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Leopoldo Tornarolli, especialista en pobreza y políticas sociales.
Tras el fuerte respaldo recibido en las elecciones de octubre de 2011, el Gobierno nacional comenzó con ímpetu una política de reducción de subsidios. Sin embargo, con el correr de los meses parece haber menguado el impulso inicial, a raíz de las dificultades de gestión que fue encontrando -por ejemplo, en el transporte de Buenos Aires, para pasar de subsidiar la oferta a hacerlo por el lado de la demanda- y por los problemas políticos -sobre todo a partir de la tragedia en la estación de Once-.
En el marco de deterioro fiscal que atraviesa el Ejecutivo -comparado con años anteriores-, la reducción de los subsidios -que el año pasado insumieron casi cuatro puntos del Producto Interno Bruto (PIB)- y el cuidado de las divisas mediante una mayor administración del comercio exterior son pilares claves de la política oficial post 2011.
En ese escenario, Comercio y Justicia consultó al economista Leopoldo Tornarolli, del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), especialista en temas de pobreza, políticas sociales y distribución del ingreso. Según su opinión, la política oficial de reducción de subsidios es “favorable”, aunque debió implementarse “antes” y “de manera gradual”. Consideró, además, que aún “hay margen” para mejorar los indicadores de informalidad laboral y desigualdad distributiva en el país.
– ¿Qué opinión le merece la política de quita de subsidios que se viene implementando desde fines de 2011? ¿qué impacto puede tener en la economía?
– Mi opinión es favorable; es una medida que hace tiempo se debería haber tomado, tanto por cuestiones puramente fiscales como por motivos relacionados con la equidad.
Sería ideal que la medida se hubiera implementado al menos un par de años antes y de forma gradual, pero ahora ya era una medida impostergable. No espero que el impacto en la actividad económica sea muy importante. En términos del gasto público, la medida debería contribuir a mejorar la progresividad de éste.
– De 2003 a 2010 han mejorado los indicadores relativos a distribución del ingreso e informalidad laboral, aunque esa mejoría parece estar llegando a un piso difícil de perforar ¿qué políticas serían necesarias para profundizar esas mejorías?
– Es difícil hacer comentarios precisos sobre este tema, en buena medida por las dudas que generan las estadísticas oficiales al respecto. Si uno se restringe exclusivamente a dichas estadísticas, los indicadores relacionados con ambas variables, la informalidad laboral y la distribución del ingreso muestran una tendencia a la mejoría incluso durante 2011. Sin embargo, aún si uno acepta dichas estadísticas como válidas, es claro que la informalidad laboral y la desigualdad en la distribución del ingreso presentan valores altos en el país y hay un margen de mejoría.
Cuando la tasa de desempleo se encuentra en niveles relativamente bajos como ocurre actualmente en Argentina, la creación de empleo formal o registrado constituye una de las fuentes principales (y genuinas) para mejorar la distribución ingreso, ya que los trabajadores formales disfrutan no sólo de beneficios laborales a los que los informales no pueden acceder sino que también sus ingresos laborales son significativamente mayores.
Por otro lado, una mejor asignación del gasto social también contribuye a una mejor distribución del ingreso. En ese sentido la Asociación Universal por Hijo (AUH) es una buena medida, del mismo modo que la quita de subsidios mejora la progresividad del gasto público.
