ESCUCHARPor Salvador Treber
El principal problema que afronta actualmente el Gobierno nacional está referido a la escasa inversión productiva, que imposibilita impulsar un ritmo de crecimiento económico capaz de asegurar una firme y sostenida tendencia ascendente. La vigencia de tal problemática ha sido admitida por el Ministro de Producción, que estima que los capitales “no llegan debido a que la rentabilidad no es la esperada respecto al riesgo que deben sumir”. Por otra parte, si no se incrementa notoriamente el capital productivo, que en las esferas oficiales pretenden llegue del exterior para recomponer adecuadamente el mercado, el país seguirá en un escenario cada vez más serio y preocupante.
Exhibiendo total coincidencia en tal sentido, un estudio encarado en el ámbito de la Bolsa de Comercio de Córdoba incorpora una estimación que aporta una idea cabal de la magnitud que ha asumido tal situación, pues sostiene que es necesario elevar en más de US$240 mil millones adicionales al stock preexistente de capital en el transcurso de los próximos ocho años. Tácitamente, se está reconociendo un insuficiente nivel de inversiones de alrededor de US$120 mil millones y que éste debería aumentar en no menos de 30% durante el próximo decenio. En este caso se retornaría a una relación capital/PBI semejante al que ya existía durante la última década del siglo XX.
Todos los analistas están contestes en sostener que, si no se suman inversiones en la medida adecuada para recuperar el nivel perdido desde la ola inflacionaria del trienio 1999/2002 hasta el año 2010, la situación se complicará en demasía. Por ahora se advierte una diferencia negativa que para fines de 2016 trepó a nada menos que US$300 mil millones. Existe, además un cierto grado de coincidencia en que los inversores privados están muy reticentes con razón, pero que el país no puede esperar más; razón por la cual deberá ser el Estado el que asuma en plenitud ese liderazgo sin demora. En cuanto a los nuevos proyectos de inversión anunciados desde que asumió la nueva administración del país, en diciembre de 2015, se torna muy preocupante que se haya concretado apenas cinco por ciento.
Los analistas subrayan que la rentabilidad “está muy acotada” y en el área industrial pesa mucho la no superada crisis brasileña que ya transita el tercer año de vigencia, a lo que que se suma como otra poderosa causa para extender la espera la falta de cumplimiento de la prometida eliminación del desequilibrio fiscal. Incluso, el ministro antes mencionado admite que para el nivel de riesgo vigente la rentabilidad a que se puede aspirar actualmente es muy baja, augurando, en coherencia con su concepción ideológica, que la solución vendría cuando se concrete una mayor apertura de la economía. Insiste –además- en la búsqueda de mayor grado de competitividad, aunque advierte que ello sólo se podrá concretar después de consumado el acto electoral.
Expectativas y realidad en el ámbito mundial
Otra faceta que ha merecido fuertes críticas es lo que se considera en los ámbitos empresariales un muy “alto nivel de carga tributaria”, la cual –estiman- pesaría sobre el ritmo de producción junto a lo que consideran un excesivo costo salarial que sumarían a “las dificultades para lograr fuentes de financiación acordes”; todo lo cual –señalan- “conspira contra la ejecución de los respectivos proyectos”. Por otra parte, objetan también la demora que adjudican al Gobierno por no “completar la apertura de la economía”. Insisten en que así se han encarecido mucho los bienes importados indispensables que suponen estaría trabando o por lo menos extendiendo o postergando la concreción de los nuevos proyectos.
En especial, reiteran que el ingreso se hace muy “costoso y difícil”, haciendo a tales productos “no competitivos debido a que se tornan muy caros”. Debe tenerse muy presente al efecto que de los US$117 mil millones en que se evalúan las posibles inversiones a realizar en 2017, las a ejecutar por empresas privadas ascenderían como máximo a alrededor de US$64 mil millones y, por lo tanto, el sector público debe concretar los otros US$53 mil millones; con lo cual se sumarían 536 nuevos proyectos. Los más relevantes se refieren a la extracción de gas y petróleo; seguidos por los mineros en general; algunos tecnológicos y de telecomunicaciones; siendo estos últimos los que está encarando actualmente el Estado con más decisión.
En los ámbitos privados se advierte que no están dispuestos a imprimir un gran impulso a sus proyectos si no se verifica en forma fehaciente el nivel de apertura que reclaman. Semejante planteo se ha convertido en virtual “tome y daca”; con lo cual se pone de manifiesto un acuerdo interno por parte de las cien mayores empresas que operan en el país, a lo que algunas de las más poderosas suman -a modo de amenaza- que de otra manera estarían decididas a emigrar dentro de muy poco tiempo. En el conjunto de reclamos que formulan, uno de los más reiterados está referido a la pretensión de que se concrete un notorio retroceso en el nivel de la actividad estatal; aspecto éste que se volvería condicionante.
