Por José Emilio Ortega y Santiago Espósito
La historia del acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) representa un camino tortuoso signado por las características estructurales y productivas de ambos bloques, en sucesivos actos de un drama oscilante.
Pero el interés recíproco por el mantenimiento de relaciones comerciales y políticas se enmarcan en un contexto más amplio, propio de la coyuntura política internacional.
En 1995, las partes firmaron un Acuerdo Marco Interregional de Cooperación (AMIC), que entró en vigor en 1999, que se basó en tres pilares: el diálogo político, la cooperación y el objetivo de crear una zona de libre comercio. Las expectativas económicas de entonces generaban optimismo: el comercio intrarregional del Mercosur alcanzaba 25% en 1997 y la UE era su principal socio comercial al representar casi 30% del comercio del bloque en 1998.
Para la UE, un posible acuerdo con el Mercosur contrapesaba la iniciativa de Estados Unidos de crear un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en 1994 y posibilitaba expandir su política comercial y de cooperación con países en desarrollo.
Después de aquel marco, la negociación del actual acuerdo se divide en tres etapas. En 2000 se iniciaron las negociaciones que se extendieron hasta 2004, cuando se paralizaron.
La UE pretendía una apertura completa en bienes industriales, servicios y compras gubernamentales, y compromisos adicionales en indicaciones geográficas y propiedad intelectual, pero sólo incluía cuotas moderadas libres de aranceles para los productos agrícolas. Propuso una cuota de exportación de 100 mil toneladas de carne, cifra insatisfactoria, en aquel momento, para el Mercosur.
Desde 2004 hasta 2010 las negociaciones se suspendieron. El nuevo ciclo político que se avecinaba en Latinoamérica impugnaba cualquier tipo de proyecto liberalizador. El rechazo al ALCA, en aquella tan recordada Cumbre de las Américas de 2005, dilapidó cualquier esfuerzo por acercar las partes.
Las negociaciones se reanudaron en 2010, con renovado interés, consecuencia de la crisis económica de 2008. Desde entonces y hasta fines de 2015, hubo más de 10 rondas de negociación en las que ambas partes se comprometieron a realizar un intercambio de ofertas, que finalmente nunca se concretó.
En 2016, el triunfo de Mauricio Macri en Argentina, la asunción de Michel Temer en Brasil y la suspensión de Venezuela despejaron en el Mercosur el camino para reestructurar las negociaciones. Por otra parte, el traumático e irresuelto brexit y la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, que promovió medidas proteccionistas contra la propia UE -amén de su batalla comercial con China-, forzaron a Bruselas a cerrar tratos con otras regiones, Canadá y Japón, en 2017, retomando negociaciones con el bloque sudamericano. Desde 2016, los socios del Mercosur priorizaron la suscripción del tratado con la UE, y su conclusión fue anunciada y desmentida por Buenos Aires o Brasilia en numerosas ocasiones desde 2017. Montevideo, en tanto, avanzó en soledad. También lo hizo un estado asociado al Mercosur, Chile.
Implicancias e interrogantes
Dentro de los aspectos consolidados en la unión aduanera “imperfecta” que es el Mercosur, los países miembros han acordado negociar conjuntamente acuerdos con terceros. Pero desde su creación, el Mercosur no afirmó su acceso a los grandes mercados internacionales. La dificultad radicó en la primarización de su estructura productiva, que implica -por distintas razones- la contraposición de intereses con economías como la europea y la norteamericana.
El Mercosur suscribió tratados de libre comercio con países latinoamericanos: Bolivia (que solicitó su ingreso formal), Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Perú, y un acuerdo con México para el sector automotor que incluye la posibilidad de firmar bilateralmente un tratado de libre comercio, que hasta el momento sólo lo hizo Uruguay. Con países fuera de la región se firmaron tres tratados de libre comercio: Israel, Egipto y Palestina, aunque éste último no se encuentra vigente; y hay acuerdos preferenciales con India y la Unión Aduanera de África Austral (SACU).
A la espera de la letra chica, sólo es posible analizar los genéricos comunicados oficiales publicados por las partes. Sobre la cuestión agrícola, el Mercosur anunció una liberalización de la UE de 99% de las importaciones agrícolas y una eliminación de 81,7% de los aranceles de importación. No se brindaron detalles sobre las cuotas de exportación. Tampoco se expresaron sobre los requisitos a cumplir por productores o exportadores nacionales para tipificar productos “originarios” -favorecidos por rebajas arancelarias-. La UE afirmó que “los países del Mercosur implementarán garantías legales para proteger contra la imitación 357 productos europeos”.
En relación con las compras públicas, era de conocimiento que la UE presionaba para acceder a licitaciones públicas de todos los niveles de gobierno que superaran los 155 mil euros. El Mercosur afirmó que “se preservan las compras públicas como políticas de desarrollo”, pero tampoco aquí los bloques dan mayores especificaciones.
En cuanto a los bienes industriales, el Mercosur liberaliza su mercado en 90%, con un plazo amplio para sectores sensibles. Resta conocer la implementación en un sector tan protegido como el automotriz, tanto en Argentina como en Brasil; periódicos europeos se permitieron anunciar el inminente desembarco de muchas marcas europeas, con aranceles liberalizados, en los puertos sudamericanos.
Por el momento, es tiempo de ser cautos hasta conocer el tratado en detalle, del que se ha brindado poca información a lo largo de todo el proceso. Terminada la etapa técnica, hasta que no sea ratificado legislativamente por los cuatro países del Mercosur (Venezuela sigue suspendida) y de la UE (que requiere una mayoría calificada de 16 de los 28 Estados miembros, siempre que representen 65% de la población del bloque), no es vinculante. Se habla también de un plazo de dos años hasta tanto comience la liberalización, y de protecciones para bienes del Mercosur por hasta tres lustros, sin mayor precisión.
Después de 20 años de negociación -25 si se cuenta desde la aprobación de aquel Acuerdo Marco-, se trata de una revitalización del Mercosur y también de su reivindicación como proyecto político y económico. Llega en un momento en el cual desde ambos lados del Atlántico son necesarias las buenas noticias y cierta esperanza, a raíz de un presente signado por las rupturas, las improvisaciones y el desprestigio.
Desde la perspectiva argentina, este tratado fue el más concreto intento de acuerdo comercial orientado a la búsqueda de nuevos mercados por la presidencia Macri, finalmente alcanzado. Sin dejar de señalar el logro y vislumbrar la oportunidad, al desconocer el contenido y las estrategias para avanzar en la integración de ambos bloques -un mercado de 800 millones de personas-, es prematuro seguir profundizando.