ESCUCHARPor Oscar Gill-Lewis * para elcato.org
En un movimiento profundamente orwelliano, la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está intentando aprobar una serie de reformas judiciales que implicarían que 7.000 jueces tendrían que someterse a elecciones populares, presentando dichas reformas como prodemocráticas, pero en realidad solo cumplen a consolidar el poder de la presidenta Sheinbaum.
Votar por jueces no es necesariamente una mala idea. Otros países, como Estados Unidos y Suiza, también eligen a algunos de sus jueces. La principal diferencia radica en el alcance de las reformas, ya que en México se elegiría a todos los jueces. Incluso en el caso de estudio más similar, Bolivia, los cambios no se aplicaron a todo el poder judicial. Esta política fue implementada en 2009 por el entonces presidente Evo Morales.
En Bolivia, los jueces que podían presentarse como candidatos, eran seleccionados de acuerdo con la visión política del gobierno o, al menos, aquellos que simpatizaban con esta. Los políticos bolivianos luego recurrían a los tribunales para perseguir a sus rivales políticos. Bolivia incluso sufre luchas de poder que han retrasado las elecciones judiciales. El mismo proceso que se suponía debía hacer al gobierno más democrático ha creado politización, retrasando las elecciones que se suponían debían cortar de raíz la corrupción.
¿Por qué la presidenta Sheinbaum cree que el resultado será diferente en México? Estas elecciones harán que todos los que se postulen sean aún más vulnerables a las influencias de los políticos que busquen corromperlos, orientándolos hacia los intereses particulares de esos políticos. Esto es especialmente grave, dado que la mayoría de los que se postulen ya habrán sido preseleccionados previamente por el partido Morena. Si el hecho de postularse a una elección tiene el potencial de corromper a estos candidatos judiciales, Sheinbaum casi lo está garantizando con esta preselección. Además, en cada boleta electoral habrá cientos, a veces miles, de nombres entre los que elegir. ¿Cómo esperan los partidarios de las reformas que los votantes tomen decisiones informadas? Se podría pensar, erróneamente, que este es el objetivo del partido Morena.
Además, los cambios en la política crearían un Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos miembros también serían elegidos por voto popular y tendrían amplios poderes para investigar y, posiblemente, incluso destituir o enjuiciar a jueces. Las decisiones del tribunal serían finales y no estarían sujetas a apelación. El plan también separaría al poder judicial de su órgano de supervisión, el Consejo de la Judicatura Federal.
Actualmente, el presidente de ese consejo -que, entre otras funciones, nombra a los jueces federales y también los disciplina- es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Aunque este órgano de supervisión ha cometido errores o abusos de poder en el pasado, esto no implica que los órganos de supervisión, en principio, sean un error.
Las reformas que la presidenta Sheinbaum ha aprobado proponen que los más de 7.000 jueces y magistrados sean elegidos por voto popular durante dos años, en lugar de ser designados por nombramiento. Antes de esta reforma, los nombramientos se basaban principalmente en calificaciones y formación adquirida. Ahora, los jueces podrán postularse con requisitos mucho menos estrictos. La reforma también los someterá a una revisión por un comité disciplinario integrado por funcionarios electos. En junio de 2025, los votantes elegirán a todos los miembros de la Suprema Corte, a los miembros de un tribunal de supervisión y aproximadamente la mitad de los jueces de México. El resto será elegido en 2027.
Los críticos del proyecto, entre los que se incluyen las cámaras empresariales de Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos en México, bancos y analistas financieros, han señalado que estas reformas son arriesgadas, ya que cambian la estructura de incentivos de los jueces en México. Estas reformas harían que los jueces fueran leales a sus electores y mucho más conscientes de las necesidades, deseos e intereses del partido gobernante. Aunque los jueces y el poder judicial no eran santos ni perfectos antes de las reformas, eran más leales a la ley que al partido gobernante, por lo menos en teoría.
Es difícil saber dónde acabará esto dado la juventud de la democracia de México, que todavía está desarrollando un poder judicial independiente. Es muy poco probable que estas reformas fortalezcan al poder judicial y lo hagan más independiente del poder ejecutivo.
José Ramón Cossío, un estudioso del derecho, teme que esta reforma pueda provocar una crisis constitucional en México, ya que hará que los jueces se centren más en las necesidades y deseos del partido gobernante o de los electores que los votaron. Inversores y organizaciones internacionales también han expresado su preocupación sobre la reforma.
Otros han argumentado que las reformas pondrán en peligro el Estado de derecho al politizar los tribunales. Además, debilitarían profundamente los mecanismos de control y contrapesos del país, otorgando al partido Morena un control aún mayor sobre los jueces de México.
Es cierto que el poder judicial requiere reformas, pero no reformas impulsadas por este gobierno con una agenda de extrema izquierda, sino reformas que realmente aborden el problema en lugar de empeorarlo. Las elecciones populares no tienen por qué asestar un golpe mortal a la democracia constitucional. El principal defecto de estas reformas es que favorecen en gran medida a los candidatos alineados con los puntos de vista del partido gobernante Morena, lo que socavaría los controles y contrapesos necesarios sobre el poder ejecutivo.
Una variable importante es el tipo de magistratura y el tamaño del tribunal de circuito. En los tribunales de circuitos más pequeños, es más probable que la gente conozca a los jueces así que se puede tener elecciones basadas en decisiones informadas. Si los candidatos para la elección se seleccionaran de un grupo más amplio y cada uno de ellos fuera clasificado por una organización independiente, como, por ejemplo, una asociación de abogados, basada en factores como la corrupción o el desempeño en calificaciones o programas o exámenes de selección, esto informaría mucho más al público general sobre la competencia de los candidatos y su potencial para la equidad judicial (es decir, la falta de corrupción). Además, habría más candidatos que los seleccionados solo por el partido gobernante, lo que mejoraría la independencia respecto al poder ejecutivo.
Por el otro lado, se puede permitir a todos los jueces presentarse como candidatos. El punto importante es que no solo los elija el gobierno. Esta reforma no será una solución milagrosa, pero debería mantener el foco en la calidad de los jueces y su falta de corrupción. Un ejemplo prominente de esto es el Plan de Missouri. Jueces son nombrados según el mérito de cada uno y por comisiones de nombramiento judicial.
Además, debería nombrar a los jueces de niveles más altos, como los de la Suprema Corte, como en Estados Unidos y que el senado los confirme. La Corte Suprema de Estados Unidos todavía está politizada. Por ende, sugiero que mantengan límites sobre cuántos jueces se pueden designar en la Suprema Corte. También es importante que la renovación de los jueces sea escalonada para que el partido gobernante no nombre a la vez todos los jueces que simpatizan con el mismo partido.
Estas reformas representan una amenaza seria para las instituciones republicanas de México. Los defensores afirman que contribuirán en gran medida a abordar problemas ampliamente reconocidos, como la corrupción y el nepotismo. Sin embargo, un análisis más profundo sugiere que conducirán a un retroceso de las instituciones republicanas y producirán una corrupción aún mayor, ya que el poder judicial estará aún más condicionado por los deseos del partido gobernante. Además, abre la puerta a futuras reformas, facilitando que la presidenta Sheinbaum consolide aún más el poder.
Estas reformas deben ser combatidas en todos los niveles, y los tribunales no deben ceder tan fácilmente, ni los manifestantes deben abandonar la lucha.
(*) Graduado de la Universidad de Chester. Escribe para Young Voices. Editor de Speak Freely Magazine.
