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Carlos Garmendia, abogado de la Fundación María de Los Angeles Verón
Hace ocho años, Marita Verón salió de su casa para ir a pedir un turno en la maternidad de su barrio, en San Miguel de Tucumán, para hacerse un chequeo. Estaba cursando su cuarto mes de embarazo. Fue secuestrada por una red delictiva que traficaba mujeres, según pudieron conocer los padres de la joven – por entonces de 23 años- que se pusieron al hombro la investigación y la búsqueda, ante la inacción de las autoridades. Sólo se valieron de un comisario amigo, Jorge Tobal, y de todo el dinero que tenían: vendieron una casa, un departamento y dos autos y buscaron sin éxito a Marita desde Jujuy a Río Gallegos, lugares donde se trafican mujeres, la mayoría de ellas secuestradas y vendidas ante los ojos impunes de la Justicia y el poder político.
Pero en la incesante búsqueda de su hija, la familia Verón logró sacar de la esclavitud a casi un centenar de jóvenes, 41 de ellas de prostíbulos españoles, donde lograron llegar, mediante Interpol. El resto de las jóvenes, algunas de ellas menores de edad, fue rescatado de un burdel de La Rioja. Todas ellas aportaron datos sobre Marita: estuvieron con ella en La Rioja, donde el propietario del prostíbulo, apodado “La Chenga” Gómez, la tenía como su mujer y la obligó a tener un hijo con él, que hoy tiene seis años. Pero al pequeño también se lo sacaron y se sospecha que fue vendido con ella a España.
Susana Trimarco no baja los brazos y espera ansiosa el día en que pueda tener otra vez a Marita con ella. El padre de ésta, Orlando, murió en febrero de este año sin poder ver a su hija. Pese a ello, Susana ya no está sola, la acompañan los padres de otras chicas que, se sospecha, corrieron la misma suerte de Marita y algunas de las tantas jóvenes que fueron rescatadas de los burdeles gracias a la tenacidad de la familia Verón.
La mujer, que obtuvo reconocimiento internacional, organizó la fundación María de los Ángeles Verón, en la cual recibe denuncias y pedidos de ayuda de padres que viven la misma situación que ella. También peleó para que se modifiquen las leyes y logró que la trata se transforme en un delito federal, ya que las redes de trata están organizadas en todo el país y es necesario que la Justicia federal intervenga.
Carlos Garmendia es abogado de la “Fundación María de los Ángeles Verón”. De visita en Córdoba, en el marco de una capacitación de trata organizada por la Fiscalía General de la Provincia, el letrado dialogó con Comercio y Justicia.
-¿Qué cambió la sanción de la ley de trata? Hay muchos sectores que ya propungan su modificación.
Sí, hay críticas que nosotros compartimos pero son críticas que buscan mejorar la ley, nada más que eso. La ley ha sido una herramientas fundamental para la lucha contra la trata. Primero, porque tipifica la trata como un delito, algo que no estaba en el Código Penal. Además, esta ley ha hecho que se comience a dar cumplimiento a los tratados internacionales con los que estábamos en mora. Después hay otros temas interesantes de la ley, como la asignación de la competencia federal.
– ¿Qué pasa con la persecución penal? En Córdoba, desde la sanción de ley sólo se realizó un juicio por tema trata. ¿A qué atribuye esto?
– La justicia de por sí es lenta, el proceso penal lleva su tiempo, sea el delito que fuere. En Tucumán tenemos el mismo Código Procesal que en Córdoba y pasa lo mismo. En general, esta demora tiene que ver con el funcionamiento lento de la justicia. Además, la investigación del delito de trata tiene sus complejidades y si uno quiere hacer una correcta investigación, llegar a lo más profundo, se requiere de tiempo y de personas que tengan la capacidad y el conocimiento de un delito tan complejo. Por otro lado, todavía hay mucho que cambiar en los operadores judiciales, en los operadores policiales, en la cultura de la sociedad y eso lleva mucho tiempo. Hay que sensibilizar a los operadores judiciales porque no es lo mismo un fiscal que investiga sensibilizado con el tema trata que un fiscal que investiga sin conocer de qué estamos hablando.
– ¿Sería bueno tener fiscalías especializadas en el delito de trata?
– Es una posibilidad. En Tucumán tenemos algunas fiscalías que tienen competencia específica en algunos delitos y eso ha dado buenos resultados en general. Igualmente, a nivel nacional está la Ufase, que es la Unidad Fiscal Antisecuestro extorsivo y trata de personas, que está a cargo del doctor Colombo, quien está muy comprometido con este tema.
– ¿Manejan estadísticas sobre este tema?
– Bueno, ése es el otro problema, no hay estadísticas demasiado serias. Entonces los propios organismos van elaborando sus propios datos. Dentro de un tiempo calculo que se tendrán datos más serios, más oficiales.
– ¿Pero ha crecido el delito trata o se ha tornado más visible?
– Yo no estoy tan seguro de eso, mucha gente dice que ha crecido. De lo que estoy seguro es de que se ha visibilizado más, de eso no tengo dudas. Lo que uno sí ve es que siguen proliferando prostíbulos y ése es un problema, porque la trata y la prostitución están íntimamente ligados. Entonces, si uno tiene proliferación de prostíbulos, obviamente tendrá proliferación de trata: ésta es la herramienta que tienen regentes de los prostíbulos de abastecerse de mujeres. Hay una muletilla que las asociaciones utilizamos y es que sin prostíbulo no hay trata y sin cliente no hay prostíbulo. Acá está la ley de la oferta y la demanda, sin lugar a dudas: si proliferan prostíbulos es porque hay quien los consume. Es difícil que el Estado asuma una cruzada en contra de una situación que es aceptada, tolerada y hasta bien vista por la sociedad. Entonces, ahí está el trabajo que tenemos que hacer: nada más ni nada menos que concientizar a la población.
