ESCUCHARPor Matías Maccio (*)
Los conflictos pueden ser clasificados dentro de dos grandes categorías: privados y públicos. Se entiende por conflictos públicos, según lo señalan Alejandro Nató, Gabriela Querejazu y Liliana María Carbajal “aquellos que resultan de interés público, por el número de actores y de intereses involucrados o por la repercusión que tienen en el conjunto social o en una comunidad en particular. En estos conflictos pueden estar implicados dos o más actores directos, sean individuos o actores sociales, como organismos gubernamentales y no gubernamentales, grupos o asociaciones vecinales, empresas, pequeños o grandes comerciantes, colegios, iglesias, etc. Las consecuencias de estos conflictos afectan a un gran número de personas, a veces por períodos prolongados.”
Desde esta óptica, afirmaremos que prima facie los conflictos recientes sobre la “localización del predio de Cormecor”, “la toma de las universidades públicas”, “los desalojos en Juárez Celman”, “las manifestaciones en la Autovía Punilla”, entre otros, encuadran dentro de la categoría de los llamados conflictos públicos, algunos de ellos a su vez con categoría socioambiental. Partiendo de esta idea preliminar, las estrategias para abordar la “gestión” del conflicto no pueden desconocer sus dinámicas propias. Éstos, en sus diversas manifestaciones públicas, habitualmente trascienden cuando la prensa relata episodios de enfrentamientos –la mayoría de las veces violento– entre el “Estado” y los colectivos u organizaciones que se manifiestan y esgrimen sus reclamos. Cuando se refiere a Estado puede ser en sus diversas instituciones, ya sean de la esfera ejecutiva y/o judicial predominantemente.
Así las cosas, quienes ejercemos el rol de “mediador” a diario nos permitimos observar y analizar con otra “lente” el conflicto dentro del caso que se nos presenta y detectar a través de nuestro análisis la dinámica propia de la relación conflictiva. De esa forma, diseñar una estrategia para ayudar a las partes a que construyan una nueva manera de comunicación y/o relación, que les permita transitar el camino del “conflicto” con comportamientos colaborativos y hacia soluciones mutuamente satisfactorias con base en el diálogo y la escucha.
Después de todo, lo que esperamos es que a través de nuestra intervención las “partes” puedan encontrar soluciones al conflicto al generar una nueva realidad (la llamada tercera realidad), que incluya a todes y con elles los intereses y necesidades que se esgrimen, defienden y embanderan. Ello no implica descartar otras estrategias que las partes legítimamente pueden aplicar, como por ejemplo el reclamo judicial.
Volviendo a la esfera de los llamados conflictos públicos, existen a lo largo del mundo diversas estrategias pensadas y diseñadas para ser aplicadas a este tipo de problemáticas que han puesto en jaque la democracia tradicional y que se erigen bajo el paradigma de la “democracia participativa”. Ésta surge por la necesidad de reivindicar el papel de los ciudadanos en la toma de decisiones en cuestiones que tienen efectos directos sobre éstos y cuando no se sienten debidamente representados sus intereses a través de sus representantes.
En este marco, se proponen una serie de estrategias que tienen como finalidad prevenir la violencia y generar espacios de diálogo participativo, que “incluyan” a todos los sectores identificados y afectados por la problemática, los que a través de sus manifestaciones en el territorio (ya sea las “calles”, las rutas, los edificios públicos, las marchas, etc.) reclaman ser escuchados y “participados” real y genuinamente en la discusión de la “cosa pública”. Me refiero a mecanismos como la “audiencia pública”, obsoleto en la práctica.
Lo cierto es que el Estado pocas veces actúa de manera “preventiva” y sólo reacciona ante el reproche público o la escalada del conflicto. Al decir de Nato, Querejazu y Carabajal, encontrar “formas de tramitación de la demanda social como verdadero ejercicio ciudadano dependerá de la capacidad para propiciar espacios de diálogo y áreas de igualdad que definan verdaderos ámbitos de interlocución. Esto se refiere precisamente a establecer, aun en condiciones de asimetría socioeconómica y cultural o simplemente de desequilibrio de poder, reales posibilidades de diálogo.”
En este marco, nuevas estrategias de intervención como lo son el Open Space (Owen, 1997a, p. 15) o los Círculos de Paz, entre otros, constituyen mecanismos adecuados de gestión de “problemas” o “conflictos públicos” que permiten a través del diálogo preventivo, participativo e inclusivo, desactivar la escalada del conflicto y propiciar la búsqueda de consensos colectivos pacíficos y duraderos.
(*) Coordinador del Centro de Mediación Comunitaria del Centro Vecinal, Cultural y
Biblioteca Popular Santa Rita del Lago- Carlos Paz
