ESCUCHARPor Salvador Treber
Antes de asumir el 10 de diciembre de 2015, quienes accedieron a las más elevadas funciones en la Nación proclamaron a “los cuatro vientos” su intención de reducir sustancialmente el gasto público federal, cediendo la iniciativa en casi todos los órdenes al sector privado. Han pasado alrededor de 20 meses y esa solemne promesa no registra siquiera principios de ejecución. Es más, el ritmo creciente del gasto ha seguido impertérrito, subiendo por encima del ritmo inflacionario y los antes frecuentes planteos virtualmente han desaparecido. No sólo eso, el saldo negativo -que habría llegado a –8,4%- sólo pudo ser acotado a la mitad de ese porcentaje por el ingreso excepcional del producido derivado del denominado “sinceramiento fiscal” (blanqueo) que reforzó la Tesorería hasta el mes de marzo pasado.
Las medidas adoptadas fueron importantes, como es el caso de la macrodevaluación, con simultánea unificación de tipos de cambio y elevados reajustes en las tarifas de los servicios esenciales (v. gr., agua, electricidad y gas); aun así, la magnitud de las erogaciones y su ritmo alcista se mantuvo incólume. Los especialistas de concepción neoliberal, pese a apoyarlo, enrostran al Gobierno debilidad y falta de consecuencia con sus declaradas convicciones; reclamando que no se siga demorando la postergada “poda” de las erogaciones. En primera instancia exigen la eliminación del déficit pero por lo ejecutado hasta el séptimo mes inclusive de 2017, tal reclamo parece que volverá a quedar incumplido.
La principal objeción apunta a que se reduzca notoriamente el rubro de remuneraciones al personal mediante una fuerte baja en su número. Los que revistan en dicha jurisdicción ascienden a 475 mil, los que cubren los requerimientos de la Administración Central, 140 mil en los organismos descentralizados y 110 en las empresas públicas o mixtas de ese nivel jurisdiccional. Cabe advertir que las intermedias (Capital Federal y las 23 provincias) más que triplican ese número; mientras el conjunto de municipios registran más funcionarios y empleados que la administración central nacional. Llama la atención que no se objete el gran avance de los gastos financieros causados por el acelerado ritmo de endeudamiento en moneda extranjera, que está llegando a engendrar un nuevo motivo de legítima preocupación.
Resulta oportuno advertir que los compromisos asumidos en materia salarial no representan más de 10% del gasto total y que son superados holgadamente tanto por los pagos de jubilaciones y pensiones (34%) como por los diversos subsidios vigentes (13%), rubros éstos muy sensibles, cuya reducción podría generar durísimas reacciones. Por tal causa se supone que, si hay voluntad de actuar en tales áreas, ello se concretará sólo después de las elecciones de octubre próximo. Resulta evidente que el rubro “salarios” no es para nada en esa jurisdicción decisivo, mientras que sí lo es en las provincias, donde requieren la mitad del gasto y que las erogaciones que insumen mayor cantidad de recursos no son nada fáciles de “recortar”.
Los problemas para la “reducción del gasto”
De todas maneras, la promesa todavía pendiente de cumplimiento consistente en disminuir la actual presión tributaria impone hacer “economías” en todo el gasto, incluso de superior proporción, para simultáneamente eliminar el déficit que está anunciado para el ejercicio fiscal 2019. Al efecto se barajan proyectos de congelamiento general del gasto, estricto cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal y, los más arriesgados, hasta pretenden introducir cortes en educación y salud pública, lo cual afectaría aún más a la muy baja calidad actual de esos servicios considerados esenciales.
No debe olvidarse que durante la década 2005/15, a moneda corriente, el gasto público nacional se multiplicó por diez, aunque la desaceleración y poda está suspendida hasta el ejercicio 2018. Por el momento se advierte que pretenden recuperar la perdida dinámica del crecimiento, pero esta se tornará más compleja que lo previsto originalmente. Ya se ha vuelto imposible argüir que la demora se debe a “la pesada herencia recibida” y existe cierta inquietud en el seno del mundo empresarial, donde reina una concepción marcadamente realista pues no se conforman con índices raquíticos de avance de la economía, que sí parecen satisfacer a los funcionarios del área.
Los analistas más escuchados ya han perdido esperanzas para comenzar formalmente el “despegue” en el corriente año, incluso dudan de que el actual desequilibrio presupuestario que estiman para el cierre de este ejercicio con -4,2%, tal como se promete en Hacienda, descendería a -2,2% hasta 2019. El ex ministro del área, Roque Fernández, ha sido muy claro en expresar su escepticismo cuando señaló que “la meta de este año se puede cumplir, pero para los años siguientes es necesario una reactivación más fuerte en la economía. En el marco elegido por el Gobierno, la batalla se juega más en el campo del crecimiento económico que en el ajuste fiscal”.
