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El representante de los letrados de Córdoba asegura que la reforma judicial pretende “domesticar y controlar” el Poder Judicial para garantizar la impunidad del Gobierno nacional.
La Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba, en igual tesitura que todos los colegios de abogados que constituyen la Federación Argentina de Colegios de Abogados y de las Asociaciones de Magistrados del país, está decidida a defender la libertad, la justicia y a la misma República, amenazada por los proyectos de ley que, bajo el eufemismo “democratización de la Justicia”, lo que el Gobierno nacional pretende es “domesticar y controlar” el Poder Judicial.
En 30 años de democracia, la Nación perdió la independencia del Poder Legislativo y estamos ahora frente a una embestida del Poder Ejecutivo, acompañado por los legisladores oficialistas y afines, para que el Poder Judicial pierda la independencia que la Constitución establece, que es esencial al régimen republicano.
Al no poder modificar la Constitución Nacional (CN) para eliminar la existencia del Consejo de la Magistratura, recurren groseramente a modificar la ley respectiva, avasallando todos los principios rectores del artículo 114, CN, especialmente el “equilibrio” que debe existir entre los estamentos que componen aquél.
Todo será dependiente del partido político que triunfe en las elecciones primarias. Se partidiza, sin dudas, todo lo atinente a la designación de jueces y su posible suspensión o destitución.
Es tan grave el avance que está perpetrando el Gobierno que no sólo pretende manejar el Poder Judicial para garantizar su impunidad, sino que también restringe el derecho de los ciudadanos de protegerse contra los actos irregulares del Estado, derogando tácitamente el recurso de amparo consagrado justamente para ello y sepultando definitivamente el avance que constituyó el principio de la tutela judicial efectiva.
No otra cosa que consagrar la impunidad del Estado y de sus funcionarios constituyen los proyectos referidos a medidas cautelares y creación de cámaras de Casación.
La mayoría de votos a favor de un gobierno, siempre transitorio, otorga el derecho de cumplir con la Constitución Nacional, nunca para violarla.
De ser mayoría popular a ser dictadura bajo una forma democrática es sólo un paso, y la abogacía organizada no está dispuesta a permitir ese avasallamiento.
Estamos preparados para defender la Constitución Nacional en el lugar que insignes maestros lo han hecho, ante cada juez de la Nación que, cumpliendo con su juramento de respetar la Carta Magna, dicte la correspondiente inconstitucionalidad de las leyes hoy en tratamiento en el Congreso Nacional.
Se pondrá a prueba definitivamente la calidad institucional y constitucional que posee la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ella confiamos, como poder garante último y básico de los derechos conculcados.
Por último, proviniendo las abogadas y abogados cordobeses, en su gran mayoría, de aquella invocación reformista del año 1918, cuando prohombres nos legaron una universidad democrática, hoy con tristeza, analizando los proyectos de ley, a contrapelo de aquella manifestación libertaria y americanista, debemos decir que “desde hoy contamos para el país una vergüenza más y una libertad menos”.
Avanzaremos, con la Constitución en nuestras manos, para que estos “nuevos dolores que nacen no aumenten las libertades que faltan”.
