ESCUCHARPor Luis Carranza Torres y Carlos Krauth
A nuestro entender, uno de los principales problemas que detienen nuestro progreso social o una mejor calidad de vida individual es la esclerosis en las ideas. Y en esto, como pasa en otros asuntos, nadie es, realmente, lo que dice ser.
Grupos, sectores o facciones que se autotitulan “amplios”, “inclusivos” o “progresistas” rechazan toda posibilidad de discusión de cambio en diferentes áreas. El mero anuncio de pensar algo de modo distinto genera una andanada de críticas, quejas y descalificaciones, las que muchas veces se materializan en marchas, cortes de calles, repetición de consignas y eslóganes superficiales.
Nada es más nefasto para nuestra Argentina que contestar a una idea con un prejuicio de tipo “ideológico de potrero”, ya que la ideología no es mala o buena per se. Marca una posición frente a un estado de cosas. Lo que pasa es que, como con los salames que dicen ser de la Colonia u Oncativo, las más de las veces se pretende hacer pasar por tal lo que no es sino un superficial aquelarre de prejuicios o, peor aún, de conveniencias políticas.
Algo de eso (o mucho de ello) ocurre con la cuestión de los delitos cometidos por menores. Cada vez que alguien anuncia que va a modificarse la ley vigente aparecen voces de protesta (que incluyen grupos con gran poder) que tienden a impedir que el tema al menos se debata. Si hacemos memoria vemos que prácticamente todos los últimos gobiernos han planteado el tema, pero rápidamente esas iniciativas se fueron acallando. Tal vez sea porque la idea de la modificación giraba sólo en bajar la edad de la imputabilidad sin decir mucho más sobre una reforma integral de la legislación respectiva.
En los últimos días hubo un anuncio del Gobierno nacional que, a primera vista, seguía la misma dirección que los anteriores, ya que se centra en la baja de la edad para considerar responsables penalmente a los menores. Sin embargo, al poco tiempo salieron distintos funcionarios, fundamentalmente del Ministro de Justicia, para aclarar cuál es la intención de la reforma.
Según los dichos del funcionario, se hará sobre la base del consenso político y la Unicef. Si bien el organismo expresó su rechazo a la ley actual, señalando que “la normativa vigente (ley 22278) es incompatible con los derechos de los niños. Se trata de una ley elaborada durante la dictadura, de corte tutorial, que es necesario modificar”, y la oficial nacional de Protección y Acceso a la Justicia, María Ángeles Misuraca, se opone a la baja de la edad de imputabilidad, estimando que es “dar un paso atrás”, a Unicef le interesa se trabaje en la ampliación de medidas alternativas a la privación de la libertad.
Parecería que la idea oficial pretende flexibilizar la edad, tal como lo refleja los dichos de Germán Garavano, quien remarcó que “el salto mayor” en el delito “se da en la franja de los 15, más que de los 14”, lo que se opone al pensamiento de Unicef. No obstante, ambos actores coinciden en la necesidad de la prevención y no tanto en la represión. “Es necesario que el Estado ponga mayor cantidad de recursos en las etapas iniciales, es decir en la prevención” dijo el ministro.
No sabemos si el proyecto progresará o se aprobará, no entramos aquí tampoco en una crítica ni tenemos postura a favor. Hacerlo seria pre-juzgarlo, ya que poco se sabe al respecto. Por supuesto que, en la medida que conozcamos la “letra chica”, aportaremos alguna opinión al debate, pero de ideas, democrático y con tolerancia del que piensa distinto.
De lo que si estamos seguros es de que algo hay que hacer, ya que no sólo se trata de una legislación hecha por un gobierno de facto, sino fundamentalmente porque quedó superada, ya que es evidente no sólo que la sociedad sino que el comportamiento criminal cambió sustancialmente en los últimos 30 años, lo que incluye obviamente la situación y participación de los menores.
Bregamos desde aquí porque se pueda abrir un espacio de discusión amplia y seria, que permita aportar soluciones reales a un crucial problema de toda sociedad que pretenda algún sesgo de humanidad, como lo es del de la minoridad.
*Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas. **Abogado. Magister en Derecho y Argumentación Jurídica.