Es muy importante la advertencia, por venir de quien viene, de que se debería “eliminar por completo el financiamiento monetario del déficit, que este año está cerca de dos puntos del Producto Interno Bruto (PIB). Así, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) podría tener espacio para bajar la tasa de interés contribuir a la reactivación”. Dado que conceptualmente su planteo coincide con el de los funcionarios actuales, pretende proveerlos de una brújula. Sobre las críticas que le merece el escenario macro, subraya enfáticamente que “la clase política argentina acuerda medidas como aumento en la edad jubilatoria, y que no sólo vuelva el gasto público a niveles internacionales razonables, sino que también aumente su productividad”,
Todo ello es más fácil formularlo que traducirlo en hechos concretos. Las economías posibles en el rubro remuneraciones por la escasa importancia porcentual del rubro no permiten modificar el esquema; ya que, en el mejor de los casos, podrían permitir ahorrar no más de uno por ciento del gasto total. En cambio, los subsidios podrían restringirse en mayor medida pero resulta imprevisible la reacción que puede causar por los consiguientes incrementos de costos que son, en modo simultáneo, la “otra cara de la misma moneda”. En cuanto al monto de jubilaciones y pensiones, con que se atiende a alrededor de seis millones de beneficiarios, es un “intocable” por su trascendencia social. Por lo tanto, más que pensar en reducciones importantes es indispensable lograr una mayor optimización traducida en rendimiento laboral.
Reducción vs. optimización
En la jurisdicción provincial, donde el personal más que triplica el de la Nación, el respectivo pago de remuneraciones personales insume 57,3% del total, por lo cual es evidente que -sin lograr sensibles economías- no será posible una racionalización significativa del gasto. No obstante, es esencial tomar en cuenta que en ese nivel jurisdiccional se concreta la mayor prestación en el servicio de salud y virtualmente la totalidad del educativo hasta completar el ciclo secundario; razón por la que debe optimizarse esa gestión y no pensar sólo en disminuciones por motivos meramente presupuestarios.
En cuanto a los municipios, se puede extender a ellos este último enfoque expuesto aunque debe advertirse que también es donde se encuentra mayor resistencia a reducciones debido a la convivencia diaria entre gobernantes y gobernados. En algunos países del llamado “primer mundo” se suelen contratar equipos técnicos, altamente especializados, que asumen tales tareas sin las limitaciones que tienen los funcionarios y empleados locales. Otra faceta que debe vigilarse muy de cerca es la propensión al financiamiento del gasto mediante fondos provistos por vía de emisión monetaria que, en todo lo posible, debería ser evitado pero que por su “fácil” acceso y generación suele tentar a los funcionarios del área respectiva con frecuencia mucho mayor que lo conveniente.
De esta forma se resta consistencia a todo el esquema administrativo y, aun sin quererlo, hasta sólo se impulsa o vitaliza el proceso inflacionario sin aportar mejoras a los servicios prioritarios; ya sea por falta de formación técnica especializada o simplemente por obedecer a objetivos meramente burocráticos. Actualmente se ha convertido en una obsesión eliminar el desequilibrio presupuestario y para eso se postula una correlativa baja de la presión tributaria; pero ésta se puede emprender garantizando, mediando una previa rigurosa selección que asegure la continuidad de los gastos en las áreas más sensibles, manteniendo la calidad de las prestaciones. Por ello debe quedar muy en claro que los “cortes” no pueden abarcar todas las erogaciones por igual sino sólo las prescindibles, meramente burocráticas o improductivas.
Según las declaraciones de los funcionarios federales de máximo rango en la Jefatura de Gabinete, “la corrección inicial será gradual, junto con una reforma tributaria paulatina que tenga efecto en los primeros cuatro años” y, con aparente resignación, agregan que “no hay espacio para hacer otra cosa”.
Además, rescatan como indispensable “lograr que crezca la actividad económica y mantener el gasto en términos nominales de modo de poder recortar el déficit”. Al mismo tiempo declaran lo que consideran “la necesidad de la reducción del riesgo país”, entendiendo -según su óptica- que “es clave el financiamiento para estos cuatro años de transición”.
La única aclaración sobre lo que dicho discurso implica es la necesidad de que “el país obtenga la nota de grado de inversión para las calificadoras de riesgo” como única vía para bajar el costo del endeudamiento. En el Ministerio de Hacienda revelan que en el año en curso pretenden disminuir en cuatro puntos porcentuales el gasto primario, especialmente en materia de subsidios. En todas las declaraciones se generaliza pero no se explican los procedimientos que piensan adoptar para cumplir los fines expuestos.
En consecuencia, hasta ahora, se advierte como máxima prioridad del equipo económico la reiterada mención de mejorar la calificación del país ante potenciales acreedores. Esto desnuda una visión restringida y harto parcial para delinear un verdadero programa de gobierno, que parece no existir.
