ESCUCHARPor Matías Altamira *
Mientras disfrutábamos de unas merecidas vacaciones, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, dieron el puntapié inicial para la implementación del sistema SUBAST.AR, para la realización de las subastas públicas dispuestas por los organismos públicos nacionales.
En sus considerandos se destaca que es política del Gobierno nacional impulsar el desarrollo tecnológico de la información y de las comunicaciones, simplificando los procedimientos con el objeto de facilitar y agilizar la interacción entre el Estado nacional y los administrados, propiciando la reingeniería de procesos y la mejora de la eficiencia, calidad y sustentabilidad, en un marco ético y de transparencia.
La simplificación de procedimientos en la vinculación con los administrados; la búsqueda de la eficiencia, calidad y sustentabilidad dentro de un marco ético y de transparencia son estándares que el Estado como administrador de la cosa pública debe perseguir, aunque hace años los haya olvidado. Esta temática nunca es tarde para retomar la senda correcta.
Con la mirada puesta en esos nobles objetivos es que consideraron conveniente propiciar el sistema de gestión electrónica para las subastas públicas SUBAST.AR, que permita la incorporación de diversas tecnologías a los trámites, actuaciones y procedimientos de modo de dotarlos de mayores eficiencia, transparencia y accesibilidad, ya que consideran que el empleo de dicho sistema en los procedimientos de subasta pública permitirá mayor control y seguridad en su tramitación, de conformidad con la normativa vigente en la materia; sin menoscabo alguno a la seguridad jurídica, toda vez que la gestión de los procedimientos se realizará a través de Internet, posibilitando su seguimiento de estado de avance.
La transparencia, accesibilidad, control y seguridad jurídica se han materializado en las subastas electrónicas implementadas por el Poder Judicial de Córdoba. Hoy, cualquier ciudadano puede, sin ingresar dato personal alguno, conocer las subastas en curso, las próximas y las terminadas; las características de los bienes; el desempeño del martillero interviniente; las preguntas de los usuarios -quienes en muchos de los casos son expertos conocedores del bien a subastar, por lo que exigen respuestas precisas-. La accesibilidad es otro de los grandes logros obtenidos porque pueden participar vía Internet desde cualquier parte del mundo. El control es la mejor herramienta para lograr la eficiencia. Cada actor del proceso, es decir el tribunal, el martillero y los postores, están expuestos entre ellos y frente al demandante y al demandado, el primero interesado en cobrar su acreencia y el segundo en que sus bienes se vendan al mejor precio posible. La seguridad jurídica está reforzada porque se publica con suficiente antelación, de manera íntegra, el decreto que ordena la subasta y sus documentos asociados, como el oficio de incautación de bienes y los informes registrales, para el caso de automotores e inmuebles. La persona interesada podrá conocer al detalle las características del bien a subastar, sin necesidad de requerir informes adicionales que lo obliguen a trasladarse hasta una oficina pública determinada.
Asimismo, el decreto de implementación dispone que SUBAST. AR deberá utilizar medios tecnológicos que coadyuven a la neutralidad, seguridad, confidencialidad e identidad de los usuarios, basándose en estándares públicos e interoperables que permitan el respaldo de la información y el registro de operaciones, lo que posibilitan su operación e integración con otros sistemas de información.
La neutralidad tecnológica es una obligación de todo sistema público, para evitar que los usuarios deban adquirir determinado software para acceder a un servicio. La seguridad es indispensable para evitar ataques informáticos que afecten el normal funcionamiento de las subastas electrónicas que, si bien no se pueden prevenir en su totalidad, se deben implementar procesos de mitigación de riesgos. Respecto a los usuarios, se deben activar distintos mecanismos de validación de datos personales para corroborar que quien se inscriba sea realmente la persona que dice ser. A su vez, la base de datos que se vaya conformando debe cumplir con altos estándares de confidencialidad para evitar que terceros conozcan los postores y activen métodos de coerción que afecten la subasta.
Ahora es tiempo de que el Ministerio de Modernización reglamente SUBAST.AR para corroborar que estos nobles y excelsos objetivos se cumplan.
* Abogado especialista en Derecho Informático
