ESCUCHARPor Florencia G. Rusconi (*)
Junto a la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, que acumula miles de muertos desde el 7 de octubre de 2023, y la invasión rusa de Ucrania, que cumplirá dos años y medio, en este momento se viven conflictos armados a gran escala en Burkina Faso, Somalia, Sudán, Yemen, Myanmar, Nigeria y Siria.
En las últimas semanas, hemos sido testigos del recrudecimiento de las acciones bélicas en los conflictos Israel/Palestina-Hamas y Ucrania/Rusia.
La guerra es siempre una catástrofe que no se puede justificar bajo ninguna circunstancia; así lo expresó Juan Bautista Alberdi en su obra El Crimen de la Guerra, de 1870.
Este libro comienza con un estudio del origen histórico del derecho de guerra, destacando la paradoja que se presenta al analizar los hechos realizados por un individuo y por una nación, siendo que -por lo general- hay actos que -cometidos por individuos- son considerados un delito pero que -cometidos por un país- son tomados como algo heroico y noble.
Así, para Alberdi el crimen de la guerra reside en que cada una de las partes que participa en el conflicto cree tener la verdad y que el derecho los apoya en sus “legítimos” reclamos, sin considerar por un instante si al otro le corresponde aunque sea una parte de razón. Para el pensamiento alberdiano la única guerra justificada sería la que se hace para defender la propia existencia, pero considera que el exceso en esta defensa convierte al agredido en agresor, con lo cual pierde su legitimidad.
Al examinar las causas de las guerras, Alberdi encuentra que entre las principales están la búsqueda de territorios y de poder. Por esta misma razón, rechaza la idea de “guerra justa” porque sería lo mismo que hablar de “crimen justo”, o la idea de “guerra civilizada” porque sería lo mismo que hablar de “barbarie civilizada”, una contradicción que no merece mayor análisis, según él.
Así las cosas, consideramos hoy, que en el tablero de la guerra hay partidas en que sólo cada pieza se mueve con astucia, valentía y determinación. Es una lucha de estrategia, poder y relaciones
Guerra Israel-Hamás
Tanto Israel como Hamás han sido acusados de romper la ley humanitaria internacional y Naciones Unidas dice estar recopilando pruebas de ello.
La periodista Natalia Plazas Seguir, de France 24, nos informa que la guerra de Israel contra Hamás se ha cobrado más de 37.800 vidas en la franja de Gaza, en su mayoría mujeres y niños, con la posibilidad de extenderse a todo Oriente Próximo. La tregua, tras constantes y poco fructíferas reuniones con la mediación de Qatar y Egipto, no llega,¿ pese a los esfuerzos de Estados Unidos.
Mientras el grupo islamista es acusado de ejecuciones, torturas y secuestros, a Israel se le señala estar atentando contra la vida de la población civil en Gaza de múltiples formas e indiscriminadamente.
El derecho internacional humanitario (DIH) determina lo que es legal e ilegal dentro de las acciones de una guerra.
La citada corresponsal se pregunta “¿cómo se puede aplicar el DIH al conflicto en Gaza, que ya deja en más de 37.800 el número de muertos y en cerca de 86.900 el de los heridos a causa de la ofensiva desatada por Israel contra la Franja de Gaza?
El DIH, conocido como “la ley de la guerra”, es un conjunto de leyes internacionales creado para definir límites a los conflictos armados y, con ello, proteger a la población civil.
Entre las principales leyes de la guerra está que nunca se debe atacar a los civiles, sus hogares, o los bienes necesarios para que puedan sobrevivir. También está prohibido cualquier trato contra la vida o dignidad de los civiles, tales como el asesinato, la tortura, el traslado forzoso, el confinamiento ilegal o la toma de rehenes. Los civiles también tienen derecho a recibir la ayuda que les sea necesaria. Así, interferir contra el envío de ayuda humanitaria constituye un crimen de guerra.
Las leyes del DIH también comprenden un capítulo respecto al personal médico. La Cruz Roja y la Media Luna Roja fueron creadas para ayudar a los soldados o civiles heridos en un conflicto y -por ello- está prohibido coaccionar o atentar contra los trabajadores humanitarios. Por ejemplo, ataques a una ambulancia o a personal médico son también atentados contra el DIH. Igualmente, dirigir intencionalmente ataques contra infraestructuras sanitarias como hospitales y clínicas.
De la misma forma, estos tratados establecen que los heridos y enfermos tienen derecho a recibir atención médica independientemente del bando del que formen parte. Respecto a los prisioneros de guerra, se debe respetar su vida y dignidad, así como proporcionarles alimentos y agua. También está prohibida la tortura y los malos tratos a los rehenes o detenidos y está prohibido matar o herir a un combatiente que se haya rendido.
