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Si se pretende evitar una inflación crónica debe revisarse la rentabilidad escandalosa de los formadores de precios. Para defender el consumo popular y profundizar la política de redistribución del ingreso, el Gobierno no puede eludir medidas radicales.
Por Aurelio Argañaraz / Exclusivo para Comercio y Justicia
El pedido de la CGT oficialista de que se sostenga durante un año el acuerdo de congelar los precios pactado por dos meses entre el Gobierno y los supermercados, al exigir la adhesión de los productores que permitiría que los sindicatos accedan a someter la actualización de los salarios a la pauta oficial, tiene la virtud de establecer racionalmente cuáles son los requerimientos que impone, finalmente, toda política de redistribución del ingreso.
Sólo existe una posibilidad, si se pretende evitar una inflación crónica: meter mano en la rentabilidad escandalosa de los formadores de precios, un puñado de empresas dentro de las cuales gravita decisivamente el capital extranjero. Y hacer otro tanto con las cadenas de comercialización, donde los cambios regresivos de las últimas décadas dieron el predominio a un sistema conformado por grandes firmas, también foráneas, que han crecido a costa del capital nacional y destruido, tal como lo señalan diversos estudios de centros de almaceneros, cuatro puestos de trabajo por cada uno que crearon, con el gravísimo agravante de conformar un sistema de transferencia hacia los centros imperialistas de la renta comercial creada a partir del consumo argentino.
No está claro cómo responderá el Gobierno al planteo. Pero es evidente que la proposición sindical no ha sido el fruto de un pedido oficial, que en ese caso cedería la iniciativa para aparecer actuando para dar respuesta a un razonable pedido de que los empresarios “ayuden” a moderar las exigencias de aumento salarial. Y al no ser así, se impone la interpretación de que los sindicalistas replicaron al señuelo del congelamiento limitado a dos meses con una fórmula indudablemente más seria, según la cual debe garantizarse que la actualización salarial no será demolida, después de un bimestre, en tanto se pide que las paritarias duren un año entero.
No es claro, decimos, cómo habrá de responder el Gobierno, cuya visión, hasta hoy, perece llevarlo a sostener la ilusión de que puede conservar el respaldo mayoritario del pueblo argentino, frenando al mismo tiempo la puja salarial y evitando enfrentar a los formadores de precios, que le van a contestar invariablemente “con el bolsillo”, para usar la expresión del ex ministro Pugliese.
Sí es claro, en cambio, que el compromiso con el país y los sectores mayoritarios, interesados en la continuidad y profundización del curso abierto hace diez años, con el gobierno de Néstor Kirchner, exige reflexionar sobre cómo operan los principales actores de la coyuntura actual en el terreno de la economía. De lo que podamos prever deben surgir conclusiones prácticas sobre qué hacer en un escenario donde los grupos empresarios, el movimiento sindical y el gobierno de Cristina Fernández son los actores fundamentales, y donde quien se imponga definirá la suerte de la distribución del ingreso y, por añadidura, cuál es el futuro de la política nacional.
De los sectores empresariales sólo puede esperarse más de lo mismo, a saber: una resistencia crónica, no ya a la aceptación de límites sobre la rentabilidad sino -lo que es peor- a una política de inversión que pueda permitir, en el mediano plazo, una estabilización de los precios que surja de la ecuación “ganar lo mismo, produciendo más”, algo que supondría una reducción de la rentabilidad relativa, por expandir la oferta.
Hablamos, es importante decirlo, de los formadores de precios, no del sector que procura expandirse, dentro de los cuadros de la pequeña y mediana empresa de capital nacional y del sistema cooperativo. Y hacemos extensivo nuestro primer juicio a las cadenas de distribución, mayoritariamente dominadas por el capital extranjero, cuyos costos por escala hacen escandalosa la conocida circunstancia de que sus precios son, como promedio, iguales o mayores que el del almacén de barrio o los autoservicios o supermercados de menor cuantía que lograron sobrevivir a la invasión de los pulpos.
Consecuentemente, si se pretende defender el consumo popular y sostener y profundizar la política de redistribución del ingreso, no podrán eludirse medidas que transformen radicalmente la situación y avancen sobre la herencia de los años 90 y el Proceso, en la estructura comercial. Y, en lo referente a la producción –y muy particularmente al sector alimentario– a imponer una transformación que supere “hábitos” que se remontan, por lo menos, a la década del 30, cuando el famoso Colombo, presidente de la UIA, elige a conciencia “ganar más” con una oferta pobre, evitando la tentación de ampliar la producción y “asumir ese riesgo”.
La opción contraria, paralizar o retrogradar en la distribución del ingreso, expresada objetivamente en la combinación de medidas que busca imponer hasta el momento el gobierno (con la pauta de 20 por ciento, en los salarios y en la actualización del Impuesto a las Ganancias) sólo logrará debilitar el impulso que la expansión del consumo trae a la producción de bienes y servicios y, lo que es peor aún, afectará el respaldo de las clases trabajadoras hacia el proceso en marcha, generando riesgos que son evitables para un proyecto que tiene enemigos y que si desea enfrentarlos, con posibilidades de éxito, debe alimentar la fidelidad y el entusiasmo de las grandes mayorías.
Lamentablemente, al parecer ésta no es la visión Gel gobierno. Su cúpula (los “aplaudidores” son un peso muerto, cuidan el escalafón guardando silencio) actúa guiada por la creencia de que los líderes sindicales pueden actuar a su arbitrio, sin atender a su base, tal como cabe a la “burocracia sindical” imaginada por la ultraizquierda, que no admite el hecho de que existen límites (determinados en cada caso por su estructura y tradición) que una dirección gremial debe respetar, a menos que quiera perder la cabeza.
El gobierno de Cristina no es ultraizquierdista, pero parece obedecer, en este tema, antes que a la visión más realista que tenía Perón en esta esfera, a cierta opinión pequeño burguesa, inepta para apreciar de un modo adecuado el movimiento interior de la clase trabajadora, tal como ésta fue parida por la historia y tal como es, por su estructura y conformación. Para colmo de males, el coro de los chupamedias colabora para ignorar toda señal de alerta, hablando de Moyano en cada ocasión en que alguno de nosotros intenta advertir los riesgos que supone subestimar las demandas y los signos de disconformidad de las bases obreras y obrar con la ilusión de “la vaca atada”.
Pero, al fin, si aquellos que tienen la responsabilidad de entender cómo debe abordarse un conflicto de intereses de esta naturaleza no pudieran o no quisieran acertar a ver cuál es el camino, nos queda a los trabajadores y a los de abajo, en general, la tarea de forjar los instrumentos necesarios para que este proceso inaugurado por Kirchner en 2003 avance en la resolución de lo que alguien llamó “contradicciones dentro de lo popular”, con la claridad táctica que exige la misión de sostener el gobierno y los avances logrados, sin abandonar, por eso, la perspectiva estratégica de construir canales de protagonismo popular y fuerza movimientista que, partiendo de lo alcanzado y con plena conciencia de que no avanzar es preparar el retroceso, busquen impulsar un proyecto de liberación nacional definitiva, poniendo término a un parasitismo explotador ya bicentenario.
