ESCUCHARPor Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth **
Las recientes declaraciones del gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, en el sentido de estar “analizando” implementar un nuevo impuesto respecto de las generadoras eléctricas que tienen contratos de explotación y provisión de energía eólica, ha despertado el lógico revuelo, por motivos varios.
En igual sentido fueron recibidas sus declaraciones sobre que “las inversiones en energía eólica no dejan nada” a esa provincia.
Bautizado como “impuesto al viento”, la principal repercusión provino de la Cámara Eólica Argentina, que agrupa a las empresas del sector y que en un comunicado oficial expresó que de materializarse dicho gravamen se “atentaría contra el desarrollo y fomento de la energía eólica en la Argentina”.
Dijo asimismo que dicho impuesto “vulneraría la seguridad jurídica sobre los contratos ya suscriptos y daría un mensaje negativo a las empresas que están considerando invertir en una actividad que recién comienza a desarrollarse en el país”. Y que además, “sería un exceso en las facultades de una provincia crear tributos sobre un régimen nacional”.
El periodista Hernán Gilardo, en la plataforma “iprofesionales” tituló la noticia, de modo muy claro, en los siguientes términos: “Impuesto al viento: cómo afrontar la crisis creando tributos irracionales en vez de reducir gastos”. A buen entendedor, pocas palabras.
Por otra parte, varios destacados letrados en el rubro han planteado directamente la imposibilidad legal de avanzar con tal tributo, toda vez que existen leyes que vedan innovar sobre la presión impositiva de la actividad. Por ejemplo, la Ley de Energías Renovables de la propia Provincia del Chubut, sancionada en 2011, que prohíbe por 15 años afectar a la actividad con una carga tributaria total mayor que la que se fije para el período de desarrollo y explotación de los proyectos.
No es una simple muestra aislada de voracidad fiscal. Ya en 2017, el gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, propuso un “impuesto al sol” por el desarrollo de centrales fotovoltaicas.
Varias cosas pueden decirse respecto de esta práctica, más allá de que los hechos hablan por si mismos. En primer término, luce claro cómo algunos se llenan la boca con la ecología y el cambio climático para luego poner palos en la rueda para que se desarrollen energías limpias.
En segundo término, la cuestión de la voracidad fiscal. El dinero que se lleva el Estado en impuestos se saca de los bolsillos de los ciudadanos, dinero que es menos consumo, menos inversión, menos nivel de vida para quienes lo entregan a las arcas fiscales.
Obviamente, el Estado tiene que solventar actividades como la seguridad, la salud o la educación, entre otras. Pero eso dista mucho de un círculo vicioso que conocemos todos de una estructura estatal siempre en permanente expansión que no se traduce en mejores servicios sino en aumentar ineficiencias y que termina exigiendo de la sociedad una carga fiscal abrumadora que desalienta cualquier tipo de emprendimiento privado.
Una estructura elefantiásica al servicio sólo de la política y el acomodo no es una administración pública ni persigue tampoco el bien común.
Vaya a saber por qué, en lugar de ver qué impuesto nuevo inventan o cuándo aumentan los ya existentes, por qué nunca se proponen gastar más eficientemente. Por el contrario, parece ser que nuestros dirigentes sólo saben aumentar o crear nuevos impuestos en esta Argentina -país con mayor presión impositiva de la región y una elevadísima tasa de evasión-, en la que pocos pagan mucho para sostener semejante estructura estatal ineficaz.
(*) Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas
(**) Abogado. Magister en Derecho y Argumentación Jurídica