En cuanto a territorios ocupados, como es el caso del actual conflicto en Gaza, está prohibido que la potencia ocupante traslade directa o indirectamente toda o parte de su población al territorio que ocupa. Asimismo está prohibido utilizar armas que no distingan entre combatientes y civiles; por ese motivo está prohibido el uso de armas químicas, como es el caso del fósforo blanco, de cuyo uso en Gaza fue acusado Israel por organizaciones como Human Rights Watch.
La citada periodista continúa analizando: todas estas normas se aplican tanto a guerras entre países como para conflictos como el de Israel y Hamás, un grupo armado. A diferencia de los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, que son violar el DIH, tienen lugar en el contexto de un conflicto armado y la responsabilidad de éstos recae contra individuos. Por ello, en los tribunales pueden ser juzgados tanto los altos mandos que imparten las órdenes como aquellos individuos que las ejecutan.
¿De qué crímenes de guerra se acusa a Hamás?
Más adelante, la periodista Plazas Seguir nos relata que, desde el 7 de octubre 2023, el grupo islamista ha disparado miles de cohetes contra la población israelí y ese mismo día lanzó una incursión a las aldeas comunitarias israelíes (kibutz). El ataque por aire y tierra dejó al menos 1.400 personas muertas, la mayoría civiles, entre las cuales había menores de edad. Tras el ataque de militantes de Hamás, los forenses israelíes dijeron haber detectado signos de tortura en los cuerpos de algunos civiles y pruebas de ejecuciones. Además, el grupo islamista secuestró a más de 200 personas.
Hamás ha rechazado haber asesinado niños y asegura que sus ataques se centraron en instalaciones de seguridad israelíes. Una versión rechazada por Israel, que lo acusa de atacar directamente a su población, por ejemplo, la violencia extrema en los kibutz o en el festival de música electrónica Tribu of Nova, en el que al menos 260 civiles murieron.
¿De qué crímenes de guerra se acusa a Israel?
Analiza la referida corresponsal que, tras el ataque de Hamás, muchos han respaldado el derecho de Israel a defenderse, un derecho recogido por el artículo 51 de la Carta de la Naciones Unidas, que plasma el “derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro” de la ONU.
En medio de lo que Tel Aviv y sus aliados llaman “defensa”, el Ejército israelí ha bombardeado Gaza, ha invadido extensos terrenos de esa franja hasta dividirla en dos, y ha matado con sus bombardeos a al menos 10.000 personas, según el Ministerio de Salud gazatí, la mayoría de las cuales menores de edad. Además, desde el inicio de la guerra ha reiterado llamados a los ciudadanos del norte de Gaza a “evacuar” la ciudad de Gaza, advirtiendo de una ofensiva terrestre -ya iniciada- que ha tornado aún más extrema la situación a una población que ya era refugiada.
Israel también ha bloqueado la entrega de agua, alimentos, electricidad y combustible al enclave y camiones de ayuda humanitaria para los gazatíes. Por todo ello, tanto la Autoridad Nacional Palestina como la administración gazatí, controlada por Hamás, acusan a Israel de estar llevando a cabo una “limpieza étnica” y “traslados forzosos” y han pedido a la Corte Penal Internacional (CPI) que lo investigue.
Otro punto que ha sido cuestionado en este conflicto es la proporcionalidad en la respuesta israelí. “Las guerras son entre dos ejércitos; ésta es una guerra unilateral. Una guerra con aviones y tanques de artillería que simplemente lanzan sus bombas masivamente contra Gaza”, se ha quejado Riad al Malki, ministro palestino de Exteriores.
Israel tiene uno de los Ejércitos más poderosos del mundo. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, Israel gastó 23.000 millones de dólares en defensa en 2022 y la ferocidad contra la que libra sus ataques, que asegura están destinados a acabar con Hamás, está siendo altamente cuestionada
Israel es acusado de violar el DIH por múltiples voces. Amnistía Internacional ha afirmado tener “pruebas irrefutables de crímenes de guerra en la campaña de bombardeos israelí”. Otras ONG se manifiestan en la misma línea. “La exigencia del Ejército israelí de que 1,2 millón de civiles del norte de Gaza se reubiquen en el sur en un plazo de 24 horas, sin ninguna garantía de seguridad o retorno, equivaldría al crimen de guerra de traslado forzoso”, dijo el Consejo Noruego de Refugiados.
