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Las justicias provinciales también piden fondos

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Abel Fleming, presidente de la Federación Argentina de Magistrados (FAM)

La Cuarta Conferencia Nacional de Jueces que se realizó en la Ciudad de Buenos Aires dejó en claro que la Justicia Agentina necesita más recursos y que esos recursos deben ser administrados por ese Poder del Estado.

Así lo expresó, en la apertura del Congreso titulado “Justicia para Todos”, el titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Ricardo Lorenzetti, quien en el inicio mismo de las jornadas anunció que presentarán al Congreso de la Nación un anteproyecto de ley que permita garantizar la autonomía presupuestaria del Poder Judicial,  como medida para fortalecer su  independencia.

A la iniciativa se sumaron el resto de los jueces provinciales, quienes le pidieron a la Corte Suprema que “no se olvide” de la situación del resto de los poderes judiciales provinciales. El presidente de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), Abel Fleming, le pidió a Lorenzetti que, en lugar de presentar un solo anteproyecto de autarquía presupuestaria para la Justicia Nacional, presente dos iniciativas, para que también accedan a ese derecho el resto de las justicias provinciales del país.

“Aspiramos a que la Corte se eche al hombro también este proyecto que hemos elaborado   en la FAM para que las justicias de las provincias accedan a los mismos derechos y se fije un mínimo presupuestario”, dijo Fleming en diálogo con Comercio y Justicia.

Según el camarista salteño, que también participó del Cuarto Congreso de Jueces, la Nación tiene la obligación de garantizar un fondo que sea igualitario para todas las justicias provinciales que permita garantizar “estándares mínimos”.

“No puede ser que un argentino tenga diferente protección según el lugar donde le tocó nacer”, remarcó.
Las estadísticas elaboradas por la FAM indican que los Poderes Judiciales más ajustados son los que integran las regiones del NOA, el NEA y algunas provincias de Cuyo; y el conurbano bonaerense.

Fleming recordó, asimismo, que con menos de la mitad del dinero que cuenta la justicia nacional, los poderes judiciales de las provincias deben atender 80 por ciento de los  conflictos judiciales del país.

«No hay que olvidarse que la justicia federal es de excepción; son los jueces provinciales los que resuelven los problemas de la gente. Esa justicia provincial no puede depender de la mayor o menor miseria de las provincias», afirmó.

La iniciativa presentada por la FAM prevé la creación de un fondo que surja de los aportes del Tesoro Nacional. Esos fondos servirían para ayudar a todas aquellas justicias provinciales que presenten proyectos de reformas judiciales.

“Hasta acá, la reforma judicial es sólo una cuestión de voluntad, no hay una moneda para implementarla -remarcó con sinceridad el juez-, necesitamos que estos anteproyectos se transformen en una voluntad política, que se liberen fondos, que se fijen estapas de trabajo, que se fije un plan”, agregó.

A modo de ejemplo, Fleming recordó que de cada $100 que se destina a los gastos del Poder Judicial, $82 van a parar a sueldos, $16 a gastos de funcionamiento y sólo $3 a equipamiento, raparación y remodelación de inmuebles. En ese sentido, concluyó: “Con esa fórmula es imposible pensar en una reforma en serio para la justicia que permita reducir la litigiosidad, reducir la mora y mejorar el acceso a ella por todos los ciudadanos”.

El anteproyecto de la Corte
La iniciativa de la Corte Suprema prevé que sea este Cuerpo el que prepare y envíe directamente al Congreso y al Poder Ejecutivo el anteproyecto de presupuesto del Poder Judicial. Asimismo, faculta al Máximo Tribunal a disponer reestructuraciones y compensaciones que considere necesarias, dentro de la suma total correspondiente a la Justicia en el Presupuesto General de la Administración Nacional.

Con la medida se pretende agilizar la gestión presupuestaria, utilizando un mecanismo legal similar al que existe en otros países, tales como Estados Unidos y Brasil.

Actualmente, la ley establece que es la Corte la que elabora y remite el presupuesto sólo al Ejecutivo, siendo éste el que finalmente lo dirige al Legislativo.

Los cambios “permitirán ampliar los alcances de la autarquía judicial, para darle un real significado y efectividad al desempeño del Poder Judicial en el contexto de un real equilibrio de poderes, necesario para acentuar la vigencia del Estado de Derecho y, con él, la de los Derechos Humanos”, se expresa en las consideraciones de la propuesta.

“Fortalecer el Poder Judicial requiere dotarlo de las herramientas técnicas necesarias que permitan afianzar su independencia”, agrega.

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