ESCUCHARToda una novedad que en un informe sobre lo que sucede tras los muros de las instituciones de encierro en la provincia de Córdoba se haya tenido también en cuenta el padecimiento no sólo los privados de su libertad sino quienes los visitan.
De eso se trata uno de los capítulos del informe, en el cual los especialistas Valentina Rizzo y Jorge Perano abordan la cuestión de las requisas vejatorias en las cárceles de Córdoba.
¿A qué se refiere? A la recurrente y cotidiana situación que padecen, en su gran mayoría, niñas, adolescentes y mujeres cuando intentan visitar a sus seres queridos. Se las conoce también como “requisas profundas” o “requisas vaginales”, que implican que quienes las padecen deban “consentir” desnudarse y dejarse examinar.
Se trata de prácticas que no son excepcionales sino rutinarias, amparadas en reglamentos y disposiciones emitidas, aprobadas y avaladas por las autoridades competentes.
Pese a ello, según los autores, tales mecanismos “afectan gravemente el vínculo familiar con la persona detenida, ya que trae aparejada una disminución en la frecuencia” de las visitas a sus familiares, “y con ello se va alejando cada vez más el tan ansiado fin de reinserción social de la pena”.
El 15 de octubre del año próximo se cumplirán 20 años de las recomendaciones hechas por la CIDH a nuestro país para que se corrigieran estas prácticas en las cárceles argentinas.
Pese al tiempo transcurrido, los avances han sido prácticamente nulos. El más interesante de los últimos tiempos fue el ordenado por el juez federal Miguel Vaca Narvaja, quien a poco de jurar como magistrado hizo lugar a un planteo y prohibió en las cárceles de Córdoba este tipo de medidas, sugiriendo que se implementen dispositivos no invasivos, tal como lo prevé la ley 24660 desde hace casi dos décadas, sin mayores avances.
Lamentablemente, la voluntad política para resolver esta cuestión parece ser mínima. Y esa inacción termina volviendo más altos esos muros que separan las cárceles de la sociedad.
