ESCUCHARPor Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth **
Un saludable clima favorable a la lucha contra la corrupción parece haberse instalado en nuestra región. Nacida, a partes iguales, tanto del hartazgo por la obscenidad con la que durante años algunos políticos, funcionarios de los tres poderes de estado y empresarios se enriquecieron a costa del erario y de la necesidad de los ciudadanos, como por la necesidad de poner un coto a este creciente poder paralelo sobre las instituciones públicas y sociales.
Debe destacarse que, más allá de ser un delito, no es uno cualquiera. Se trata de un ilícito de carácter aberrante por las consecuencias que prodiga, en especial en los menos favorecidos. Pero también resulta un fenómeno social y hasta cultural. Supone, y en la peor forma, una redistribución de los ingresos e instalación habitual de ciertas prácticas deleznables. Nuevos enriquecidos y un enorme número de nuevos pobres ha sido la consecuencia de décadas de corrupción estructural y sistemática.
El principal cambio, y que ha abierto la puerta a la mayor actividad judicial sobre el particular, es la creciente conciencia social sobre las nefastas consecuencias de la corrupción y de la importancia de combatirla, lo que legitima la acción de la Justicia y de los distintos gobiernos y organismos internacionales, que buscan combatirla y enjuiciar a los partícipes de estas actividades venales.
Pero no todo es color de rosas, ya que si bien a mediano y largo plazo esto ayudará a mejorar las condiciones de vida y salud de la democracia, en el corto plazo tiene consecuencias negativas que hacen difícil pasar el momento.
Un ejemplo de lo que decimos ocurre en Brasil, país que con la operación Lava Jato parece estar en la punta de la lucha contra la corrupción en Latinoamérica, en donde las consecuencias no son solo institucionales o políticas sino también sociales y económicas.
En primer término se instaló en la sociedad un discurso moralizante que empujó tanto a la justicia, a la clase política y a los medios a enfrentar el problema de la corrupción de manera más seria. Cosa que no ocurría hasta que se desencadenó el escándalo. Basta recordar cómo terminó el impeachment a Dilma Rousseff–, y la detención del ex presidente Lula da Silva.
Pero también tuvo efectos en el ámbito económico: en los primeros años de la investigación disminuyó fuertemente el PBI brasileño, estancándose la actividad industrial y productiva. Así las cosas la industria y en la construcción civil tuvo una caída en el empleo a casi tres millones de trabajadores menos durante el periodo 2015/2016. Según cálculos publicados, el Lava Jato ha sido responsable de por lo menos dos por ciento de la calidad del PBI en esos años. Esto se debe a que tanto la Petrobras como las demás empresas involucradas en los actos de corrupción tienen un importante peso en la economía brasileña. Estas empresas, ante el al avance judicial, han tenido que vender activos, y realizar modificaciones empresariales diversas para poder seguir trabajando.
Siendo indefendible desde el plano jurídico y hasta moral, tímidamente empiezan a aparecer quienes piden “prudencia” en la lucha contra la corrupción por sus consecuencias inmediatas en lo económico. Sacar la basura, de cualquier lugar, tiene su costo. Y los beneficios se observan sólo luego de cierto tiempo. Pero digámoslo con toda claridad: el costo de seguir tolerando las prácticas corruptas es mucho peor que cualquier complicación transitoria que traiga aparejado el librarse de ellas. Y no hablamos sólo de números del PBI. La corrupción cuesta no pocas vidas, sólo que como todo delito “no violento”, o “de cuello blanco” sus efectos pasan terriblemente desapercibidos.
Pocas cosas humanas pueden ser llevadas a cabo sin implicar algún sacrificio de cierto tipo. Eso vale también para la lucha contra los corruptos. Hay gente que busca desalentarla apelando a los costos inmediatos que produce. Un manotazo de ahogado cuando la corriente empieza a volvérseles en contra. Elegir la honestidad y perseguir la justicia es, también, un desafío que debemos enfrentar y asumir por ser el único camino que -a la larga- beneficiara a todos.
(*) Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas
(**) Abogado. Magíster en Derecho y Argumentación Jurídica