El tema no es nada simple; incluso los empresarios que actúan de buena fe formulan tales objeciones, pues no hay garantía alguna de que así se acrecerían sus propias inversiones. Si se pasa revista a la gestión pública en el ámbito internacional, Francia se ha caracterizado siempre por mantener el liderazgo en cuanto a la participación estatal en la actividad económica general. No sólo eso; en lo transcurrido de este siglo, el gasto público en dicho país siempre se ha elevado por encima de la mitad de su respectivo producto bruto interno, llegando en 2015 a 57%, aunque aquél bajo su expresión per cápita, que sólo asciende a US$37.290.
Tal circunstancia no constituye una excepción sino que se verifica en forma más general. Prueba de ello es el caso de Noruega, cuyo producto bruto trepa a casi el doble con US$73.450 y ha venido ascendiendo en forma muy considerable pues en 2007 representaba “sólo” 41,4% y para 2016 había llegado al 51,1% respecto al producto por habitante. Por su parte, en otro país escandinavo, Dinamarca, era de US$52.870 en 2007 y ha llegado a 53,3%; incluso Alemania exhibe, aunque con menos nitidez, la misma tendencia con un producto por habitante de US$41.240, en 2007 el respectivo gasto público representaba entonces 42,8% y para 2016 era equivalente al 44,3%.
El singular “caso argentino”
Argentina, en ese contexto, tiene un producto por habitante de apenas US$14.270 y en 2007 registraba un gasto público equivalente a 28,7% de aquél; mientras que para 2016 llegó a representar 41,8%. Esta relación aparece mucho más baja en México (24,5%), y dentro de los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), los niveles más bajos corresponden a Irlanda (29,5%) pero superada en todos los demás países del continente europeo. Otro caso singular es el de India, donde en el año 2007 la tal relación era de 26,5% registrando entonces su nivel máximo que es de apenas 28,7% y en la actualidad se mantiene en un índice muy semejante de 27,9%, ligeramente superior al de Corea del Sur con 32,4%. Todos los datos insertos precedentemente se aportaron en una reunión de la OCDE, que decidió publicarlos y en conjunto promedian 40,9% aunque en 2007 era de 38,8%.
Debe recordarse que nuestro país pretende ingresar a ese organismo internacional pero ello se viene dilatando y sólo tratarían su solicitud para asegurar su chance de incorporación dentro de un par de años; aunque se advierte que el empleo, la extensión de las jubilaciones y los múltiples subsidios explican que entre 2007 y 2016 se haya operado un incremento de 12,9 puntos porcentuales. En oportunidad de considerarlo, la OCDE ha señalado que “los países ahora deben tratar de corregir la disminución constante de la inversión pública desde 2009” como una tarea central y prioritaria que exige la máxima ponderación.
La elaboración pretendió servir como una virtual radiografía y subraya el caso argentino pues hubo un proceso de incremento que califican de “llamativo”. Requiere, por tanto, que encaren un prolijo análisis evaluativo sobre los efectos generados por la consumación de una suba tan acelerada.
Durante el lapso 2003/15 revelan que en Argentina el empleo público correspondiente al total de las tres jurisdicciones (nacional provincial y municipal) en el colectivo que cumple los requisitos legales (“en blanco”) se elevó en 52,6%, cubriendo la cuarta parte de dicho incremento nuevas incorporaciones. Cabe advertir que mientras en los países que integran la OCDE el porcentaje promedio considerando todos sus integrantes es de 18,1%; sus analistas señalan que en Argentina es de alrededor de 16%; constituyéndose en la segunda más elevada relación, tras la de Brasil. Llama también la atención del organismo que a escala mundial osciló de forma tal que en el bienio 2011/12 descendió pero en 2014/15 recuperó el nivel precedente; lo cual se aprecia mucho más en los países más poderosos; mientras por el contrario, registraron una tendencia inversa con una sensible reducción en el Reino Unido e Israel.
En cuanto a otros aspectos señalan que en los países de la OCDE se ha multiplicado muy velozmente desde 2007 a la actualidad los servicios digitales y en especial la concreción por esa vía de los más diversos trámites; pero tanto en nuestro país como en toda Latinoamérica ello recién ha comenzado a concretarse a partir del año 2013.
En los ámbitos especializados de nuestro país no hay una evaluación unánime y coincidente sobre el nivel que registra el gasto público; menos aún sobre cual debe ser la medida ideal. Mientras los que adhieren al pensamiento neoliberal sostienen que en ningún caso debiera superar 25% del producto bruto; en el ámbito oficial actual sostienen que hasta el año 2019 se pretende reducirlo a 32% del PBI. Ello requiere se aclare muy bien los criterios que se adoptarán para concretar tales “recortes”. Por el momento se ha resuelto dar directivas en el sentido que en las tres jurisdicciones se procure no introducir ajustes interanuales superiores al respectivo índice de desvalorización monetaria, pero esta postura es enérgicamente rechazada por un destacado grupo de especialistas perteneciente a los planteles más calificados de la Universidad Nacional de Buenos Aires que advierten sobre el riesgo de que se reduzcan los beneficios jubilatorios y los servicios más esenciales consumando así un peligroso retroceso pues ciertos servicios vitales como educación y, salud son además “mano de obra intensivos”.
