autores, Pablo Villegas -cuyo partido integra la alianza oficialista, siendo Mónica Urquiza actual vicegobernadora de la Provincia-, que el proyecto inicial recibió aportes de entidades ambientalistas y profesionales.
El régimen finalmente aprobado prohíbe la salmonicultura en aguas jurisdiccionales lacustres y marítimas de la provincia, admite mantener los proyectos actuales en curso relativos a la trucha arcoiris, como también realizar cultivo para repoblamiento de especies.
Se trata de una innovadora herramienta jurídica planteada por un Estado subnacional en pleno ejercicio de sus competencias. Resta para su vigencia que sea promulgada y reglamentada. Pero ya está destinada a generar un profundo debate no sólo en la órbita federal sino también en la internacional.
El mar de la zona austral, de común denominación en Argentina y Chile conforme el Tratado de Paz y Amistad de 1984, es una casa común que no reconoce fronteras convencionales, merecedor de una actitud humana compatible con estándares adecuados de gestión sustentable. La ley fueguina es un paso concreto en ese sentido.
(*) Docentes, UNC
