ESCUCHARPor Alicia Migliore (*)
Empeñadas en rescatar protagonismos femeninos, rastreamos los orígenes de cada fisura en los techos de cristal tan blindados que ha construido la humanidad patriarcal y excluyente a través de los siglos.
Lo hacemos con pasión, imaginando la templanza y resistencia con que debieron empaparse esas gladiadoras defendiendo sus derechos. Esas lucha y conquista con las que abrían paso a sus congéneres, con mayor o menor conciencia de su personal epopeya y de las huellas que seguirían los surcos abiertos en las generaciones posteriores, merece el esfuerzo del recuerdo.
Sentimos que saldamos deudas históricas, devolviendo el rostro de esas pioneras a la actualidad. Sabemos que fueron ocultadas intencionalmente y nos conmueve que nuestras propias congéneres no tomen sus nombres para hacerles un acto de justicia cotidiano. Creemos que el olvido de sus antecesoras se debe al fragor de la batalla tan desigual que libran y pretendemos aportar a la memoria individual y colectiva.
Si miramos el proyecto de ley recientemente formulado por el bloque de diputados nacionales de Cambiemos que propone establecer un cupo de género en el Poder Judicial de la Nación similar al establecido en el Congreso, quienes adherimos a las medidas de acción positivas lo celebramos grandemente. Según informó Elisa Carrió, el proyecto ingresó a comienzo de 2019 y apunta a garantizar que de los cinco jueces de la Corte Suprema, dos (por lo menos, entendemos) deben ser mujeres; el mismo criterio se extiende a los tribunales inferiores, proponiendo que todos los tribunales colegiados deben contar con una mujer entre sus tres miembros. Se incluye en este proyecto a las cámaras de Casación Penal (federal y nacional), las cámaras federales porteñas y las del interior. En consecuencia, sólo quedan excluidos los juzgados de primera instancia, que son unipersonales. Se extiende la concepción a las ternas que se someten a la aprobación del Consejo de la Magistratura. En el proyecto de ley se invita a las provincias a adherir a este avance social, con políticas similares.
Este análisis de la composición de la justicia iluminada por la concepción de género que atraviesa de manera transversal a la sociedad actualmente, ofrece similitudes que fueron destacadas por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema: de la totalidad de los integrantes de la Justicia nacional, cualquiera sea su rango, 57% es mujer. Prevalecen entonces las mujeres; sin embargo, si se busca la estadística de magistrados (jueces, fiscales y defensores), la proporción de mujeres desciende a 44%; esta proporción se reduce drásticamente si se analiza la composición de las máximas autoridades judiciales (ministros de la Corte, procuradores generales, defensores generales) porque las mujeres representan 28% del total.
La demanda social es que en toda normativa y aplicación de justicia se respete cuidadosamente la visión de género; por ende, es indispensable respetar la paridad en quienes imparten el servicio de justicia.
Las mujeres estamos creciendo en nuestros reclamos de participación y ampliación de derechos. Nos movilizamos, sin distinción de partidos políticos, para apoyar con nuestras firmas y nuestros nombres la designación Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay, en 2004. Ambas fueron las primeras mujeres que integraron la CSJN en esta nuestra democracia joven y recién recuperada. Pero no podemos olvidar que 30 años antes y por esos misteriosos y trágicos desencuentros argentinos tuvimos una mujer como ministra de la Corte Suprema: me refiero a la doctora en Derecho Margarita Argúas.
Cuando asumió esa responsabilidad tenía 68 años de edad y 45 de ejercicio profesional. También exhibía una dilatada y prestigiosa trayectoria académica: profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Buenos Aires desde 1933; asesora de la delegación argentina en el Segundo Congreso de Derecho Internacional de Montevideo, en 1939; delegada nacional en IX Conferencia Panamericana de Mujeres de Santo Domingo, en 1956. Dos años después, designada jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal; en 1968, elegida miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y presidente de la International Law Association, con sede en Londres -en ambos casos fue la primera mujer en alcanzar estas distinciones-. Designada en 1970 ministro de la CSJN, fue la primera mujer en alcanzar tan alto rango y la segunda del continente americano. Su trayectoria fue reconocida por el Consejo Nacional de Derecho de la Mujer de México, que la nominó “Dama de las Américas”.
Renunció a su magistratura y le fue aceptada el 24 de mayo de 1973, un día antes de la asunción del gobierno democrático de Campora y Solano Lima.
Nunca abandonó su compromiso con el derecho. En 1980 recibió el premio Trébol de Plata; en 1984 fue reelegida por la International Law Association para Argentina. En 1986 se le otorgó (post mortem) el premio Konex 1986 en la categoría Derecho Civil Internacional.
¿Es tan contundente el demérito de haber sido designada por el presidente de facto general Roberto Marcelo Levingston, quien tuvo un rapto revolucionario para la masculinidad de la justicia? ¿O se trata del continuo reescribir la historia, favorecida la omisión por tratarse de una mujer?
Existen voces, excesivamente ponderadas en el ámbito jurídico, de jueces que juraron por todos los estatutos revolucionarios de los gobiernos militares y pocos se escandalizan o los desvalorizan (Elena Higton de Nolasco y Eugenio Zaffaroni integran la lista presentada por las Madres en 1999, con las firmas de Pastor de Bonafini y Colas de Meroño). El tiempo va operando un manto de piedad que los exculpa.
A Margarita Argúas no sólo no la exculpan sino que la lapidan nuevamente con el olvido. Creo que es por su condición de mujer destacada en el ámbito académico internacional. Procuro justicia en su rescate y pretendo generar adhesión y adeptos para rescatar a las mujeres olvidadas.
A esta altura de lo escrito corresponde que haga una confesión: la intención original al comenzar era referirme a las mujeres cordobesas que rompieron el techo de cristal de nuestros palacios judiciales. Pero no he podido omitir esta historia cubierta por velos de silencio. La madurez personal y social depende en gran medida de la honestidad intelectual de quienes difunden las noticias o divulgan las pequeñas historias, que en muchos casos ayudan a comprender los procesos. Volveré sobre las cordobesas, quienes tienen una historia apasionante.
Esta semana escuché un reportaje en el que Elisa Carrió señaló que fue ella la primera candidata a presidenta de la República. Creo que ha sostenido el mismo criterio al fraccionar el período a esta nueva etapa democrática. No creo posible que ignore o no recuerde que la primera mujer candidata a la Presidencia de la Nación fue Julieta Lanteri, reclamando sus derechos políticos a principios del siglo XX y obteniendo votos de los únicos seres considerados ciudadanos, los varones de su tiempo.
La lucha se jalona paso a paso por mujeres que se atreven, que no renuncian, que se sobreponen y avanzan hasta donde pueden en un sistema tácito de postas, para que otras tomemos la señal entre las manos y continuemos marchando hasta llegar a la efectiva paridad.
Esa paridad absoluta es nuestra meta. Sabemos que lograremos una sociedad mejor, menos violenta, más inclusiva, más tolerante, más respetuosa. Es responsabilidad de todos, sin distinción de sexo. Solamente nos queda solicitar un permanente estado de vigilia y alerta en las mujeres.
(*) Abogada-ensayista. Autora de Ser mujer en política (2014) y Mujeres reales (2018)
