ESCUCHARPor Lucas Iturres (*) y Pablo Sánchez Latorre (**)
El concepto más utilizado por la legislación comparada considera al lobby como aquella actividad, remunerada o no, que busca promover, defender o representar cualquier interés legítimo de carácter individual, sectorial o institucional, en relación con cualquier decisión que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar los organismos de la administración del Estado y el Congreso Nacional.
En el buen sentido, se podría definir lobby como una herramienta orientada a la construcción de relaciones fluidas y positivas entre actores y personas, agrupaciones y empresas públicas con el Estado, cuyo propósito es hacer presente a las autoridades los intereses particulares, sus fundamentos y empeñarse en que éstos sean considerados para la decisión pública.
El sistema político-institucional de Estados Unidos fomenta la incidencia e importancia del lobbying. En primer lugar, existe una cultura política del pluralismo en la cual aquél es considerado una actividad legítima. Tradicionalmente se les otorga gran importancia a los derechos de libre expresión, asociación y petición garantizados por la primera enmienda de la Constitución estadounidense. En estos derechos se basa el lobbying.
El Libro Verde de Transparencia Europea lo define así: “Una parte legítima del sistema democrático, independientemente de que esta actividad sea llevada a cabo por ciudadanos individuales, empresas, organizaciones de la sociedad civil, así como por otros grupos de interés o, incluso, firmas que trabajan en nombre de terceras personas, como responsables de relaciones institucionales, ‘think-tanks’ o abogados”.
El caso de Argentina
Desde el retorno de la democracia, la práctica del lobby ha ido incrementándose y afilando la ambición y mezquindad del poder que acumularon los grupos de interés, lejos del control y la participación ciudadana. Desde 1983, hubo más de 30 proyectos de ley para regularlo.
Al presente, brota del decreto N° 1172/03 un tenor inadecuado, que pretende referirse al lobby como “gestión de intereses”. Entendemos que es una frustrada respuesta a la necesaria regulación que requiere esa actividad en países que lamentablemente tienen una cultura política de baja calidad, como el caso de Argentina.
Además de ser una reglamentación escueta y de prescribir como medio de participación las audiencias públicas, soslaya el ejercicio real del lobby o cabildeo en los pasillos y despachos de las cámaras de los representantes.
Generalmente, particularmente en Latinoamérica, estos grupos que ejercen “el poder” no se encuentran institucionalizados. Son grupos que actúan en las sombras y detrás del telón de los representantes de turno. Por ende, están al margen de la visibilidad pública y ello repercute en la falta de transparencia en la toma de decisiones.
Tanto en Argentina como en la región, el lobby luce un peligroso disfraz en la oscuridad y marginalidad del conocimiento de la ciudadanía, provocando una perversa lógica que erosiona la democracia. Además, fuerza a que la opinión pública lo considere con una carga sucia y nauseabunda, cuando en realidad podría correrse el velo y dar lugar a un juego limpio, con real acceso a una información veraz por parte de los ciudadanos y abrir camino a la cimentación de un “Estado abierto”, es decir, transparente y con buenas prácticas democráticas.
Biocombustibles
El caso más reciente que se halla en discusión parlamentaria recae sobre la Ley de Biocombustibles. En suma, las cerealeras y petroleras ejercen una presión arrolladora para evitar que disminuya su rentabilidad y esto, sin dudas, influye lesivamente en la arquitectura de la matriz energética que demanda el nuevo orden ambiental de las provincias argentinas.
En pocas palabras, el borrador que circuló por el parlamento violenta en forma flagrante principios convencionales e internacionales como el de no regresividad y progresividad en materia de derechos humanos ambientales, toda vez que se intenta bajar el porcentual del corte de los biocombustibles, lo que no resiste el más mínimo test de constitucionalidad.
Sobre este ángulo, la actual legislación (2006) estableció un porcentaje de corte para el biodiésel y el bioetanol en naftas y gasoil con un precio de venta que se fue incrementando con el tiempo mediante distintas resoluciones de la Secretaría de Energía. La regulación favoreció las condiciones para que germinaran pymes productoras de bioenergía líquida a base de caña de azúcar, soja y maíz.
Durante el año 2018, según la Secretaría de Energía de la Nación, la producción de bioetanol de Argentina alcanzó 1.113.781 millones de m3, unos 8.674 millones más que en el año anterior. De este total, 585.619 m3 se elaboraron utilizando maíz como materia prima y se registró un aumento interanual de 6,1% respecto al año 2017. Los 528.162 restantes de la elaboración de bioetanol del año 2018 se confeccionaron utilizando como insumo la caña de azúcar.
