ESCUCHAR
Hablar de violencia en la sociedad argentina siempre convoca a los fantasmas del pasado. Lamentablemente, no se puede describir nuestra situación actual sin tener que tratarla. Pues si hay algo que nos está caracterizando como sociedad en los últimos tiempos es la marcada ola de violencia que estamos padeciendo. Es algo triste, pero real. Hacernos los disimulados al respecto no ayuda en nada a solucionar la cuestión.
A los recurrentes actos de inseguridad que día a día se conocen (robos, homicidios etcétera) se suman actos de violencia institucional, usurpaciones, violencia familiar, de género, y, en la última semana, en Córdoba, las protestas con una agresividad desmedida de parte de los empleados municipales.
No es nuevo, lamentablemente, que gremios “fuertes” se excedan en sus protestas ocasionando daños a las personas, bienes públicos y privados. Pero lo ocurrido en las manifestaciones del Suoem -tal vez porque sucedieron mientras transitamos la pandemia y las restricciones que ella conlleva- ha repercutido de una manera particular en la opinión pública.
Es que no solo se vieron “pintadas”, agresiones verbales, roturas de bienes, sino que incluso llegaron a golpear de una manera brutal a un comerciante de nuestra ciudad, junto con otro tipo de agresiones e intimidaciones a ciudadanos comunes, quienes ¡oh casualidad! con el pago de sus tributos, contribuyen al pago del salario de los “manifestantes”.
No es que creamos que los reclamos sean un sinsentido y queramos impedir el derecho a protestar o reclamar, todo lo contrario, lo que pretendemos es que se haga dentro del marco del respeto por los demás. El derecho a manifestarse acaba donde acaba la protesta pacífica. Hay jurisprudencia prácticamente universal al respecto, de múltiples tribunales incluyendo a las cortes internacionales de derechos humanos.
Es cierto que nuestras autoridades -incluimos a todos los poderes- muestran, en muchos casos, una inacción frente a las agresiones que viven cotidianamente los ciudadanos, quienes en muchos casos se sienten frustrados y desprotegidos ante el avance de los violentos. Si la violencia no puede ser consentida por la sociedad, menos puede serlo por el Estado.
Es interesante escudriñar en los orígenes del término. Como en pocas ocasiones, se verifica de que las palabras no son sólo eso sino que arrastran no poca cultura de mucho tiempo atrás en su ADN. Simplificando mucho y con perdón de los etimólogos, el sustantivo latino “violencia” deriva del adjetivo “violens”, que significaba “impetuoso” o “furioso”. El origen latino del vocablo remite al sustantivo “vis”, asociado en su significado a fuerza, poder, o potencia.
Desde tiempos remotos, la violencia se halla asociada a fenómenos de poder. De imponerse sobre otros sin importar si tenemos o no su consentimiento. O, particularmente, cuando no se lo tiene. Es por ello que no se puede ser violento sin tener un destinatario de dicha conducta abusiva. Dicho de otro modo: no existe violencia sin víctimas.
Es por eso que en una sociedad civilizada, y ni hablemos de una de carácter democrático, la violencia no tiene lugar.
La violencia fue asociada desde tiempos muy remotos a la idea de la fuerza física y del poder. A muchos nos impresiona la facilidad y la amoralidad de muchos para tener a la violencia, en sus distintos grados, como un elemento más de la acción política de nuestros días. Una idea no sólo peligrosa sino directamente suicida en un país donde, en no pocas oportunidades, hasta la orgía de muerte y destrucción de los 70, se hizo política a los tiros o poniendo bombas.
La doctrina moral del Nunca Más, que tan poco se nombra desde hace tiempo, pasa precisamente, en una de sus muchas derivaciones, por dicha cuestión: la proscripción de la violencia respecto de quien no piensa igual. La condena a todo tipo de violencia del ser humano contra el ser humano.
El tema es largo y da para más de una consideración. Por eso, las consecuencias institucionales, jurídicas y policiales de la marcha del pasado 30 de octubre, las dejamos para una próxima columna.
(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas
(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales
