ESCUCHARLa pandemia de Covid-19, en sus inicios, por su misma magnitud, fue un tema omnipresente que sólo se centró en ver lo que pasaba con el tema epidemiológico en sí. Sin embargo, como todo en la vida, el mundo sigue girando y, poco a poco, a medida que nos vamos acostumbrando a vivir esta nueva realidad, surgen otras cuestiones. Aumenta el cansancio de la gente por el encierro sanitario obligatorio, a la par de que se van visibilizando viejos y nuevos problemas.
Por ejemplo, hace 40 días pocos hablaban de las consecuencias sociales y económicas de la pandemia. Ahora, es tema central en los medios y en las conversaciones de las personas que ven día a día el impacto en sus bolsillos. Sobre todo, de aquellos que no tienen la seguridad de un sueldo periódico sino que deben crear su propio sustento.
También otro de los temas que salió a luz hace poco aquí, fue el pedido que hicieron los presos para que se les concedieran beneficios carcelarios debido a la pandemia. Para ello alegaban el ya conocido hacinamiento que hay en las cárceles argentinas. Sobre todo en algunas jurisdicciones. Este pedido, y en muchos casos concesiones de los poderes públicos, fundamentalmente del Poder Judicial, causó un amplio rechazo de la mayoría de la población, lo que hizo que se frenaran o incluso fueran para atrás con muchas de las medidas tomadas, lo que dejó, una vez más, la sensación en el ciudadano común de que toda cuestión jurídica puede ser interpretada de distintas formas, a veces claramente opuestas entre sí.
Un caso extremo del problema carcelario ocurrió en Venezuela. Allí sucedieron muertes violentas y múltiples de presos en la cárcel de Guanare. Un hecho que ocurre, no solo en el contexto de la pandemia, sino además, dentro de la crisis extrema que agobia a Venezuela.
En dicho centro penitenciario, 47 reclusos murieron y más de 75 resultaron heridos -según el gobierno-, durante un motín originado en un intento de fuga masivo. Pero en la represión para recobrar el control del penal, sólo una sargento y el director del penal resultaron heridos entre las fuerzas de seguridad. Una disparidad de bajas que llama la atención. En distinto sentido, las voces de los presos y sus familiares sostienen que lo que causó el motín fue que los guardias, desesperados por la falta de comida, robaron los alimentos que los familiares acercaban a los reclusos, quienes ante el hambre comenzaron a comer animales callejeros. El hambre, sumado a la falta de visitas por el Covid, al hacinamiento y a la situación general del país, produjo el levantamiento, reprimido con el saldo de sangre antes señalado por la Guardia Nacional.
Carolina Girón, de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), sostuvo: “Lo que efectivamente ocurrió es una masacre de presos”, y agregó: “No es verdad que hubo un intento de fuga, lo que había era una revuelta de un grupo de reos que protestaban porque no les habían permitido el acceso a los alimentos” y por los “privilegios” de los que gozan los “pranes”, es decir los cabecillas de los presos. Ahora se ha decidido impedir que los familiares les acerquen comida, además de continuar con la prohibición de visitas. Como se ve, todo este luctuoso hecho se halla lejos de terminar.
No es la primera tensión de estos tiempos de pandemia respecto a los derechos esenciales de las personas, aunque sí la más extrema respecto de la vigencia de los derechos humanos.
En nuestro medio no existe la gravedad de esos casos pero sí se han producido reclamos por hechos relativos a la libertad de expresión. En nuestra ciudad, el 24 de abril tres abogados fueron detenidos mientras se manifestaban frente al Palacio de Tribunales I de la ciudad de Córdoba, pidiendo que se retomaran las actividades judiciales. El pasado viernes 8, un comerciante con local en el centro de la ciudad de Córdoba fue detenido en cercanías del Patio Olmos luego de una protesta. Algunas voces hablan de que las normas de aislamiento son utilizadas para no dar espacio a determinadas protestas.
En cualquier caso, la tensión entre el ejercicio de ciertos derechos como el de manifestarse respecto de las necesidades de asilamiento parece ir en aumento.
Al respecto, cabe destacar la declaración respecto a los derechos humanos en la pandemia dada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 10 de abril de este año, en el sentido de que “el Covid-19 se presenta de manera distinta en cada país y observamos que las respuestas también han sido diferentes. En cualquier caso y por su propia naturaleza, las acciones estatales deben estar centradas en las personas. Toda acción de gobierno debe emprenderse para garantizar y proteger los derechos humanos”.
Es un norte que no debe perderse en los actuales momentos.
(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas
(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales
