Otra muerte en el ámbito policial

Una nueva muerte ocurrida en el ámbito policial sacude a la sociedad cordobesa y, como ocurre en estos casos, ha generado fuertes repercusiones en la fuerza misma y en ámbitos políticos. En este caso se trata de la muerte de Jonathan Romo, ocurrida en la ciudad de La Falda días pasados. 

Según la información pública que anda circulando, Romo era una persona adicta, quien, durante un brote psicótico, en un intento por reducirlo, recibió una golpiza por parte de personal policial que le produjo la muerte por asfixia mecánica provocada por terceros, según la autopsia, y no por una descompostura, como informó la policía. 

Como cíclicamente ocurre, se alzaron voces reclamando por justicia y por que casos así no vuelvan a ocurrir. Otros, desde la enemistad ideológica, salen a buscar agua para su molino. Otros, desde el corporativismo, a relativizar la magnitud del caso. Se dio también la consabida respuesta institucional, repudiando lo sucedido, y haciendo caer todo el peso de la responsabilidad en los partícipes más inmediatos, desligándose de cualquier otro tipo de compromiso. Al momento de escribir esta columna, habían sido detenidos, y obviamente, removidos de sus cargos, seis policías implicados en el homicidio y en su encubrimiento. 

Es evidente que ni los autores ni las autoridades han deseado, ni desean, que hechos como el que tratamos ocurran. Tampoco son representativos de un actuar policial general, pero si la reiteración de esos “se les fue la mano” revela un nicho de falta de profesionalismo y, sobre todo, de concientización en la tarea esencial a la sociedad que cumplen, de parte de cierto sector azul. Más allá de los repudios de coyuntura, y sin “meter a todos en la misma bolsa”, hay una falencia que debe ser resuelta por las autoridades del ramo, desde hace tiempo y que no se da. Nos referimos a revisar y modificar en lo sustancial la formación, de base y complementaria, que se les da a los aspirantes y miembros de la fuerza policial.

Es que cada vez que escuchamos un caso en el que se acusa a un policía de un delito, recordamos lo que hace años nos dijo un viejo profesor de nuestra facultad, también reconocido miembro y docente de la escuela de policía, quien nos repetía: “El problema de la fuerza es básicamente de formación. Es que conviven dos visiones: los que entienden que hay que actuar correctamente para evitar el delito y quienes no. En el medio están los que no tienen muy en claro qué hacer”. 

Quienes estamos en la profesión esto lo vivimos cotidianamente. Al escribir estas líneas se nos viene a la memoria un caso, en el que nos tocó intervenir, en el que un policía en un enfrentamiento mató a un delincuente. Cuando fuimos a entrevistarlo en su lugar de detención, nos manifestó que había compañeros que le decían que debía haber alterado la escena del crimen para mejorar su posición, mientras que otros le decían que no lo hiciera. Él, en su preocupación, no sabía para qué lado ir. Nosotros le aconsejamos que no haga “macanas” y que, como había obrado correctamente, su situación se aclararía. Ello efectivamente ocurrió, ya que fue absuelto como correspondía. 

Esta necesidad de revisar y reformar la educación y formación de los miembros de la fuerza no es sólo una idea reiteradamente plasmada en esta columna; ha sido también planteada en varios fallos por la Cámara 8ª del crimen, por ejemplo, en uno de ellos, “C, L. G. y L., R. A.”, sostuvo: “(…) en lo particular, la Policía de la Provincia de Córdoba está conformada por hombres y mujeres que en su inmensa mayoría son probos y honestos, que arriesgan cotidianamente su vida en pos de la sociedad. Esto último puede demostrarse en la experiencia que he tenido junto a mis colegas en innumerables investigaciones y procesos, dentro de nuestra carrera judicial. Sin perjuicio de ello, en el caso de autos se ha visto con certeza, que un grupo minúsculo de sus integrantes, se han apartado delictivamente de esas funciones democráticas, generando un descrédito institucional injustamente generalizado” y agregó: “A pesar de tratarse de un caso puntual y aislado, no deja de representar un serio, muy serio diría, llamado de atención para quienes conducen, dirigen y capacitan a la fuerza policial, a fin de que casos como el ocurrido en el evento aquí juzgado, no vuelvan a ocurrir nunca más. Es quizás el refuerzo en aspectos relativos a la formación profesional y los controles adecuados, el camino que esa Institución debe emprender, para evitar en la sociedad los signos de descreimiento de las instituciones”.

Entendemos que allí está el comienzo de la solución. No sólo cambiando funcionarios, reemplazando mujeres por hombres, o modificando reglamentos y protocolos. El problema es más profundo y demanda soluciones sostenidas en el tiempo. Si no, sólo se trata de maquillaje o gatopardismo. El cambio debe ser sustancial ya que la policía es una institución indispensable para la seguridad y convivencia de la sociedad. No hay espacio para el delirio de algunos sectores ínfimos de una comunidad sin fuerzas del orden. Pero también es claro que la policía está para actuar dentro de la ley, y no fuera o por sobre ella, cualquiera sea el fin que se busca conseguir con tales apartamientos.

(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas (**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales