La política, ese apasionante juego de intereses, brinda sorpresas de todo tipo y calibre hasta para el menos avisado de los ciudadanos. Nadie suponía, a fuerza de ser sinceros, que Donald Trump –que se había dado a la tarea de amedrentar a los jueces- sufriera en la justicia una serie de derrotas que le habrían hecho comprender que sus gritos y desplantes no alcanzan para gobernar.
Experiencia que sufrieron, en tiempo cercano, algunos latinoamericanos que suponen que el asambleísmo y la plaza pueden reemplazar el libre juego de las instituciones. Transformando en una oficina auxiliar al Congreso de la Nación y al Poder Judicial en una corporación de mandaderos a los que resulta estimulante insultar, difamar y promover tribunales populares o pretender entrometerse interna de ese órgano-poder enviando una comisión médica a un miembro de la Corte Suprema para justificar la parodia de juicio político.
Episodios de similares características conmueven a Europa. Una nutrida convención de partidos representantes de la ultraderecha ocurrió en la localidad alemana de Coblenza y se tornó en comidilla preferida de todos los medios de información. Fue en un alarde de fuerza frente a las próximas elecciones en Holanda, Francia y Alemania y, aprovecharon, para mostrarse envalentonados por la llegada de Trump a la Casa Blanca, aunque le notificaron, para evitar eventuales dolores de cabeza, que su poder en Europa es referencial.
Iniciadas las deliberaciones se destacaron, por la fortaleza de sus discursos, el líder de Fuerza Nueva, Roberto Fiore, el dirigente de la organización francesa Nación Joven, Yvan Benedetti, el dirigente del Partido Nacionaldemocrático de Alemania (MDO), Udo Voigt, y la dirigente rumana Sarniza Andronic, conductora del Partido Rumania Unida, que estremeció al auditorio cuando definió que su partido es “cien por ciento nacional, donde no hay lugar para medias tintas (…) No como el resto de los políticos que ya han demostrado sus sentimientos profundamente anti rumanos”.
Por otro andarivel transitó, agitando las banderas del brexit, Nick Griffin, del Partido Nacional Británico y, un reiterado habitante de esta columna, el multimillonario Geert Wilders, patrón del ultraderechista Partido por la Libertad (PVV) holandés que, a la hora de su arenga, no ocultó la ambición de liderar la ultraderecha continental. Afirmación que produjo murmullos de desaprobación y seños fruncidos en las delegaciones rusas y francesas que, entendieron, se cuestionaba abiertamente a Vladimir Putin y Marine Le Pen.
Todos quedaron prendados de la posible alianza antiislámica que constituirían Estados Unidos y Rusia, que contaría con el apoyo de Le Pen.Trío que -según la francesa- podría convertirse en cuarteto con Bachar al Asad, ya que considera que el Estado Islámico solo puede ser derrotado con una “amplia coalición” que incluya al presidente sirio. Al igual que Trump, Marine Le Pen no ve ilegal la anexión de la península ucraniana de Crimea por parte de Rusia (“porque siempre ha sido rusa”) y, si es elegida presidenta, la reconocerá formalmente como territorio ruso.
A pesar del clima de euforia que reinaba en el recinto, algunas noticias trajeron alguna zozobra. La necesidad de movilizar más de tres mil policías para resguardar el lugar de las protestas de europeístas y militantes de izquierda preocupó en demasía. Tanto que una comisión especial ha sido encargada de encontrar “un lugar tranquilo” en algún rincón de los Alpes o de la campiña francesa para el próximo cónclave.
En algunos corrillos, con singular fastidio, se comentó el triunfo alcanzado por el jefe de la bancada laborista en la Cámara de los Comunes, Jeremy Corbyn, que fue capaz de jaquear a la primera ministra Theresa May en una sesión del Parlamento británico por el trato preferencial que brinda a las autoridades locales de Surrey, feudo conservador por excelencia, en desmedro del interés general.
¿Qué había pasado? A comienzos de año, el condado de Surrey, situado al sudeste del Gran Londres, con más de un millón de habitantes e históricamente conservador, anunció un “referéndum sobre una gran suba de impuestos para compensar los recortes sociales del Gobierno”.
Según la autoridad local de Surrey, una zona rica de Inglaterra, desde 2010 habían perdido 170 millones de libras debido a las medidas de ahorro. Lo que proponían para poder mantener la calidad de servicios sociales era una brutal subida del impuesto sobre las viviendas del 15%, que iban a someter a un referéndum. Los vecinos tendrían que elegir entre pagar más tasas o tener menos servicios asistenciales.
Pero el pasado martes, súbitamente, Surrey redujo la subida impositiva a sólo 4,9% y se olvidó del referéndum. Los SMS que leyó Corbyn en el Parlamento probarían que el jefe de la autoridad local de Surrey, David Hodge, llegó a un acuerdo secreto con el Ejecutivo para recibir más dinero a cambio de detener su controvertido referéndum. La consulta suponía un problema para el Gobierno, porque, esencialmente, los ministros de Salud y Economía tienen su circunscripción electoral en Surrey y porque revelaba el calado de los recortes sociales en un momento en que May alardea de conservadurismo “compasivo”.