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Luis Paoloni, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Córdoba.
El 15 de setiembre se celebró el Día de la Magistratura y la Función Judicial. En Córdoba, Luis Paoloni es el representante de sus pares, elegido en junio último con 62 por ciento de los votos para presidir la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia. En el marco de los festejos, el magistrado reflexionó con Comercio y Justicia sobre el rol de la magistratura, los desafíos de la Justicia y la importancia de dar cumplimiento a las resoluciones judiciales.
-¿Qué cosas han cambiado en el ejercicio de la profesión en los últimos años?
– Los cambios en el ejercicio de la magistratura y la función judicial, así como en el de los profesionales del Derecho suelen ser imperceptibles para quien los está viviendo y a veces no nos damos cuenta de las etapas superadoras que atravesamos. Es lo mismo que sucede en los demás órdenes de la vida o en el ejercicio de otras profesiones. Hay cambios de paradigmas. Por ejemplo: la importancia que se reconoce a las víctimas de delitos y la participación que los distintos ordenamientos procesales les conceden, teniéndolos en cuenta para la aplicación de algunos institutos, como la suspensión del juicio a prueba; o la participación ciudadana en la resolución de casos penales trascendentes; también la importancia creciente de la mediación como modo alternativo de resolver conflictos. Quizás lo preocupante -y que sí se advierte- es el alto incremento de la litigiosidad. Parecería que todo se judicializa. Ello obliga a tratar de dar respuestas. Lo importante -y que se debe resaltar- es que magistrados y funcionarios, hoy como ayer, tienen vocación de servicio y amor a su tarea. Por ello la necesidad de procurar que cuenten con todos los medios para cumplir dignamente su función. Los integrantes del Poder Judicial debemos seguir sintiéndonos orgullosos de pertenecer a él.
– ¿Es difícil ser juez en la República Argentina?
-Honestamente no tengo manera de comparar. Creo que, lamentablemente, la sociedad, o algunos sectores sociales, ven a los jueces como privilegiados y no como servidores públicos. Tal vez ello obedezca a una incorrecta comunicación de la improba tarea que se realiza y al suponer que la inseguridad se debe a desaciertos judiciales, cuando el origen o la causa es otra. Estimo que en ningún lugar es fácil ser Juez. Por eso, sólo una gran vocación permite su ejercicio. Disponer sobre vidas y bienes de otros implica un compromiso de alta exigencia.
– ¿Por qué la gente cree cada vez menos en la justicia argentina? ¿Cómo se mejora esa imagen?
– Creo que hay un descreimiento general no sólo en los jueces, sino en todo lo que tenga origen institucional. Hay desconfianza a lo que signifique autoridad. Se exigen soluciones inmediatas y muchas veces ello no es posible. Es un problema que tiene múltiples causas, entre las cuales me animo a destacar la educativa, en el concepto amplio del término. No obstante, el incremento de la litigiosidad parece indicar que para esa misma sociedad que nos critica, pese a todo, el reaseguro sigue siendo la justicia, como garante final. Esto nos halaga y compromete. Indudablemente que por todos esos motivos, como dije antes, los jueces debemos mejorar la comunicación de la tarea realizada.
-¿Cuáles son los desafíos de la justicia argentina?
– El gran desafío es inspirar confianza, seguridad, comunicar lo que se realiza y concientizar que la excesiva judicialización de conflictos apareja limitaciones en la prestación del servicio.
– Ha desatado polémica la situación generada por el fallo de la Corte que ordenó restituir al procurador de Santa Cruz después de 15 años y el Poder Ejecutivo que desoye dicha sentencia. ¿Cómo analiza esto que ocurre?
– Bien, evidentemente, la mejor manera de ser libres es cumpliendo lo que la Constitución y la ley mandan. Si esto es así para los ciudadanos, imaginémonos cuanto más si se trata del propio Estado. El principio de división de poderes es la esencia de la República e implica el acatamiento a las sentencias de la Corte Suprema. La República la construimos entre todos, y lo peor que puede pasar es que no se obedezcan las órdenes judiciales. Y ésta, además, es una orden del más Alto Tribunal de la Nación. El incumplimiento tardío es una manera de no cumplir y si el incumplidor o desobediente es un órgano estatal, en este caso el Poder Ejecutivo de una provincia, esa desobediencia puede conducir al conflicto de poderes que puede llevar a la anarquía o a un Estado totalitario, y al descreimiento en el Derecho, a la anomia. Por eso, la única manera de salir de esta situación es cumpliendo la manda de la Corte. Confío en que primará la cordura en los actores principales de este asunto y que, con inteligencia, sabrán preservar el orden institucional.
