ESCUCHARHay preocupación en el gobierno de Córdoba. Lo manifestó el ministro de Finanzas, Ángel Mario Elletore, y lo confirmó el ministro de Infraestructura, Hugo Testa, ambos a un grupo de periodistas.
Mientras la intranquilidad gana esos despachos, el gobernador José Manuel de la Sota pasea por el país -sin que se conozca el origen de los fondos de ese periplo, a pesar de los pedidos de informe sobre la procedencia- la “eficiencia” con que gobierna la provincia.
Su desinterés lo tuvo ausente en dos hechos con regresos de apuro: Panamá y Santa Rosa de la Pampa. Fue el 3 de diciembre ante la rebelión policial; fue el 1 de agosto, con la explosión del gasoducto de Pilar.
“Necesitamos un gobierno que pueda gobernar y gobierne. No un gobierno que haga ni un gobierno que administre; sino un gobierno que gobierne”. La cita es de Peter Drucker. Toda una sentencia.
Malezas
Este gobierno sostuvo que eficiencia y modernización del Estado serían suficientes para que Córdoba brillara. Pero los números no cierran. Lo advertimos. Nunca nos tuvieron en cuenta.
Buscar culpables ajenos no es nuevo. Apelar a las herencias o a las responsabilidades pasadas sirve para justificar la incapacidad para resolver las urgencias. El gobernador apunta al Gobierno nacional como el principal causante de los problemas económicos de su gestión. Razones existen, obvio, pero no son las principales. Ver el vaso medio lleno o medio vacío es una excusa mediocre de gobernantes ramplones. El árbol de la Nación, deuda mediante, no evita que el bosque propio nos tape de malezas.
El soporte
El gobierno parte de una confirmación falsa: hace tiempo que las finanzas públicas no dan superávits.
Los “Ingresos No Tributarios” son los que disimulan el déficit. Allí convergen partidas como Tasa Vial -desvirtuada al pagar deuda atrasada-; Fondo Permanente de la Red Natural -una incógnita sin beneficios a la vista-; Fondo de Gasoductos -de inexistente inversión según el ex titular de Cartez, Néstor Roulet-; Fondo del Fuego -envuelto en una controversia sobre el destino de los montos recaudados-; Inclusión Social, ley 9505 -destinados al Paicor, sospechado de calidad y nutrición-; Fondo Ley 9870, art. 109 -merced a la contribución del 3% de los intendentes de la provincia que esperan ver resultados-; y las multas de tránsito -con retraso en la distribución mientras los siniestros viales y las muertes engrosan las estadísticas-.
Éstas y otras “tasas” son las que permitieron recaudar entre 2009 y 2013 la suma de $7.603,5 millones. Son los que evitaron el desplome.
La realidad
La ley o la palabra se ligan a la ética política y no se las puede transgredir. Lo hizo José Manuel de la Sota al escarbar con “tasas” el bolsillo del cordobés, sin advertirle que era porque necesitaba de recursos.
Al cierre de 2013 se insistía en la solidez provincial con un superávit de $282,6 millones. Ese año solamente la Tasa Vial aportó al erario $534,5 millones. Sin esto, la Provincia hubiera dado un déficit de $251,6 millones.
En la Cuenta de Inversión de 2013 los recursos no impositivos sumaron $3.146 millones, 9% de la recaudación final. Sin esos fondos, reitero, la economía cordobesa se derrumbaba. O el paliativo era mayor endeudamiento, si lo conseguía.
En el segundo trimestre, el “superávit” fue de $1.565,7 millones; los ingresos no impositivos de $2.072,5 millones que, junto al uso del Fu.Cor, le permitieron tapar las grietas de una administración que agrega otras dos aristas: deuda flotante y deuda total consolidada.
La primera asciende a $7.284 millones, lejos de la que el gobierno se asigna: $2.774 millones. De ser esta última cifra, un Fu.Cor de $3.488 saldaría las dificultades. De allí el desvelo delasotista.
La recesión, el desempleo -10,7% en Córdoba según los últimos datos-, el impacto de éstos sobre el consumo, la derivación de ello en la recaudación de Ingresos Brutos, el ratio impositivo más alto de la Región Centro y entre los mayores del país, pueden hacer el resto.
Y el segundo eje, la deuda global: $33.548. Seis veces más que la de Santa Fe.
Arbitrariedad
Quiero insistir sobre la influencia del Fu.Cor, herramienta que evita las complejidades financieras del gobierno mediante la cuenta 201 del BPC, por la arbitraria disposición del gobernador y ministro de Finanzas como ejecutor.
No es que abuelos o ciudadanos en general no puedan ser atendidos por la Apross, o que los ministerios afectados a la contención social no tengan recursos para cumplir su cometido. Los fondos están, pero impera la orden de Finanzas: premio o castigo según ciertos requerimientos y daño al ciudadano, pero más a la transparencia que el gobernador pregona en su campaña presidencial como defensor de la lucha contra la corrupción. El engaño no es ético. Aunque sirva para juntar votos.
* Legislador del Frente Cívico y Social. Vicepresidente primero de la Legislatura Unicameral