Durante ese mismo año, la secretaría determinó que Córdoba era la principal productora del país, con 39% del producto, lo que equivale a 430.000 m3. La provincia elabora el biocombustible utilizando maíz como materia prima. En segundo lugar se ubicó Tucumán, que representó 25% de la elaboración nacional (280.978 m3). En esta provincia, la materia prima utilizada es la caña de azúcar.
La nafta con corte de bioetanol permite que Argentina reduzca 65% las emisiones de gases de efecto invernadero, según un estudio del INTA. Sin embargo, en la última sesión parlamentaria no hubo quórum. Es clave apoyar la transición hacia energías limpias y potenciar a quienes promuevan el desarrollo sostenible para generar empleo federal y reducir emisiones de CO2.
La tensión no es ajena a EEUU. En efecto, durante enero de 2018, Philadelphia Energy Solutions, la refinería de petróleo más grande de la costa este estadounidense, se declaró en bancarrota. La compañía acusó al costo de cumplir con el estándar de combustible renovable (RFS) de EEUU, una ley que exige que los refinadores mezclen etanol y biodiésel en su gasolina y gasoil, respectivamente.
La necesidad de discutir e implementar un modelo bioeconómico
Un notable estudio publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) titulado “Bioeconomía en América Latina y el Caribe. Contexto global y regional y perspectivas”, de 2017, señala: “En América Latina hay un gran potencial para el desarrollo de la bioeconomía, como una alternativa para la diversificación productiva y la agregación de valor en el medio rural, especialmente en los sectores agrícola y agroindustrial”.
Nos preguntamos: ¿Qué nivel de formación tendrán los representantes y la ciudadanía en general sobre el desarrollo de la bioeconomía y cuál es el lobby de presión que actúa?
A pesar de la potencialidad que presenta la propuesta económica, el concepto ha recibido exigua atención en las políticas públicas de los países de la región. La Cepal agrega: “No existen estrategias dedicadas de bioeconomía, como sí es el caso en otras regiones, sobre todo en Europa”.
A partir de la Agenda 2030 como vértice central, la bioeconomía es una alternativa para la especialización inteligente de los territorios para la innovación y el cambio estructural con enfoque de sostenibilidad, así como para potenciar políticas de desarrollo agrícola y rural.
Por los conflictos y dilemas que se generan al no existir mecanismos idóneos de control ni una regulación eficaz y la ausencia de parresia es que los sectores empresariales con poderío económico y político influyen en forma determinante en el diseño de las decisiones políticas y legislativas, formando diferentes entretejidos de negociaciones que pueden incurrir en prácticas truhanas, como la corrupción. Pero fundamentalmente, la falta de control ciudadano e información es lo que en definitiva jaquea al modelo democrático.
Esto no implica de ninguna manera que la sanción de una ley que regule el lobbying en Argentina resulte la solución del problema. Pero sí podría ser el puntapié inicial para discutir un marco de transformación al cerno del poder. Ello, acompañado de una profunda educación ética-ciudadana y la implementación de dispositivos ágiles de participación (con uso de tecnología adecuada), contribuirá decididamente a corregir los estándares éticos y el plano de las políticas públicas y, en definitiva, escribir un guión que pivote entre el compromiso de los intelectuales y la participación popular, para pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones.
(*) Estudiante de abogacía, UNC (**) Docente de Historia del Derecho, UNC-UCC
Sr. Iturre y Sr. Latorre, comparto su mirada en el tema de biocombustibles en lo escrito de este articulo. Hace años, muchos paises en el mundo como Argentina, les tomo mucho tiempo en ver los beneficios y los costos que conlleva para dar un pasó adelante en el tema. EL dominio y el poder de los interés económicos y políticos de turno, hace que el ciudadano tenga poco alcances a la información real,y de poder elegir con libertad, con derechos,y todo lo que conlleva el tema. Pero espero que en estos tiempo de dolor y de reflexión, allá un cambio en crecer y sincerarse, con el compromiso de involucrarse en los temas que nos hacen ser libres y vivir mejor y en democracia, con todo lo que eso significa. Gracias por esto, porque son la voz de muchas personas que hace años están luchando para el bien de todos. Saludo atte, con el respeto que se merecen, y felicitarlos por el trabajo que realizaron.