ESCUCHARPor el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)
En las últimas horas, el Procurador General de la Nación interino cubrió con designaciones provisorias los 27 cargos de fiscal federal creados por la “Ley de Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en la provincia de Santa Fe”.
Se trata de una nueva oportunidad desaprovechada. Designar fiscales -salteándose el procedimiento legal- no redundará en mejores resultados en la persecución de la criminalidad organizada. De nada sirve sumar nuevos recursos si se sigue trabajando igual, con recetas que ya fracasaron: sin análisis criminal, sin priorización de casos y sin capacidad de incidir sobre los mercados que estructuran la criminalidad en la provincia.
Rosario no necesita parches, sino soluciones reales. La Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal Nº 27.148, vigente desde el 2015, define lo que hay que hacer. En primer lugar, designar un/a Fiscal Coordinador/a de distrito. Este cargo es fundamental, ya que es quien garantiza que la Fiscalía del Distrito actúe con una orientación estratégica, distribuyendo las causas y estableciendo una verdadera política de persecución penal con fines político- criminales.
Sin embargo, el cargo permanece vacante desde 2018. La reciente Ley de “Fortalecimiento”, de hecho, insistió con la importancia funcional que tendría esa fiscalía de coordinación en la implementación de esa ley. A pesar de ello, la Procuración no realizó ni un solo paso para avanzar con su designación.
Por otro lado, otro de los puntos centrales de la reorganización prevista en la Ley Orgánica es la creación de equipos de investigación especializados, que trabajen en conjunto con las procuradurías especializadas (como la Procuraduría de Narcocriminalidad y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) y permitan aprovechar realmente sus capacidades. Los equipos de investigación permiten que auxiliares y asistentes, hoy desperdiciados en tareas administrativas, potencien sus facultades investigativas.
Analizar los mercados criminales, fortalecer las investigaciones patrimoniales para ir por las exorbitantes ganancias que explican ese mercado, coordinar las intervenciones inter-agencialmente, son formas básicas de trabajo que debe tener todo sistema de justicia penal moderno para mejorar sus resultados. Nuevamente: no se trata solamente de abrir oficinas, sino de cambiar radicalmente el modo de funcionamiento.
Para colmo, usar designaciones provisorias, que saltean el procedimiento legal de
designación y omiten la realización de concursos públicos, es una decisión de la más alta sensibilidad institucional que se podría haber evitado si se reorganizaban las fiscalías.
Mucho más teniendo en cuenta que, incluso antes de la Ley de Fortalecimiento, Rosario ya tenía casi la mitad de sus cargos de fiscales vacantes, y en muchos de ellos se tardó más de tres valiosos años en iniciar los concursos.
Está claro que el próximo Gobierno Nacional tendrá la obligación de superar la parálisis de las últimas dos gestiones, y poner inmediatamente en marcha el sistema acusatorio en todo el país. Pero la Procuración General no puede quedarse de brazos cruzados esperando que eso suceda, ni conformarse con decisiones provisorias y de dudosa legalidad mientras incumple con la Ley Orgánica vigente. Cada uno tiene que hacerse cargo de sus responsabilidades para revertir el fracaso de la Justicia Federal.
