Enrique Pereira Duarte, ex consejero del organismo por el estamento abogados (2002-2006) y candidato al cargo.
“Es lo mejor posible. No es el ideal”. Así calificó al proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura que acaba de conseguir media sanción de Diputados, el ex consejero (2002-2006) y actual candidato al cargo por el estamento abogadil del interior para las elecciones del organismo en septiembre, Enrique Pereira Duarte.
La nueva iniciativa, que deberá debatirse ahora en el Senado, prevé un cambio en la composición de los integrantes del órgano encargado de los procesos de selección y acusación de jueces. Pasa de 13 a 18 miembros , lo que le quita poder al oficialismo a la hora de elegir e investigar a los magistrados, devuelve la presidencia del Consejo a la Corte Suprema de Justicia e incorpora un consejo asesor.
Tras la media sanción, Pereira Duarte dio su opinión sobre el proyecto de ley a Comercio y Justicia y arriesgó su pronóstico sobre el futuro de la iniciativa. “No soy demasiado optimista respecto de las posibilidades de aprobación final de la ley; tiene que pasar por el Senado y éste tiene sus tiempos. Además, tiene que pasar por el Ejecutivo que sabemos que tiene el poder de veto”, anticipó el letrado de Marcos Juárez y ex presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).
– ¿Cómo califica el proyecto de reforma que logró media sanción?
– Con esto se mejora bastante, se establecen algunas pautas de control, básicamente de los exámenes. Tal vez es una ley bastante reglamentaria, específicamente en los aspectos que habla sobre filmación de los concursos. Parecería que no le han querido dejar margen a los reglamentos que pueden dictarse después en el mismo Consejo, pero el saldo es positivo.
Veo también como positivo la posibilidad de anticipar los concursos, es decir, no esperar que se produzca la vacante para ir llamando. Eso sin dudas que puede acortar muchos términos y hacer que cuando se produzca una vacante, ya existan candidatos para cubrirla.
– La reforma plantea más integrantes de los estamentos no políticos, ¿está de acuerdo con los números de esa nueva composición?
– El proyecto suma dos abogados, reincorpora dos que los había sacado la ley 26080 -llevándolos a cuatro- y eleva el número de académicos (propone tres representantes del ámbito académico y científico). Me parece que con dos acádemicos estaba bien, ya tres es mucho, porque la ley -cuando habla del equilibrio de las representaciones- habla de la representación política y la de los jueces y abogados. Cuando se refiere a representantes de los órganos académicos y científicos los pone aparte. Esto es opinable, pero considero que no suma.
-¿Está de acuerdo con que presida el titular de la Corte?
– La Corte tiene que estar, y si está el presidente mejor, pero mi experiencia de estar cuatro años en el Consejo es de que el presidente de la Corte participó muy poco de las reuniones del Consejo, del plenario. Si uno va a ver las estadísticas, seguramente ha estado muy pocas veces, algunas por cuestiones protocolares, cuando había algún juramento, la visita de alguien y con algunos temas específicos de los cuales había alguno que realmente le interesaba. Debo decir que cuando estuvo el presidente, me pareció importante que estuviera.
Yo me inclinaba porque haya un miembro de la Corte que no necesariamente deba ser el presidente. Que la Corte misma elija entre sus miembros a quien pueda estar en el Consejo y que tenga algo más de disponibilidad de tiempo para poder dedicarle, por lo menos, a presidir los plenarios que son uno cada 15 días.
– ¿Hay algún punto de la reforma que considere negativo?
– Sí, el de la creación de un Consejo Asesor (del Consejo de la Magistratura), lo cual crea un organismo bastante burocrático para controlar. Me parece que no es necesario. El proyecto de ley es bastante ambiguo y contradictorio en este punto porque dice que es de carácter honorario, que representa distintas ONG, pero a su vez le atribuye el manejo de un presupuesto propio, con lo cual eso puede generar críticas. En este momento, el Consejo con la debida publicidad y demás, tendrá que ser controlado. Ya hay organizaciones como Poder Ciudadano que lo controlan. Por lo que pude averiguar, esto fue una concesión política para poder conseguir la mayoría de la oposición en la aprobación. Son todas cosas que trae la legislación que después, cuando llega el momento de la práctica, no funcionan adecuadamente.
– ¿Ha mejorado en algo el Consejo en este último tiempo?
– No, al contrario, creo que ha empeorado a partir de la ley 26080, que establece una primacía del sector político y el llamado poder de veto por sobre los otros sectores. En el caso de los abogados, hemos reducido nuestra representación de cuatro a dos, los jueces de cuatro a tres, ha desaparecido el miembro de la Corte. Inclusive a los abogados se nos ha excluido arbitrariamente de la comisión de selección, cuando -antes- todos los abogados estábamos y presidíamos esa comisión. Este Consejo, básicamente el sector político, lo que ha hecho es presionar a los jueces y en algunos casos exigiendo su renuncia, amenazando u obligando a renunciar.