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La historia se repite desde la soberbia del dinero que se destina, sin riesgos, al servicio del juego organizado. El capital invertido en infraestructura de juegos de azar como casinos, bingos y tragamonedas (llamados slots para disimular que se traga y consume el dinero de quienes apuestan) se lo supo presentar como eje de desarrollo. Incluso se publicitó a “Córdoba, la mayor cadena de casinos del país” (recuérdese el cartel que existía desplegado en la autopista a Carlos Paz). Publicidad que avergüenza de pensar que ante el mundo nuestra identidad se asocie al juego y no a la historia, la calidad del pueblo cordobés y a una geografía privilegiada.
De acuerdo con la prédica gubernamental que se hizo, hace y reitera de manera tramposa, el juego trae trabajo, obras, turismo y nos posiciona en el mundo. Nos hace aparecer como que somos algo en la nueva globalidad, si en Córdoba hay muchos hoteles con casino. La realidad ha demostrado que no es verdad lo que dicha prédica indica. Tal fuerza puesta por el Gobierno provincial para imponer los juegos de azar se puso en evidencia cuando los habitantes de Río Cuarto cuestionaron las máquinas tragamonedas en el centro de la ciudad o quisieron poner horarios para su funcionamiento y aquél se los impuso, por sobre la voluntad de la sociedad.
Sin embargo, para bien en los últimos años algunos municipios cordobeses dictaron ordenanzas para impedir que las tragamonedas se instalaran en sus ejidos. Entre ellos se puede mencionar a Villa General Belgrano, Río Tercero, Almafuerte, Arroyito, Colonia Caroya, Sampacho, Pilar, Río Segundo y Porteña.
Si bien el juego puede ser una actividad recreativa, no necesariamente mala, en exceso o incentivada por el Estado y con un acceso demasiado facilitado, se transforma en un arma en contra de la comunidad y es generador de un vicio adictivo como es la compulsión de jugar, que ha llevado a la ruina a personas, familias, empresas y pueblos. Incluso, a la pérdida del más elemental juicio de responsabilidad, que trajo, por ejemplo, el abandono de niños por los padres en las puertas de casinos, como sucedió en marzo de 2008 en San Francisco. A nadie escapa también que alrededor de salas de juegos de azar estables crecen la usura, la prostitución, el alcohol y la droga.
En la provincia de Córdoba existen instaladas salas de juego en 17 ciudades, en las que operan 3.700 máquinas tragamonedas.
Además, hay que reparar en que el dinero que devuelve el juego en impuestos es insignificante al lado de lo que se llevan quienes lo administran, con ganancias, incluso, difíciles de controlar eficazmente. Dinero que también, en definitiva, se sustrae del capital social, porque podría destinarse al servicio de actividades valiosas para las personas y los pueblos.
Nuevamente, el debate sobre el juego vuelve a tomar fuerza y actualidad ante el proyecto de ley, del presente diciembre, de los legisladores provinciales Orlando Arduh, Silvia Paleo, Alberto Ambrosio, Darío Capitani y Raúl Recalde, por el que pretenden legitimar la actividad del juego on line “en distintas modalidades, medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos o en los que en el futuro se desarrollen en el ámbito de la provincia de Córdoba” (art. 1). Ellos argumentan que se busca regular una actividad que existe de modo clandestino y que debe el Estado aparecer para terminar con la ilegalidad, dado que en Internet operan cientos de sitios de juegos y apuestas, en los que ha aumentado la participación con motivo de la pandemia.
Hay que recordar que, de una manera similar, el 13 de enero de 2007, el Gobierno de Córdoba, por medio de Lotería de la Provincia, llegó a llamar a licitación pública nacional para la “provisión, instalación, puesta en marcha, operación y soporte técnico necesario” para la prestación de un servicio de casino on line, “originado en una iniciativa presentada por un tercero”, según el aviso. La comunidad logró que no se concretara.
Luego, en diciembre del año 2012, ingresó a la Lotería de Córdoba un pedido de la firma Boldt para instalar máquinas de quiniela instantánea en las agencias oficiales de quiniela, en un mecanismo similar a las tragamonedas -de cobro inmediato-. Propuesta que no prosperó, entre otras razones, atento a lo dispuesto por la ley provincial 8665 (art. 2, inc. b) y la ordenanza de la Municipalidad de Córdoba 11684, artículo 29, que prohíben todo tipo de juego en Córdoba, en un radio de 20 kilómetros tomados desde la plaza San Martín.
Ahora se reinstala la discusión, como una manera de probar si los anticuerpos éticos-sociales reaccionan adecuadamente ante nuevas encaradas del capital al servicio del juego.
Entre los fundamentos del proyecto se sostiene que mediante la regulación del juego on line se lograrían ingresos para una actividad que se da de hecho y que no tributa; lo que es inaceptable como argumento de justificación ya que, con ese criterio, el Estado entonces podría comercializar droga, ya que el negocio del narcotráfico es clandestino, redituable y no tributa.
También el diputado Arduh, en Crónica Matinal, por Canal 10 de Córdoba, dijo que “éste es un proyecto que venimos enmarcando en sintonía con la ley presentada por María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y Larreta en la CABA y en casi 13 provincias del país”. El proyecto sería impulsado por Juntos por el Cambio y se estima que el oficialismo cordobés habilitará su tratamiento. Una vez más, toda la firmeza de la sociedad debe ejercerse para que la iniciativa presentada no avance. De lo contrario, ocurriría un retroceso que los cordobeses no merecemos.
(*) Abogado constitucionalista y periodista de opinión
