ESCUCHARPor Cecilia Varela (*)
En 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 30 de julio Día Mundial contra la Trata de Personas.
La definición de ese delito fue objeto de un intenso debate durante la elaboración del Protocolo de Palermo, en el año 2000, uno de los tres documentos adicionales a la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional.
Durante este proceso, feministas provenientes de distintas experiencias y contextos participaron comprometidamente, discutiendo y debatiendo tanto los alcances del término “trata de personas” como las características que debía tomar el enfoque de intervención sobre la problemática en ascenso.
Las organizaciones que participaron sostenían como objetivo común la promoción de los derechos de las mujeres, pero diferían en las maneras de concebir la prostitución, su relación con la trata de personas y los contornos del consentimiento sexual.
Así, en un contexto de migraciones crecientes, las viejas posiciones feministas sobre la prostitución -aquello que Marta Lamas denomina “la amarga disputa”- se vieron reflejadas en el nuevo debate respecto de la trata de personas.
Las organizaciones feministas difieren en las maneras de concebir la prostitución, su relación con la trata de personas y los contornos del consentimiento sexual.
Quienes veían en la prostitución una forma extrema de la dominación patriarcal y la violencia contra las mujeres impugnaban cualquier definición que pudiera contener una distinción entre prostitución forzada y prostitución libre.
Para esta perspectiva, el ejercicio de la prostitución es siempre una forma de explotación sexual y el consentimiento prestado no podía ser considerado relevante. Así, proponían una definición amplia del delito de trata que incluyera toda forma de colaboración en la migración hacia el mercado sexual, aun con el consentimiento.
Otros feminismos vienen elaborando un espacio para la trabajadora sexual como sujeto de protección de derechos y entienden que el ejercicio de la prostitución puede ser el fruto de una decisión en diferentes grados de autonomía relativa.
Las organizaciones inspiradas en esta perspectiva proponían que el uso de la violencia o la presencia de un engaño constituyeran condiciones para deslindar una situación de trata del trabajo sexual consentido.
¿Es posible, entonces, consentir libremente los intercambios de sexo por dinero en un contexto sexo-genérico y social desigual? ¿Qué significa aquí “libremente”? ¿No es la regla misma del mundo en que vivimos verse puesto a actuar en un eterno juego de coacciones?
La discusión en torno a la trata y la prostitución se integra a un movimiento más amplio que en la contemporaneidad busca repolitizar las convenciones de sexo/género a partir del lenguaje del consentimiento.
Este lenguaje se expandió arrastrando una paradoja fundamental: por un lado, la necesidad de afirmar el consentimiento como índice del sujeto, de su capacidad de autodeterminación y, por otro lado, la multiplicación de preguntas en torno a la capacidad de los sujetos de brindar de manera lúcida su consentimiento, caídas ya las ilusiones de su autogobierno o develada su implicación con las estructuras del liberalismo político.
Paradoja
Para transitar y explorar esta paradoja contemporánea desde una perspectiva democrática y plural, necesitamos, en primer lugar, estar atentos a que la exploración de sus límites no desborde peligrosamente en la producción de jerarquías entre grupos de sujetos capaces e incapaces de consentir (quedando a cargo de los primeros discernir qué es lo bueno para los segundos).
En segundo lugar, necesitamos ampliar los espacios de discusión, garantizar la inclusión de todas las voces y aceptar el pluralismo de las experiencias en este terreno.
Argentina
En julio pasado, el país fue ubicado en la categoría más alta en materia de esfuerzos para combatir la trata.
Junto a un grupo de 30 países sobre un total de 188, en América Latina comparte la clasificación con Chile y Colombia.
El Informe Anual sobre Trata de Personas 2022, elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, divide a los estados en cuatro niveles, según sus acciones en materia de prevención, persecución, asistencia y protección a las víctimas.
Argentina se ubicó nuevamente en el nivel 1 del ranking.
En el capítulo referido al país, el informe señala que “cumple cabalmente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata” y que continuó demostrando esfuerzos durante la pandemia.
El relevamiento también subrayó las capacitaciones para fiscales, agentes del orden público y funcionarios judiciales.
Entre las recomendaciones que propuso para Argentina para el siguiente año figuran: mejorar la asistencia a las víctimas e incluir más refugios especializados y destinados a hombres; imponer penas adecuadas y documentar y abordar la complicidad oficial.
Internet
Bajo el lema “Uso y abuso de la tecnología en el delito de trata y explotación de personas”, organismos estatales e intergubernamentales instaron a avanzar con el desarrollo de herramientas de prevención y detección temprana de redes de crimen organizado en el ámbito virtual.
“Uno de los problemas cruciales que tenemos que resolver es la mutación masiva del delito al ámbito virtual y las tácticas que se están usando crecientemente para el ofrecimiento, la captación y la explotación de personas en diversas plataformas”, explicó Gustavo Vera, director del Comité de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.
Por su parte, Laura Estomba, especialista en protección de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) Argentina, que forma parte de la ONU, aseguró que es fundamental concientizar a la sociedad sobre los mecanismos que usan las redes delictivas y cómo protegerse frente a un marcado aumento en el reclutamiento de víctimas por medio de Internet.
La experta aclaró que, así como supone riesgos, la tecnología también puede contribuir para identificar patrones de captación, acompañar a las víctimas y coordinar medidas entre países.
Tecnología
La trata de personas es la actividad criminal más intensa a escala global y se estima que por cada víctima rescatada hay 20 sin identificar.
En el mundo, ese delito afecta principalmente a mujeres y niñas (65%).
En Sudamérica, 80% de las víctimas de trata es de sexo femenino y 31%, niñas.
En 2022, la ONU puso el foco en el rol de la tecnología y advirtió de que, así como puede generar trampas para captar a más víctimas, también es un mecanismo preventivo y con capacidad para difundir conocimiento y educar.
Entre los retos que enfrentan los países para combatir ese delito se apunta, entre otros, al desconocimiento de la trata como fenómeno de vulneración, además de la naturalización de las prácticas y los estereotipos culturales que favorecen su ocurrencia.
