¿Por qué la discapacidad es noticia?

Por Rocío Gigena Lirusso *

Hasta ahora, las personas que participan de algún modo del mundo de la discapacidad permanecían en el anonimato, peleando sus batallas. Algunas contra el sistema, otras contra la sociedad y otras con la vida misma, sorteando lo que sea que se les pusiera enfrente, según fueran terapeutas, familiares o pacientes.

La lucha era con las obras sociales, para conseguir que cubran terapias, transportes o tratamientos médicos específicos y crónicos.

Para los que tenemos hijos con discapacidad, para que tengan una vida más o menos equiparable al resto de las personas, la batalla cotidiana incluye presentar planillas, certificados y un millar de papeles con justificativos de lo que, a simple vista y sin un doctorado en medicina, es evidente.

Es la realidad que enfrentamos. Resignados, lo aceptamos, porque sabemos que es la única manera de que accedan a lo que necesitan.

Quienes prestan servicios de rehabilitación y tratamientos, si no esperan no trabajan.

Esta semana, ya no pudimos hacer la vista gorda, tuvimos que salir a apoyar a los terapeutas y profesionales de la salud y de la educación, quienes una vez más ven relegados sus derechos por políticas perversas con relación a sus salarios.

¿Por qué no reciben el pago de sus honorarios? ¿Por qué deben afrontar un lapso de 90 días de espera mientras ven sus pocos pesos devaluarse?

Alerta

Es cierto que siempre hubo demoras en los pagos en el área de discapacidad, pero en este momento el asunto que alerta y que torna urgente el reclamo es que, además de los seis meses de mora, y sin que el monto devengado se actualice, no hay fecha probable de pago. No hay nadie que se haga cargo de la demora ni que los anime a la espera de una pronta respuesta.

La actualización de los montos fijados en el Nomenclador de Prestaciones Básicas a partir de mayo tampoco se hizo efectiva: los profesionales no cobraron el mes según lo estipulado, mucho menos el escueto aumento propuesto.

Mecanismo

Hasta el momento, en nuestro país existe un mecanismo de integración por el cual se cubren las prestaciones de discapacidad que son brindadas por los agentes de salud.

Todo lo concerniente a discapacidad pasa por el Fondo Solidario de Redistribución, que se conforma con los aportes de las obras sociales, de los prestadores y del Estado (mediante el cobro de ciertos impuestos y alícuotas).

Por otro lado, hay un organismo regulador tanto de las obras sociales como de las empresas de medicina prepaga, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. Es la encargada, entre otros asuntos, de realizar el acopio del dinero necesario para liquidar las facturas devengadas por los prestadores y pasarle los datos al Fisco, para que realice la distribución de los montos.

En otras palabras, los terapeutas y demás prestadores presentan las facturas mensuales a las obras sociales o prepagas para recibir el pago. Éstas las giran a la SSS, que controla su veracidad, corrobora datos y le da la orden a la AFIP para que deposite el monto requerido.

El sistema funciona mal, pero funciona. Con demoras, funciona. Como sea, funciona.

Eso también nos quieren sacar. Circula por todos los WhasApp de quieres nos vemos tocados por la discapacidad en cualquiera de sus aristas un DNU que definitivamente no es de urgencia para ninguno de los afectados.

El proyecto pretende dejar de lado este Fondo Solidario de Redistribución y crear un Fondo Nacional compuesto con dinero del Tesoro de la Nación para la cobertura de las prestaciones básicas, que va a ser administrado íntegramente por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

El hecho de que se designe al organismo que tendrá a cargo la administración hace ruido. Más ruido hace que se proponga que lo haga íntegramente, sin ningún tipo de supervisión ni control.

Con el sistema actual, aún con falencias, hay una suerte de contralor o de equilibrio entre los involucrados con el pago de las prestaciones (obras sociales, superintendencia y AFIP), que desaparecerá si la iniciativa avanza.

El proyecto establece, además, que los fondos serán para la cobertura de las prestaciones identificadas en el Anexo I, que enuncia, entre otras, escolaridad, apoyo a la integración escolar, transporte y alimentación, dejando de lado las de rehabilitación (como terapias de psicomotricidad, fonoaudiología y ocupacional) que son fundamentales para las personas con discapacidad, especialmente aún en sus primeros años, cuando se desarrolla su potencial de una manera irrecuperable en la adultez. Estas terapias permiten que puedan socializar, caminar, hablar, compartir, aprender… Bueno, vivir.

Estatización

Con ello, se estaría violentando uno de los principios básicos de nuestro sistema legal, el de supremacía, que establece que un decreto no puede modificar ni derogar leyes dictadas por el Congreso (24901, 23660, 23661, entre otras) ni convenciones con jerarquía constitucional en la materia, que obligan a la cobertura integral de las necesidades del colectivo.

Paralelamente, habría una estatización de lo concerniente a la discapacidad: se estaría corriendo encubiertamente la obligatoriedad que pesa sobre las obras sociales de responder a la cobertura por discapacidad, pasando todo a manos del Estado, con todo lo que ello traería aparejado, ya no querrán cubrir honorarios por prestaciones que, saben, podrían ser irrecuperables, por lo escueto del fondo destinado a ello.

Como madre de un niño con discapacidad y abogada, entiendo que el proyecto es inaceptable y que no debe avanzar, ya que significaría que el Estado Nacional, por medio de la Andis, disponga de los fondos para las prestaciones de discapacidad, lo que llevaría a una todavía más ineficiente cobertura de salud.

Quiero resaltar que es inadmisible que se baraje la exclusión de las terapias de rehabilitación, la base del avance de las personas con discapacidad.

No puede decidirse un cambio en la dinámica de un colectivo sin contar con la opinión y el consenso de sus miembros.

Como se dijo en otros momentos de lucha, “nihil de nobis, sine nobis”: ¡nada de nosotros sin nosotros!

(*) Abogada (UNC). Alumna del posgrado en Discapacidad y Derechos (UBA). Madre de un niño de ocho años con síndrome de Down.