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A diferencia de los meses de enero de anteriores años, el presente fue bastante agitado en materia judicial. Si bien el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa acaparó la atención mayoritaria de los medios de comunicación y la opinión pública, hubo otros que no le fueron en zaga respecto de su repercusión social, como fue el caso de la desaparición, en Córdoba, de la docente Anahí Bulnes, que parece haberse encaminado luego de la esmerada investigación que llevó adelante la fiscal interviniente.
De todos estos hechos, hubo uno -el crimen de Lucio Dupuy- que generó expectativas respecto de la sentencia que recaería sobre sus asesinas, su madre Magdalena Espósito Valenti y la pareja de ésta, Abigail Páez.
Efectivamente, el día 2 pasado, en los tribunales de La Pampa, fueron condenadas ambas acusadas: Páez, como autora material del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento, en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal, cometido con un objeto, agravado por ser la guardadora y por hacerlo contra un menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente. La madre de Lucio fue absuelta del abuso pero condenada como autora material del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento. Por esas cosas de la legislación pampeana, se deberá esperar al próximo día 13 para que se oficialice la pena que se les aplicará.
La víctima es un niño de tan sólo cinco años, quien venía siendo abusado por estas dos mujeres -una de ellas su madre-, de forma sistemática antes de su muerte.
Sólo leer el veredicto genera escalofríos, ni hablar si uno accede a las pruebas, que en forma parcial han sido divulgadas por la prensa. Es que es tan difícil entender cómo se puede actuar con tanta crueldad contra un ser humano indefenso, más aún tratándose de un niño e hijo de una de las condenadas.
Tan aberrante ha sido el hecho que, como pocas veces hemos visto, ha habido una condena social prácticamente unánime. Sólo un puñado de personas radicalizadas y desquiciadas intentaron algún tipo de atenuación o justificación.
Más allá de la condena (legal, social y moral) recaída en la madre y su pareja, entendemos que la responsabilidad por lo que sufrió Lucio no se puede agotar en ellas sino que debe extenderse, en la proporción adecuada, respecto de todos aquellos que pudieron y debieron hacer algo pero, increíblemente, miraron para otro lado.
Pensamos en los médicos y demás personal de salud que asistió a Lucio cada vez que fue llevado por las condenadas acusando distintas lesiones. También les cabe responsabilidad a las maestras y docentes del nene, quienes increíble e inaceptablemente no advirtieron del estado y la situación en la que Lucio se encontraba. Lo mismo podemos decir de la jueza y demás responsables judiciales y de la Administración pública provincial, que “entregaron” sin ningún tipo de control (o con controles muy lábiles) al menor a quienes a la postre serían quienes lo torturaron y mataron.
Ninguno de esos actores sociales puede deslindar responsabilidades por lo ocurrido alegando no estar obligados a actuar, porque es sabido que médicos y demás profesionales de la salud, funcionarios públicos y docentes están obligados por distintas leyes vigentes a denunciar ante la Justicia o ante la autoridad administrativa pertinente, los delitos conocidos en el ejercicio de sus funciones o, en el caso específico, la vulneración de derechos de las niñas, niños o adolescentes.
En tal sentido, la jueza interviniente, Ana Clara Pérez Ballester, según una noticia del portal Infobae de fecha 4 de febrero de 2023, ya encargó su defensa a un abogado que ocupará la presidencia del Colegio de Abogados de La Pampa.
Entre los principales cuestionamientos se halla que no se realizó un informe socio-ambiental del contexto familiar en el que iba a vivir Lucio; no se informó ni se citó a testigos; no se escuchó al menor, no fue abordado éste en el juzgado por un equipo de profesionales y no se notificó al padre del menor, quien tenía el cuidado personal compartido, y la responsabilidad parental, entre otros.
Algunos de dichos cuestionamientos se extienden también a la asesora de Menores de la ciudad de General Pico, que intervino en el trámite de la tenencia.
Es muy difícil entender la inacción de tantos frente a una situación de abuso sistemático y continuado en el tiempo. Es muy difícil creer que no pudieron advertir de que Lucio la estaba pasando más que mal. Si bien no afirmamos que lo hayan hecho de mala fe, sí creemos en su decidida falta de compromiso o interés, o hasta cierta influencia ideológica, que los llevaron a no hacer lo que debían hacer.
Ya nada se puede hacer por Lucio, ojalá que no tengamos que lamentar más hechos como éste. Sobre todo, cuando sólo con un poco de disposición y compromiso posiblemente se hubiese podido evitar. Ese “no te metás” para no ser “políticamente incorrecto”, por comodidad, o lo que fuera, queda como una de las peores manchas sociales en todo este lamentable hecho.
(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas
(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales
