ESCUCHARPor Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth **
Las pensiones son, por definición, un instrumento de la seguridad social para hacer frente a determinados riesgos laborales (desempleo, accidente de trabajo, enfermedad, invalidez o muerte). Tiene la particularidad, en ciertos casos, de extenderse a determinados integrantes del grupo familiar del trabajador.
Nuestra realidad política ha deformado en los últimos tiempos el concepto, tornándolo un elemento más del clientelismo político, una concausa del aumento en el gasto del Estado y otra de las degradaciones morales a que someten los inescrupulosos del poder a las personas.
Según datos del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, entre los años 2000 y 2015 se otorgaron más de un millón de estas pensiones. El grueso de este aumento se dio entre 2009 y 2014, cuando se incrementaron a razón de 130 mil por año. Las sospechas sobre discrecionalidad y fraudes nacen en que, mirado por provincias de población homogénea (cantidad y región), existen algunas con tasas de invalidez cuatro veces superior a otras. Por otro lado, en que en la mitad de las provincias se registran valores de entre tres y ocho por ciento de la población, lo que estadísticamente no puede explicarse sino por una catástrofe natural o una guerra.
En los últimos tiempos se inició de parte del Gobierno nacional un proceso de revisión de las pensiones por invalidez. Como pasa seguido en el ministerio a cargo de la colega Carolina Stanley, dicho control distó de hacerse de la mejor forma. Recordemos que, al inicio de su gestión, ya “metió la pata” al colocar en el saludo de fin de año un mapa de nuestro país que no incluía a las Islas Malvinas. Eso, entre otras desprolijidades.
Que ha existido un uso político del sistema de pensiones no es algo que pueda discutirse mucho. Todos tenemos algún caso dudoso de nuestro conocimiento. Ahora bien, cómo desmontar eso, es otro cantar. Se supone que los funcionarios deben hacer las cosas de manera ponderada. Que algo esté mal no autoriza a quitarlo de cualquier modo o comenzar a afectar a gente que no tiene nada que ver. Confirmando, una vez más, esa práctica espasmódica del Estado argentino de dar sin razón y luego de quitar desordenadamente.
Seamos serios. Sobre todo, en una cuestión tan cara a las necesidades de personas que realmente están en una situación de vulnerabilidad.
Alguna vez, los funcionarios del área social y de las demás áreas, en los distintos niveles de gobierno, no sólo el nacional, tendrían que empezar a tratar a los ciudadanos por lo que son: ciudadanos. No expedientes, no personas a las que se las atiende cuando se quiere, como se quiere y en un modo chocante, en el que parecerían estar haciendo un favor o, como muchas veces pasa, como seres débiles a los que el burócrata de turno tiene la facultad de “ayudar”
Es cierto que como consumidores, usuarios o administrados existen compatriotas nuestros que no son personas fáciles. Pero se supone que alguien que atiende al público en un ente estatal está preparado o se lo prepara para enfrentar eso.
No dudamos de la capacidad ni de las intenciones de quienes ocupan lugares más cercanos a las necesidades de la gente. Pero sí rechazamos el uso político que se hace de esto o, como sucede en este caso, -y más allá de la excelente formación declamada por quien encabeza el Ministerio de Desarrollo Social-, la falta de sensibilidad frente a problemas sociales, se llame pensiones por invalidez o la causa Malvinas. A la luz de la experiencia, podemos decir que tanto la ambición política como ser muy inteligente a veces deshumanizan. Esperemos que ni uno ni otro sea el caso y que insensibilidades de este tipo no se reiteren en el futuro.
* Abogado, doctor en Ciencias Jurídicas. ** Abogado, magíster en Derecho y Argumentación Jurídica
