ESCUCHAREl solo voluntarismo no transforma las instituciones. Más allá de triunfos esporádicos, hace falta mucho más
Por Armando S. Andruet (h)* – twitter: @armandosandruet – Exclusivo para Comercio y Justicia
En Comercio y Justicia del 21/11/17 se informaba así de un evento: “En Córdoba, Quinta Jornada de Ética y Transparencia”. Luego, se indicaban algunos títulos de los paneles y expositores. Penosamente para muchos ciudadanos, en particular para los vinculados con el derecho, la gacetilla nada decía respecto a que la única conferencia prevista -las otras intervenciones eran en paneles- iba a estar a cargo del ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti.
Habría sido importante que muchas personas hubieran podido escuchar a un vocal de la Corte Suprema, no hablando de criterios, jurisprudencia o del gobierno del Poder Judicial de la República -como es lo habitual-, sino haciéndolo sobre temas tan centrales como infrecuentes de plantear a esos niveles, como son los vinculados con las responsabilidades éticas que la magistratura tiene que asumir y las transformaciones que debe encaminar.
En dos ocasiones el Dr. Rosatti se refirió con precisión a las deudas sociales que el Poder Judicial tiene con la ciudadanía y sin decirlo expresamente, aunque no hacía falta mucha destreza para advertirlo, remarcó que el tiempo para saldar dicha deuda parece tener un porvenir mediato en su cancelación.
Por todo ello, bien se puede colegir (y ojalá que no sea una inadecuada percepción de la realidad la mía o una clara incomprensión del discurso del juez Rosatti) que quizás el tópico de la ética judicial en sentido lato puede que se haga presente en la agenda pública del Poder Judicial. Porque ha sido tomado como cuestión central por la Corte Suprema, o al menos por alguno de sus integrantes, rompiendo una inercia de inactividad en dicha materia y no así en otras temáticas muy importantes y con excelente desarrollo operativo.
Pues tampoco es inoportuna la ocasión para señalar que al día siguiente de la intervención del Dr. Rosatti, en la “5ª Jornada sobre Ética y Transparencia” co-organizada en Buenos Aires por la Cámara de Comercio de EEUU (AmCham Córdoba), Fundación Mediterránea y la Universidad Católica de Córdoba, se presentó el informe más actual que existe respecto a la justicia en Argentina, titulado Estudio de Opinión Pública sobre la Justicia en la Argentina. El documento ratifica que las percepciones y discusiones que se cumplieron en el marco de la “5ª Jornada” no fueron en modo alguno meros desarrollos teóricos sino temáticas ancladas en lo real y socialmente compartidas en su dificultad de superación.
El mencionado Estudio de Opinión, sobre una población argentina adulta que incluyó 1.002 entrevistas -con un nivel de confianza de 95%- cumplidas mediante recolección de datos en contactos personales domiciliarios durante agosto 2016, fue requerido y coordinado por las universidades Austral, de Belgrano, de Ciencias Empresariales y Sociales, de Palermo y del Salvador, y la Fundación UADE. Del informe emergen algunos datos que ahora compartimos.
Respecto a la “Confianza en las instituciones”, de las siete estudiadas en todos los casos es mayor la desconfianza que la confianza. En lo que respecta el Poder Judicial es, de los tres poderes del Estado, en el que menos se confía (21% confía vs. 76% que desconfía) y muy cerca se ubica el Poder Legislativo (23% y 74%).
Un poco mejor posicionado aparece el Poder Ejecutivo (32% confía y 62% desconfía). En cuanto corresponde a la “Opinión sobre la justicia argentina”, se observan apreciaciones principalmente negativas: 44% de los entrevistados la evalúa “mal” o “muy mal” y 40% la ve como “regular”, mientras que sólo 14% esgrime una evaluación positiva.
Así también, 65% opina que los jueces no son imparciales, aunque otros 2 de cada 10 creen que son independientes. Respecto a los “Principales problemas de la justicia”, se indica la corrupción (58%) y la excesiva lentitud en la resolución de litigios (54%). En tercer lugar se hace mención a la falta de confianza de la gente en la justicia (35%), y más atrás aparece la cercanía entre la Corte y el poder político (19%).