Conflicto Rusia-Ucrania
La guerra entre Rusia y Ucrania es el mayor conflicto armado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La “operación militar especial” de Rusia pasó de pretender ejecutarse en dos días y a poner en entredicho el orden legal internacional posterior a 1945. Por ello, gran parte de la comunidad internacional ha apoyado a Ucrania en su objetivo de exigir responsabilidades al Kremlin, incluyendo la creación de un tribunal especial para juzgar a los responsables de la invasión rusa.
A más de dos años de la invasión a gran escala por parte de Rusia (iniciada el 24 de febrero de 2022), la guerra del presidente Putin contra Ucrania sigue teniendo costos inmensos: miles de civiles asesinados o heridos; varios miles más sujetos a deportación forzada, violencia sexual y torturas; millones obligados a huir de sus hogares; y ciudades reducidas a escombros. Si bien el epicentro del sufrimiento causado por el gobierno ruso está en Ucrania, las repercusiones de esta violación de la paz y la seguridad internacional tienen alcance global.
Rendición de cuentas
La justicia y la rendición de cuentas en derechos humanos son pilares centrales de la política de Estados Unidos con respecto a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, y Estados Unidos se enfoca en apoyar aquellos esfuerzos que tienen más posibilidades de llevar a los agresores ante la justicia. Si bien la feroz guerra por elección que el presidente Putin libra contra Ucrania ha causado padecimientos inmensos, también ha dado lugar a medidas internacionales coordinadas sin precedentes para que los responsables de atrocidades en Ucrania respondan por sus actos, ya sea mediante procesos judiciales internos o mecanismos e instituciones internacionales.
Estados Unidos ha apoyado a una amplia variedad de esfuerzos de rendición de cuentas liderados por el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), el Departamento del Tesoro y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés). Con el apoyo mediante numerosos mecanismos, como la Iniciativa Europea de Resiliencia Democrática (EDRI, por sus siglas en inglés), estas medidas apuntan a asegurar rendición de cuentas en una variedad de foros, que incluyen apoyar a las autoridades nacionales ucranianas, esfuerzos internacionales, litigios estratégicos, sanciones y denegación de visas, y al fortalecimiento de las leyes internas para asegurar que los crímenes de Rusia no queden impunes.
La rendición de cuentas es fundamental para evitar que los ultrajes se acentúen, sostiene el máximo responsable de la ONU para los derechos humanos, mientras en Gaza continúan los bombardeos y el asedio y los muertos, en su mayoría mujeres y niños, aumenta constantemente.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, afirmó que la rendición de cuentas es clave y que constituye un “eslabón perdido” en la mayoría de los conflictos del mundo, perpetuando los ciclos de violencia.
Es absolutamente fundamental que la rendición de cuentas sea parte de cualquier acuerdo futuro porque sabemos que si reina la impunidad y si no se cuentan los hechos y no se dice la verdad, tendremos quejas que seguirán y seguirán.
La principal limitación de la Corte Penal Internacional (CPI) es que su jurisdicción sólo puede ser aplicada a los países firmantes del Estatuto de Roma y solamente puede juzgar a personas de estos países y crímenes cometidos dentro de los límites de sus fronteras. En cuanto a los territorios palestinos, estos sí ratificaron en 2015 el Estatuto de Roma y es por ello que han podido denunciar a Israel ante el tribunal.
Algunos expertos también consideran que existe un doble estándar respecto a la comunidad internacional y la voluntad política para investigar ciertos crímenes. Por ejemplo, en 2022, cuando Ucrania denunció a Rusia por crímenes de guerra ante la CPI, ésta no tardó más de un año en emitir una orden de detención contra el presidente ruso Vladimir Putin. Cabe señalar simplemente que el fiscal (de la CPI) fue muy rápido en lo que respecta a Ucrania.
Sin embargo, algunas de las grandes potencias del mundo no firmaron o retiraron su firma del Estatuto de CPI y, por lo tanto, no reconocen su autoridad.
Estados Unidos, China y Rusia sostienen que la CPI es una amenaza a su soberanía y que no se someterán a la jurisdicción de un tribunal internacional. Además, Burundi y Filipinas se retiraron del Estatuto de Roma. Turquía, Arabia Saudí, Catar, India, Ucrania e Israel tampoco reconocen a la CPI.
Aunque Ucrania no ha ratificado el Estatuto CPI, aceptó su jurisdicción en 2015 para investigar crímenes cometidos por militares rusos en suelo ucraniano.
(*) Abogada. Docente jubilada de Cátedra Derecho Internacional Público. Facultad de Derecho, UNC
