ESCUCHAR
La minería ilegal es uno de los negocios más prósperos que se hayan podido concebir. No sería posible sin la complicidad de los órganos del Estado. Resulta al menos curiosa la injerencia del lobby minero en todos los gobiernos de todas las naciones.
Las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos se acumulan en los estrados de la Justicia. En Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Venezuela y Colombia esa práctica es moneda corriente.
Un alto dirigente gremial de La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la actividad Minera Argentina (Asijemin), alguna vez, en un reputado estudio jurídico aseveró: “Nadie en tribunales resiste un tiro de 500 mil dólares.”
En tiempos de la presidencia de Alberto Fujimori los mineros peruanos contribuyeron a la esterilización forzosa de alrededor de 270 mil mujeres y 40 mil hombres, la mayoría indígenas. Los grandes medios de prensa locales guardaron silencio cómplice. Organizaciones no gubernamentales de carácter humanitario cargaron sobre sus espaldas el drama de miles de peruanos habitantes de las sierras y la selva.
Esa denuncia sólo tomó cuerpo cuando los diarios The Guardian, El País y La Repubblica se interesaron en las abrumadoras probanzas existentes en la Justicia peruana, las cuales sirvieron para llevar a la cárcel y condenar al ex presidente Alberto Fujimori, a tres de sus ministros de Salud Pública y al resto de su gabinete, así como a cuatro centenares de médicos quienes, a cambio de enormes prebendas, fueron partícipes activos en la esterilización forzada de personas.
En los mentideros de los alrededores del London Metal Exchange -el mayor mercado del mundo en opciones y contratos a futuro de metales no ferrosos- y en las asociaciones mineras a las que hemos tenido acceso se asegura que han pagado alrededor de 5 mil millones de dólares para que se autorice sin control la devastación del Amazonas y la contaminación de sus ríos.
El aumento de la minería ilegal en la región amazónica, en Colombia y Perú -y sobre todo en Venezuela- ha incrementado la contaminación fluvial de toda la cuenca, que se ve agravada por el transporte de petróleo, que genera escapes de crudo, y por el vertido de aguas residuales relacionadas con la creciente deforestación.
La minería ilegal se ha extendido especialmente en los últimos 30 años, habida cuenta del incremento del precio de los minerales.
A pesar de la caída general del precio de las materias primas, la cotización se ha mantenido alta en el caso del oro, que como valor refugio resiste la desaceleración económica mundial.
Hasta los más elementales manuales de mineralogía enseñan que para obtener oro se requiere del uso de mercurio para separarlo de las rocas o piedras en las que se encuentra. Se calcula que la actividad minera ilegal vierte de promedio unos 24 kilos de mercurio por kilómetro cuadrado.
La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) en su informe “Análisis de Diagnóstico Transfronterizo Regional de la Cuenca Amazónica”, de 2018, estima que solamente la Amazonia brasileña recibió 2.300 toneladas de mercurio hasta 1994 y luego ha registrado volúmenes en torno a las 150 toneladas anuales.
Indica, además, que la explotación minera está localizada en el Escudo Guayanés, en las zonas andinas de Perú y Bolivia y en el piedemonte colombiano. Entre 100 mil y 200 mil personas se dedican a esta actividad en Colombia y también en Perú, cifra que se dobla en el caso de Brasil.
La Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), en su estudio “La Amazonia saqueada” (2018), constata que la superficie en la que se da la minería ilegal “va en aumento”, especialmente en Venezuela, donde “los reportes cambian drásticamente de año en año”. La RAISG computa 2.312 puntos de la región amazónica donde existe actividad minera ilegal, de los cuales 1.899 son venezolanos,
La explotación minera da una doble funcionalidad a los ríos, según el informe de RAISG. Se utilizan para la introducción de maquinaria y para dar salida a los minerales. Ello tiene graves efectos medioambientales, a la par que afecta la salud de los pueblos indígenas, pues la contaminación de los ríos con mercurio afecta a los peces y los otros seres vivos que se mueven en el entorno fluvial. Dado que la dieta principal de los pueblos indígenas es el pescado, la ingesta de niveles altos de mercurio acaba dañando gravemente la salud de poblaciones enteras.
Otro aspecto de la actividad minera tiende a la apropiación de tierras e incursión en áreas naturales protegidas del Amazonas, incrementando la deforestación y la reducción de biodiversidad. Cientos de helicópteros artillados sobrevuelan el Amazonas para acabar con la población nativa. Las áreas de Tapajós y Xingú en Brasil, junto con el escudo Guayanés, son las áreas más afectadas por la deforestación, según la RAISG.
Recogiendo estudios previos, esta organización indica que la desforestación derivada de la extracción de oro se ha acelerado en los últimos 20 años, pasando de una deforestación de 377 km2 entre 2001-2007, a una deforestación de 1.303 km2 entre 2007-2013.
En Perú cabe destacar el caso del departamento Madre de Dios, donde se deforestaron 1.320 hectáreas entre 2017 y 2018.
Además de causar daños ambientales irreversibles, la minería ilegal se ha citado como uno de los factores que contribuyen a intensificar y mantener los conflictos violentos, pues la venta de minerales extraídos de forma ilegal es una importante fuente de ingresos para las milicias clandestinas, los caudillos, los grupos delictivos organizados y las organizaciones terroristas.
Las organizaciones delictivas también obtienen beneficios mediante el control ilegal del acceso a las minas o la extorsión para obtener pagos por las operaciones mineras o siendo beneficiarias finales o de otro tipo de las empresas extractoras.
La mejor manera de ilustrar la relación entre los conflictos violentos y los recursos minerales es con el ejemplo de los minerales conflictivos, en particular los diamantes. Es de sobra conocido que las guerras civiles que ocurrieron en África en la década de 1990 y principios de la década de 2000 fueron libradas en gran medida por grupos insurgentes que adquirían armas de fuego y municiones con los recursos producto de la explotación ilegal de las minas de diamantes y del comercio ilícito de estos. Los minerales conflictivos han impulsado y siguen perpetuando la violencia armada.
La minería ilegal y el tráfico de metales y minerales son motivo de preocupación para la comunidad internacional. Éstos se sirven de la minería ilegal y el tráfico de metales y minerales para obtener acceso a técnicas de blanqueo de dinero difíciles de detectar y a las cadenas de suministro legítimas de las empresas del sector minero.
El Consejo Económico y Social de Naciones Unidas recordó que había subrayado la necesidad de elaborar estrategias polifacéticas y coherentes para luchar contra el tráfico de metales preciosos, e invitó a los Estados miembros a que adoptaran las medidas apropiadas para prevenir y combatir el tráfico de metales preciosos por grupos delictivos organizados, mediante la cooperación internacional prevista en la Convención contra la Delincuencia Organizada y en la Convención contra la Corrupción.
En 2020, en su resolución 75/196, la Asamblea General recalcó el considerable aumento del volumen y la variedad de los delitos relacionados con el tráfico de metales preciosos y minerales, reconociendo la posibilidad de que se utilizaran como fuente de financiación de la delincuencia organizada y el terrorismo, por lo que exhortó a que se adoptaran medidas apropiadas y eficaces para prevenir y combatir el tráfico de metales preciosos por grupos delictivos organizados, incluida la aprobación legislativa de singulares blanqueos de capitales sin averiguar su origen.
