Reemplazar la autocracia y el elitismo por una democracia social

Por Luis Esterlizi (*)

“La configuración política de una comunidad organizada implica la creación de un sistema de instituciones políticas y sociales que garanticen la presencia del pueblo en la elaboración de las decisiones y en el cumplimiento de las mismas. Corresponde esclarecer ahora el concepto de democracia social. La democracia es social porque la sociedad es su marco, su objeto y el instrumento de su realización y porque el pueblo organizado es el actor de las decisiones y el artífice de su propio destino. Y también es social en cuanto siempre procura establecer el equilibrio del derecho del individuo con el de la comunidad a la que pertenece”.

Introducción y contexto

Desafortunadamente, lo más lamentable que nos dejaron los años de “democracia” posteriores al golpe militar del 76 es un partidismo retrógrado y la política de la confrontación que –con razones insólitamente antidemocráticas– impidieron la paz y la unidad de los argentinos y malograron los intentos por consensuar un proyecto de país y sociedad. 

Los acuerdos entre el alfonsinismo y el menemismo en 1994 introdujeron una disposición constitucional referida a los partidos que dice: “Se reconoce con rango constitucional la existencia de los partidos políticos. Deberán organizarse y funcionar democráticamente, reconociendo la representación de las minorías. El Estado contribuye al sostenimiento económico de las actividades de las fuerzas políticas y a la capacitación de sus dirigentes”.

De esta forma, se otorga a los partidos y coaliciones la exclusividad en la organización institucional al privilegiar el manejo absoluto por ellos del sistema de gobernanza y ser las únicas entidades que, como representantes del pueblo, son reconocidas para cubrir los cargos de los poderes Ejecutivo y  Legislativo. 

Sobran ejemplos de cómo esta supuesta representación no es fiel a dicho mandato ya que, una vez a cargo del gobierno o en el Congreso, las políticas implementadas son las que deciden los partidos del oficialismo y la oposición. 

En síntesis, en los tres poderes del Estado el pueblo brilla por su ausencia y la independencia entre aquéllos es una parodia. Una prueba evidente de lo que significa la autocracia y los acuerdos elitistas.

En estos últimos años tuvimos una clara evidencia de un procedimiento autocrático, como fue el crédito gestionado ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el entonces presidente Mauricio Macri entre 2018 y 2019, por alrededor de US$45.000 millones, amparado y autorizado según el artículo 60 de la ley 24156.

El 28 de enero pasado, el presidente Alberto Fernández anunció la firma de un acuerdo con el FMI que descomprime la tensión al alejar las posibilidades del default, pero sin que se conozca lo que comúnmente denominamos “la letra chica”.

En el artículo del diario La Voz del Interior del 29/1/22 titulado “22 acuerdos y 65 años de conflictiva historia” se afirma que Argentina se incorporó al FMI en 1956 y  que en 1957, la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu recibió un primer crédito, de 75 millones de dólares. “Según la economista e investigadora Noemí Brenta, desde su adhesión al FMI, Argentina ya firmó 21 acuerdos de condicionalidad fuerte. El que firmó el presidente Fernández es el número 22”, se destaca en la nota, y se agrega que, según el Museo de la Deuda Externa de la Universidad de Buenos Aires, al finalizar la última dictadura, la deuda argentina había crecido 449%, de US$8,2 mil millones en 1976 a US$45 mil millones en 1982.

Hoy Argentina tiene una deuda de más de US$360.000 millones, contraída por muchos gobiernos de facto y por irresponsabilidades de gobiernos constitucionales en un país que tiene más de 40% de su población en la pobreza, un economía informal que ronda 50% y que no tiene un rumbo cierto de qué es lo que pretende ser como país y sociedad. 

En búsqueda de una reacción trascendente 

Creo que hemos tomado conciencia de que este modelo de democracia buscó circunscribir el rol de la ciudadanía al simple trámite de emitir el voto optando por algún candidato de los que fueron previamente elegidos por los partidos o coaliciones. Esto, que se considera esencial para que las elecciones sean declaradas legales, evidencia de alguna manera que hay sectores que no quieren que el pueblo avance en su protagonismo y participe institucionalmente en las decisiones estratégicas del país.

