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La aplicación de la ley de medios transita hoy un momento clave, en el cual se encuentra en juego el avance real de la desmonopolización del sector, a partir de la incorporación de señales y contenidos generados de manera local. Repensar formatos y generar estrategias comerciales capaces de sostener proyectos de comunicación son los principales desafíos a los cuales se enfrentan los profesionales y empresarios que apuestan al rubro.
Para dilucidar éste y otros puntos, Fundación Ábaco, la Universidad Católica de Córdoba y el Círculo Sindical de la Presa (Cispren) invitaron a Ernesto Espeche -doctor en Comunicación, docente, director de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Cuyo y de Radio Nacional Mendoza- para el dictado de un seminario que se desarrollará entre el 2 y el 4 de noviembre en el Cispren (Obispo Trejo 365). Comercio y Justicia dialogó con el especialista para anticipar y echar luz sobre una temática que exige hoy una oportuna reflexión.
– ¿Por qué retomar hoy el análisis del contexto que posibilitó la aparición de la ley?
Porque la sanción parlamentaria de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el rico debate público que la precedió se inscriben en el cambio de época que experimenta la región. Las políticas públicas de ampliación de derechos son un signo de estos tiempos. Asistimos a una reinvención de la democracia a partir de la participación colectiva y la recuperación de la política. Es un escenario que permite la motorización de fuertes transformaciones en el plano cultural. En ese sentido, las legislaciones incorporadas a nuestro cuerpo jurídico son una resultante de las determinaciones históricas y no una mera acumulación de instrumentos legales.
Pensar la democratización de la palabra nos obliga a trascender una mirada estrictamente comunicacional para contemplar las múltiples dimensiones que intervinieron en su reconocimiento como derecho.
– ¿Cómo evalúa el estado actual de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual?
Dos años después de su aprobación, la ley comenzó a impactar en la emergencia de nuevos contenidos. Se llamó a concurso de 220 canales de aire después de décadas en las que se naturalizó la idea de que la diversidad de señales sólo venía por cable y había que pagar. Vamos a encontrar en poco tiempo una oferta amplia y gratuita.
Otro avance que se relaciona con el debate instalado por la ley es la relativización del impacto de los mensajes emanados de los monopolios: pudimos reconocer como sociedad que los discursos mediáticos no son neutrales, que una pretendida verdad incuestionable enmascara posiciones parciales y que todo hecho susceptible de ser transformado en noticia es, al mismo tiempo, una interpretación, una mirada posible.
Los obstáculos que encontró la aplicación de la ley se inscriben en dos aspectos. Uno es el que se desprende de casi tres décadas de ausencia de una legislación adecuada al sistema democrático. Esa ausencia se traduce hoy en un mapa de medios caótico e hiperconcentrado. Su ordenamiento llevará trabajo y tiempo pero se está avanzando en ese camino. Otro es el resultado de la resistencia de los monopolios a ajustarse a derecho. Las chicanas jurídicas frenaron por mucho tiempo -casi un año- la aplicación de la ley. Hoy hay un par de artículos claves frenados por las complicidades de un sector del Poder Judicial con los grupos de poder fáctico. La oposición política, además, no ha designado a los representantes que le corresponden en las distintas instancias participativas de seguimiento y aplicación de la ley. Hubo en ello un intento de deslegitimación. En general, la estrategia de la oposición política y mediática especuló para ganar tiempo con la idea de que en las elecciones presidenciales se produjera un cambio de signo político que, a su vez, permitiera derogar o modificar la ley en su sustancia. Dados los resultados del último 23 de octubre, es esperable que, finalmente, se sometan a las decisiones de la sociedad y se ajusten a la ley. De todos modos, la Justicia deberá destrabar en breve los nudos armados por los monopolios.
– ¿Cuáles considera que son las batallas que resta dar en el campo de la comunicación argentina?
La principal batalla se da en el terreno de las ideas. Creo que, más allá de la democratización del sistema de medios, el eje filosófico es “autonomizar” la política de los medios de comunicación. Por años, la política sólo fue comprendida desde una matriz mediática, espacio fundamental donde se desarrollaba bajo una lógica no ingenua que la banalizó y la redujo a su mínima expresión. El desafío es romper definitivamente con la subordinación de la política bajo la lógica de los medios. Éstos deben ser, claro, espacios diversos en los cuales la política se desarrolle, pero no únicos ni esenciales. En esa batalla nos jugamos las posibilidades transformadoras de la política. Creo que vamos en buen camino.
– ¿Qué rol considera deben desempeñar los medios públicos en el contexto actual?
Deben ser, junto a los medios populares y comunitarios, el refugio de una comunicación no mediada por la rentabilidad ni los dictados del mercado. Deben, al mismo tiempo, asumir el desafío de generar una producción de calidad, superando la absurda dicotomía entre forma y contenido. También son los espacios naturales para que se exprese la enorme pluralidad que anida en nuestra sociedad. También aquí creo que vamos por el camino correcto. Estamos frente a una comunicación pública absolutamente superadora de los límites de otras épocas. Esto tampoco es fruto del azar.
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