Miguel Langón, profesor de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de la República (Uruguay).
El dilema del mundo moderno apunta a desentrañar cómo se hace para combatir las nuevas formas de criminalidad -como pueden ser el terrorismo, el lavado de dinero, el tráfico de órganos, la trata de personas- sin violar las garantías de los ciudadanos.
La persecución de este tipo de delitos parece cada día más compleja y el derecho Penal se va transformando y readecuando a medida que cambian los tipos penales. De visita en nuestra ciudad, en el marco del Congreso de Jóvenes Penalistas, el uruguayo y reconocido catedrático Miguel Langón hizo un análisis de la situación con Comercio y Justicia.
-Ha desatado muchas críticas la profundización de la Convención de Palermo. ¿Por qué? ¿Cuáles son los problemas que se plantean?
-Esta convención de Palermo contra el crimen organizado se agudizó muchísimo luego de la destrucción de las Torres Gemelas, en 2001. A partir de allí aparecen nuevos métodos de prueba, como por ejemplo, la figura del agente encubierto, del arrepentido, la entrega vigilada, las escuchas electrónicas. Paralelamente, los norteamericanos sacan una ley que se llama el acto patriótico y que se basa en el principio de que la garantía de los individuos debería ceder frente a la importancia del daño que se podría causar. Aunque no se llega a decir, con esto casi se justifica la tortura porque, en definitiva, yo tengo que saber la verdad y para saber la verdad tengo que recurrir a estas cosas. Tengo un bien tan grande que salvar porque -por ejemplo- entró el virus del antrax a la Argentina, que tengo que hacer lo que sea. Uno se pregunta: ¿y si se tortura a un inocente?, y bueno, la salvación de una ciudad vale el sacrificio de una persona.
Lo mismo pasa con las escuchas teléfonicas, por ejemplo, no importa que violen la intimidad de las personas. Todo ello trae como resultado un Estado que encamina al derecho a convertirlo en un derecho penal totalitario.
-¿Considera que esta forma de perseguir el delito se replicará también en Sudamérica?
– En Uruguay ya tenemos una ley, que está vigente, que establece que quienes asistieren o asesoraren a los que cometen un delito, también cometen un delito. Sobre ese punto uno piensa, por ejemplo, en qué ocurre con los abogados. Su conducta de asesorar a un cliente pasa a estar criminalizada. Pero se va más allá, se habla de los honorarios maculados, si tú cobras honorarios de alguien que lava dinero, se dice que es un dinero ilícito y entonces tú también pasas a ser un lavador de dinero. Y esto no termina aquí, los abogados, escribanos y contadores van a tener la obligación de denunciar a sus propios clientes, así como se estableció que los bancos deben informar aquellas operaciones que consideren sospechosas a una unidad de investigación financiera que funciona en la órbita del Poder Ejecutivo. Entonces, vos vas a comprar una casa, vas al escribano y el escribano verá en vos -que sos su clienta- a un sospechoso y puede informar de las cosas que estás haciendo a un banco de datos que produce información y que no sabes hasta dónde puede llegar. Así, aparece un gran ojo del Estado que todo lo ve, que todo lo sabe. Obviamente, con todo eso podés perseguir el contrabando, la defraudación tributaria… pero la pregunta es, ¿a costa de qué? Frente a un dereho penal de resultado, de causación, aparece ahora un derecho penal real que en haras de la solidaridad y de los valores superiores hace lo que se le ocurre.
La otra cuestión que uno se pregunta es ¿quién va a controlar a estos órganos que van a tener tanta información y, por lo tanto, tanto poder? Todos sabemos que el exceso de poder y de información te puede corromper.
– ¿Considera que estamos retrocediendo, entonces, como sociedad?
– Hay algunos que dicen que esto es una vuelta hacia atrás de la historia, que es una basura, que hay que luchar contra la delincuencia con los medios que tenemos. Hay otros que dicen que hay que hacer un “derecho excepcional” para casos excepcionales; como pueden ser el narcotráfico, los secuestros extorsivos. El peligro de eso es lo que uno llama la potencialidad expansiva: si te resulta efectivo para el terrorismo, entonces empiezas a pensar por qué no aplicarlo al contrabando, a la defraudación tributaria, y termina extendiéndose el derecho excepcional a todos los casos. Por último, hay quienes sostienen que al derecho penal clásico se le pueden sumar algunos instrumentos excepcionales para casos especiales.
-¿Cómo se sale de la encrucijada?
– Es difícil encontrar el equilibrio. Hay quienes dicen que hay ciertos delitos que son creados por el Estado, el caso de las drogas, por ejemplo. El problema del tráfico de drogas es que se penalizó, a los Estados se les ocurrió prohibir su consumo. ¿Por qué no se puede comprar droga? Si tú eres una persona adulta y te avisan que esto mata, causa adicción. Entonces, liberen la droga y se acabó el problema. Hay que dejar de hacer todo esto que no ha tenido un resultado eficaz y que, además, crea una gran criminalidad y genera una importante ganancia a las bandas,; porque la droga cuesta lo que cuesta porque está prohibida.
– Cuando aumenta la actividad delictiva se reclama aumentar las penas ¿Sirve ello para algo?
– Con las penas siempre pasa lo mismo, la vida es limitada. Vamos por lo más grave: un individuo mata y viola a una niña de tres años, entonces uno dice “bueno, éste es un delito que admite la pena de muerte”, pero ¿qué pasa si viola a dos?, no lo podes matar dos veces. La pena, si lo miras desde el punto de vista de la víctima, siempre va a ser insuficiente; lo importante es verlo desde el punto de vista del Estado, en perspectiva. A veces las penas excesivamente severas causan más criminalidad.
