ESCUCHAREn el marco de los acontecimientos vividos los pasados días 3 y 4, existen hechos objetivos no cuestionables, como que la policía de la provincia de Córdoba es una institución civil armada, desprestigiada en su tarea y anacrónica en su estructura.
Por Alejandro Zeverin – Exclusivo para Comercio y Justicia
La estructura política no tiene el suficiente poder para imponer el orden y la ley, por su mal ejemplo en el uso y abuso en sus funciones. Hay también una sociedad disgregada que se desenvuelve a imagen y semejanza de quienes la mandan, lo que se agrava porque esa sociedad se informa en medios con más editorialistas que periodistas.
La historia política provincial, enana en sus protagonistas, no demuestra vocación de crear cambios sustanciales tanto en el ejercicio del poder como para administrar justicia o legislar, que impliquen un nuevo modelo social.
Los policías de Córdoba vienen sufriendo la agresiones permanentes del sistema político reinante; el desconocimiento de su propia Ley Orgánica 9728 a través de la reglamentación, que dispone prohibiciones que la ley no hace, lesionando derechos consagrados en la Constitución Provincial.
Lo económico resultó la consecuencia y detonante del conflicto. Pero si hubiera existido una vía de petición organizada y legal, sin dudas la ausencia policial por el autoacuartelamiento no habría sucedido.
Si los responsables de la seguridad de Córdoba hubieran imitado lo bueno de las policías de EEUU, España, Italia, Inglaterra, Francia, Alemania, entre otras, ya se habrían legalizado canales institucionales de expresión de la corporación policial. La protesta en ese marco habría garantizado “seguridad mínima” a la ciudadanía.
¿Cuál es la razón de oponerse a que los policías puedan por lo menos “peticionar” por sus derechos sin tener que utilizar a sus esposas? La respuesta es clara: el poder político no quiere que le puedan controlar el uso que hace de los recursos de la seguridad.
Aquí han ocurrido graves hechos -sancionables con hasta 15 años de prisión- que pusieron a la policía en pugna con la Ley de Defensa de la Democracia 23077, porque en los hechos ha sido una fuerza equiparable armada que arrancó del poder concesiones mediante el uso de la fuerza.
Pero el hecho quedará impune porque llevar a juicio a los policías implicaría igual destino de gobernantes y jueces distraídos.
*Abogado penalista. Máster en Criminología