De esta manera, con estos datos a la vista aparece que los cuatro paneles que precedieron la conferencia del Dr. Rosatti en la “5ª Jornada de Ética y Transparencia” tenían una pertinencia más que necesaria. Los repasemos con la mayor brevedad posible. Panel 1: “Confianza desde el sector público”; sus expositores fueron Gustavo Béliz, Bárbara Schreiber, María S. Urri y Marcelo Cossar; moderó Marcelo Capello.
En tal lugar, en mi reconstrucción, se plantearon dos ejes. El primero, desde la mirada empresarial, en el cual aparece el ciudadano necesitado de confiar en las instituciones para que ellas puedan inscribirse en el contexto mundial con competitividad económica y estatura moral; puesto que desde allí también habrá de ser mejor su futuro, para lo cual habrá que recrearlas en muchos sentidos, dejándolas permear de nuevas visiones operativas e intelectuales.
El otro eje, en este primer panel, quedó centrado en el ángulo público y la generación de confianza en dichas instituciones, donde al final de cuentas se reclama a los funcionarios prudencia política y honestidad económica con integridad moral.
El segundo panel, que estuvo a cargo de Luis Rueda y Ana López Espinar y fue moderado por Alejandro Díaz, se ocupó de presentar los desafíos de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. De ello se puede señalar que no basta con leyes que las penalicen, pues bien se puede decir que ése no es el final del camino sino su inicio.
Se debe aspirar a un mayor crecimiento industrial y empresarial y la responsabilidad de las personas jurídicas debe redundar en mejores estándares para las personas físicas. Si la ecuación es sólo de empresas más ricas con ciudadanos más pobres, la equidad social fracasa y la confianza no se habrá de proyectar en el tiempo. Una responsabilidad penal de las personas jurídicas supone haber comprendido antes la importancia de disminuir la idea de la sola utilidad empresarial para mixturarla con el de rentabilidad social.
El tercer panel estuvo a cargo de Mauricio Devoto, Julio Conte Grand, Aída Tarditti, Enrique Gavier, moderado por Miguel Clariá, y el panel 4 contó con Guillermo Grela y Raúl Saccani, moderado por Paula Cortijo. Ambos estuvieron centrados sobre la agenda judicial ética y la ética en el sector privado empresarial, respectivamente.
Con relación al mundo empresarial y la ética, bien sabemos que tiene mucho para mostrar en cuanto a los desarrollos cumplidos, señalando que códigos de conducta y sistemas de integridad empresarial son motores de la competitividad y de la mayor utilidad empresarial, junto a una sincera responsabilidad social empresarial. La simbiosis de desarrollo empresarial y responsabilidad ética está totalmente asumida en la práctica empresarial y por ello sólo hay que conocer cómo mejorarla. En modo alguno se trata de explorar un camino innovador para el mundo empresarial. Es harto conocido y necesariamente transitado para alcanzar las empresas competitividad y mejorar utilidades.
Respecto a la ética en la agenda judicial -que fue lo más estrecho a la conferencia del Dr. Rosatti-, quedó indicado, más allá de importantes resultados concretos ya cumplidos y muy elogiados, que no es ello todo lo suficiente. Siendo muy extensa la agenda por lo incumplido aun donde se involucra tanto el sector justicia como la misma sociedad civil.
Digo -por mi parte- ratificando ello, que el solo voluntarismo no transforma las instituciones y que, más allá de triunfos esporádicos que se puedan conocer (destituciones de jueces, celeridad en ciertas causas, etcétera), hace falta:
1) La voluntad política y el decisionismo moral de la CSJN para estos abordajes.
2) Un acompañamiento activo del Consejo de la Magistratura nacional y de los poderes judiciales provinciales.
3) Saber que en el desafío no hay camino sin caminante. Quizás se haya encontrado al menos uno que esté dispuesto a realizarlo. El tiempo dirá.
Para dicha tarea, apunto ahora que habrá que revisar estos aspectos:
1) Generar estadísticas y datos completos acerca de la fisiología de los poderes judiciales.
2) Reconocer que los modos de selección de los jueces siguen siendo primitivos aunque sean modernos.
3) Asumir que faltan mecanismos de evaluación constante de la práctica judicial.
4) Que ésta no puede seguir desnormativizada, cuando existen procedimientos reglados para ellas.
5) Los comportamientos impropios de los jueces son corrientes y nadie parece ocuparse de ellos.
6) Existe una severa, incontrolada y peligrosa transferencia de funciones jurisdiccionales a personal inferior.
Todo ello entre otros aspectos.
