ESCUCHARCuando el Gobierno envíe el pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema, cada Senador y Senadora tendrá en sus manos la carga de definir el futuro de la calidad institucional argentina. Será responsabilidad del Senado aceptar o rechazar que la arbitrariedad, la ineficacia y hasta las sospechas de corrupción judicial que caracterizan a Comodoro Py se trasladen al Máximo Tribunal.
En caso de aceptar a Lijo, el Senado estará evidenciando un problema estructural: la absoluta despreocupación del Estado Nacional, en todos sus poderes, por el funcionamiento del sistema judicial. Desde que un juez federal es designado, su buen o mal desempeño pasa a ser irrelevante para el sistema. No hay estadísticas que lo evalúen en forma periódica, el Consejo de la Magistratura no ejerce sus facultades disciplinarias sobre jueces que cometen irregularidades y las escasas auditorías que se realizan no tienen consecuencia alguna.
Peor aún, es un sistema que premia a los peores. Como lo demuestran las impugnaciones presentadas por diversos organismos especializados, Lijo es el juez con peor desempeño de todo Comodoro Py y cuenta con un tendal de denuncias en su contra que ponen en duda su capacidad para conservar su cargo actual. Sin embargo, es postulado para ascender al Máximo Tribunal de justicia.
Pero esta candidatura no es el único premio que recibió Lijo. Desde el año pasado subroga dos juzgados federales, además del suyo, pese a que la Ley de Subrogancias prohíbe que los jueces con atrasos significativos en las causas a su cargo hagan suplencias en otros juzgados. Estas subrogancias, lejos de representar una carga o un sacrificio, son una fuente de grandes beneficios: implican un aumento salarial de casi el 70% mensual sobre su ingreso básico como juez, sin control alguno sobre el desempeño de esos juzgados.
En otras palabras, Lijo ya controla el 25% de los juzgados del fuero más trascendente del país, que tiene a su cargo las causas de corrupción del Estado Nacional y otros casos de alto impacto o crimen organizado. Su trayectoria demuestra que este enorme poder acumulado por Lijo no fue utilizado para mejorar el funcionamiento de la justicia, sino más bien para expandir la ineficacia y la arbitrariedad características de esos tribunales.
Entonces, ¿cuáles son los motivos que tendrá la dirigencia política para acordar la designación de Lijo?. La falta de explicaciones por parte del Gobierno y el preocupante silencio de la oposición generan un halo de sospechas que comienza a extenderse por todos los despachos del Senado. Los Senadores y las Senadoras de la Nación están a tiempo de no pasar a la historia como los y las responsables de haber convertido a la Corte Suprema de Justicia en la Corte Suprema de Impunidad.
Por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)