Ante este lamentable escenario discurre la vida de nuestra comunidad que, resentida en sus valores e incitada por actitudes individualistas, contribuyó -tal vez sin notarlo- a la desintegración social. Al mismo tiempo, por frustraciones y engaños se impulsa a los sectores juveniles a no tener fe en su país y buscar otros destinos, mientras los subsidios y planes desalientan la posibilidad del trabajo genuino y del esfuerzo propio, y las presiones impositivas y trabas burocráticas de un Estado agigantado en su ineficiencia desalientan el trabajo y la producción formal.

Todo este aquelarre político, económico y social es sustentado -en parte- por una dirigencia que perdió el rumbo de su rol trascendente y convive dentro de un esquema democrático de permanente confrontación, como si dividir la sociedad sirviera para reinar.

Ésta, finalmente conminada a manifestarse según diferencias sociales, sectoriales, sexuales o por simpatías a las viejas ideologías en pugna, terminan facilitando las manías de las elites y el manejo autocrático en los temas estratégicos del país. 

La democracia social 

Mientras esto sucede en lo político-institucional, el pueblo debe buscar imprescindiblemente una reacción profunda que, partiendo de sí mismo, impulse el surgimiento de hombres y mujeres al frente de las entidades intermedias que promuevan un proceso apuntalado por la ética, la moral y el compromiso social para consensuar una hoja de ruta común y revertir esta decadencia.

En paralelo al proceso de evolución de las comunidades, gracias a la toma de conciencia de sus deberes y responsabilidades, asoma la necesidad de organizarse para ser consecuente con el cumplimiento de misiones al servicio de la sociedad en su conjunto.

Para ello, es menester adaptar los modelos de gobernanza a dicho proceso y pasar de un ejercicio manejado por elites a uno que establezca la concertación mediante la complementación público-privada para que el pueblo sea un interlocutor válido en las soluciones definitivas que requiere el país.

Esto implica sumar, en los ámbitos institucionales donde se toman las decisiones fundamentales y participan los representantes de los partidos y coaliciones, a quienes provienen del sector privado y representan a trabajadores, empresarios, comerciantes, docentes, profesionales, etcétera.

Mientras tanto, los partidos y coaliciones deberían restablecer sus organismos constitutivos, renovar autoridades mediante elecciones internas y terminar con los manejos autocráticos. Establecer una declaración de principios doctrinarios y bases programáticas relativos a los crecimientos económico y social de los argentinos, buscando mediante el consenso la unidad nacional.

Pero lamentablemente esto no sucede y dichas instituciones manejadas por “líderes” o caudillos nos siguen dividiendo, enfrentando, disgregando y degradando como forma de impedir que un pueblo sano y realizado pueda participar institucionalmente de forma organizada.

Por lo tanto, la idea de conformar una comunidad organizada es el primer paso que debemos dar con el fin de poder establecer compromisos con el sector público, consensuando propuestas y soluciones que necesita Argentina.

Es comprobable como parte de nuestra historia que el crecimiento económico y el desarrollo social alcanzado hace apenas 70 años fueron borrados u ocultados, sobre todo a las nuevas generaciones bombardeadas con falsas y maliciosas teorías que terminan ignorando la potencialidad nacional que teníamos para que Argentina pudiera fabricar autos, arados, cosechadoras, aviones, barcos, vagones y locomotoras. 

Por eso, hablar de democracia social es hablar de un pueblo protagonista y consciente de sus derechos, pero también de sus deberes y misiones, preservando valores y virtudes esenciales e impidiendo que intereses ajenos a los del país alimenten nuestra dejadez o despreocupación y frustren a nuestros hijos y a generaciones futuras por no sentir el orgullo de ser y obrar como argentinos de bien.

¿Por qué entonces una democracia social? “Porque se nutre de una ética social que supera la ética individualista al mismo tiempo que preserva la dignidad del valor humano. Esta ética trasciende los límites de grupos particulares, para extenderse a la concepción de una ética nacional y luego integrarse paulatinamente a una ética universal. Esta ética es la que habría de convertir al hombre actual en hombre nuevo, creador de una nueva comunidad”.

(*) Presidente del Foro Productivo Zona Norte.