ESCUCHARFuncionan en pequeñas comunidades y están organizadas por los propios productores y consumidores. No están reguladas por organizaciones estatales o bancarias y en el último lustro formaron una plataforma mundial integrada.
Por Javier de Pascuale – [email protected]
A lo largo y ancho de todo el planeta, las comunidades locales buscan autogenerar respuestas diversas a necesidades hasta ahora insatisfechas por el sistema económico hegemónico. Las monedas sociales expresan una de estas innovaciones, quizás una de las más complejas surgidas del desarrollo económico “endógeno”. Ya son más de 600 las monedas sociales circulando en todo el mundo -cinco de ellas en Argentina-, se han organizado en una red mundial y es una tendencia que va en rápido crecimiento.
El Mercado Social que funciona en Cataluña, España, con 32 diferentes regímenes monetarios comunitarios integrados en una red, define la moneda social como “un instrumento para conseguir relaciones económicas igualitarias y basadas en el trabajo real.
La moneda social se crea y se destruye por y en función de la actividad económica real que se dan entre las entidades y personas participantes”.
¿Cómo funciona este sistema? Ante todo, en una comunidad limitada. Es una moneda local, que no produce intereses y que no tiene sentido acumular, aspecto que elimina la posibilidad de especular con ella y facilita su alta rotación, por lo que favorece los intercambios que se realizan a escala comunitaria. En este sentido, nunca hay escasez de moneda sino que existe tanta como riqueza o trabajo real hay en el mercado social.
Estas características la convierten en una moneda que se crea de forma democrática, descentralizada y comunitaria, lo que permite consolidar y potenciar economías locales basadas en la cercanía y el conocimiento mutuo.
Aunque los sistemas vigentes son diferentes en cada comunidad, suele no tener una representación física (billetes o similar). Los intercambios en moneda social se realizan generalmente en estos casos a través de procedimientos electrónicos mediante una interfaz web en la que cada usuario dispone de una cuenta propia en moneda social. En todos los casos conviven con la moneda circulante nacional o regional, en una cierta relación de equivalencia o no, pero siempre es dinero de dominio público controlado comunitariamente, por la propia red de proveedores y consumidores que la crea. Al ser “creada” por los usuarios y no por una tercera persona que está fuera del circuito de compradores y vendedores, son los propios actores de la economía real local los que controlan su uso, evitando de esta manera terceros agentes que extraigan beneficios hacia afuera del sistema de producción y consumo.
La red mundial CES (Community Exchange System) o Sistema de Intercambio en Comunidad, surgida en 2008 en Sudáfrica, facilita una plataforma mundial para el reconocimiento, registro y promoción de las monedas sociales. El sistema registra al día de hoy 631 regímenes monetarios locales alternativos, distribuidos en 63 países con mayor o menor desarrollo de iniciativas. España, con 185 monedas sociales, encabeza la lista, seguida por Estados Unidos (99 monedas), Sudáfrica (45), Finlandia (42), Australia (31) y Nueva Zelanda (30), en un listado que incluye una decena de países lationoamericanos, también a Argentina.
Mientras en América Latina circulan 44 monedas sociales diferentes, en nuestro país la red internacional registra cinco iniciativas locales con regímenes monetarios en pleno funcionamiento, dos en la provincia de Buenos Aires, uno en Capital Federal (Almagro), uno en Entre Ríos (Paraná) y uno en Río Negro (El Bolsón). Con nombres como peko, peso tuki, onda, unite o simplemente crédito, estas monedas son administradas en todos los casos por redes locales de productores y consumidores vinculados con mercados sociales que en algunos casos administran también “bancos de tiempo” sociales, otra innovación vinculada con el intercambio ya no de bienes pero sí de servicios. Diversas formas que toma lo social a las limitaciones de un sistema económico que no termina de asegurar las respuestas que está requiriendo la sociedad y que encuentran en el concepto de red, de precio justo y en el de equidad, una respuesta a sus demandas.
