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La seguridad de nuestros hijos es una prioridad absoluta; por ello, la colocación de cámaras de seguridad en los perímetros de las escuelas permitirá prevenir situaciones de riesgo, más la prevención de secuestros extorsivos y abuso sexual. ¿Se logrará?
El concejal Diego Casado presentó en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba un proyecto de Ordenanza titulado «Plan Estratégico Prevención Secuestro y Acoso en escuelas» con el objetivo de prevenir situaciones de secuestro extorsivo o abuso sexual que puedan afectar a niñas, niños y adolescentes, exigiendo a las instituciones educativas que instalen cámaras de seguridad de 360° en sus perímetros, bajo sanción económica o suspensión de actividades, y buscando la participación de la comunidad educativa más la participación activa de padres, docentes y estudiantes en el diseño y seguimiento del sistema de vigilancia.
En su texto dispone que el ámbito de aplicación serán todas las instituciones públicas provinciales, municipales y privadas desde nivel inicial hasta secundario, lo que generará una cuestión de competencia y poder de policía, cuyo análisis excede esta columna.
Al tratar el funcionamiento y monitoreo, dispone que funcionarán las 24 horas del día los siete días de la semana, lo que llama la atención ya que las escuelas tienen un horario más reducido y están cerradas los fines de semana, lo que se aleja de los principios de finalidad y proporcionalidad exigidos por la ley de hábeas data.
El monitoreo, actividad esencial del objetivo buscado, lo delega en el personal de la dirección del establecimiento educativo o por el organismo competente. La primera opción obligará a la escuela a contratar personal adicional para efectuar una actividad distinta a la corriente, como es la vigilancia, ya que tanto esfuerzo económico no debería descansar en una persona no especializada en la materia; y respecto al organismo competente como segunda opción, no se detalla cuál podría ser.
Las grabaciones se almacenarán de manera segura y confidencial, lo que es indispensable, y accederán sólo las autoridades escolares y las fuerzas de seguridad en caso de investigaciones, siempre garantizando la privacidad de los estudiantes. De ello se deduce que el monitoreo será instantáneo y todo lo filmado será grabado que sólo podrá accederse por reacción, es decir con una denuncia formal que promueva una investigación, quedando pendiente de resolver por cuánto tiempo se almacenará la información, para que las investigaciones y sus tiempos no lleguen cuando haya vencido el plazo de almacenamiento.
El proyecto analizado tiene una importante sección destinada a la Guardia Urbana Municipal, la que deberá mantener una comunicación constante con los directivos y docentes de las escuelas; participar en reuniones de seguridad escolar; diseñar un plan de seguridad adaptado a cada escuela; definir estrategias de prevención; realizar patrullajes específicos en horarios de entrada y salida de estudiantes; realizar charlas de prevención; colaborar en la creación y difusión de protocolos de seguridad dentro de las escuelas; participar en simulacros de secuestros o evacuaciones; y fomentar la participación activa de la comunidad en la denuncia de situaciones sospechosas. Entre estas funciones se encuentra la de monitorear las grabaciones y responder rápidamente ante cualquier incidente o actividad sospechosa captada por las cámaras, obligación que modifica el artículo antes analizado que exigía una investigación para acceder a las grabaciones, pero que aparece más lógico porque al monitoreo lo realizaría también alguien capacitado que además tendrá resortes para articular ante una situación conflictiva que se busca evitar.
El establecimiento educativo podrá o deberá, no se decide la norma, garantizar un entorno seguro para todos los estudiantes, obligación que no logra cumplir la policía; también, educar sobre la prevención de riesgos, enseñando a reconocer situaciones peligrosas y cómo actuar ante ellas, que seguramente tendrán más probabilidades de lograrlo que la anterior; compartir con la policía y la guardia urbana información relevante; mantener una comunicación constante con padres y tutores; e instalar cámaras de seguridad en áreas estratégicas, monitorear el entorno y detectar posibles riesgos.
De todo el proyecto analizado lo más esencial es la obligación de fomentar valores como el respeto, la tolerancia y la solidaridad, creando una cultura del apoyo y cuidado mutuo. Si las instituciones educativas y la sociedad en general logran recuperar estos valores e inculcarlos en cada niña, niño y adolescente, el resto de las acciones aquí analizadas serán más simples.
(*) Abogado, especialista en derecho informático
