ESCUCHARPor Yukiko Arai* y Luisa Brumana **
Quedan tres años para alcanzar la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): eliminar todas las formas de trabajo infantil para 2025. Pero este camino está cubierto de obstáculos.
Las estimaciones globales de OIT y Unicef muestran que aún trabajan más de 160 millones de niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años. En el actual escenario de crisis, esa cifra podrá haber aumentado en 8,9 millones para fines de 2022.
En Argentina, uno de cada 10 niños y niñas de áreas urbanas realiza al menos una actividad productiva, lo que incide directamente en la inasistencia escolar. En las áreas rurales, ese número se duplica. La situación es más grave para las y los adolescentes de 16 y 17 años: son tres de cada 10 quienes trabajan en áreas urbanas y cuatro de cada 10 lo hacen en áreas rurales. La categoría con indicadores más altos, el trabajo doméstico intensivo, afecta en especial a las niñas y adolescentes.
La pandemia profundizó este problema social. A finales de 2021, entre las y los adolescentes que realizaban alguna actividad laboral orientada al mercado, siete de cada 10 habían comenzado a realizarla desde el inicio de la cuarentena, según un relevamiento de Unicef realizado con el apoyo de la OIT y del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
En 2002, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) instituyó el 12 de junio como la fecha para poner en relieve la grave situación de los niños, niñas y adolescentes, y concentrar la atención en las medidas para erradicar su explotación laboral.
En este escenario, entre las distintas herramientas necesarias para abordar íntegramente este problema y lograr progresos significativos, es fundamental una mayor inversión en los sistemas de protección social.
Éste fue, precisamente, el foco de un reciente informe producido en conjunto por la OIT y Unicef, presentado en el marco de la 5ª Conferencia Mundial sobre la Eliminación del Trabajo Infantil, que se realizó en Durban. En él se precisa que, a escala global, 73,6 por ciento de los niños y las niñas de entre 0 y 14 años (unos 1.500 millones) no recibe ningún tipo de prestación monetaria familiar o infantil.
Al otorgarles a las familias vulnerables diferentes prestaciones y estándares mínimos de inclusión, puerta de acceso a políticas de bienestar más integrales e inclusivas, los programas de seguridad de ingresos dirigidos a la niñez reducen significativamente la prevalencia del trabajo infantil, especialmente en varones y en áreas urbanas.
Investigaciones recientes de la OIT evidencian este impacto también para el caso argentino. Sin embargo, en el país, tres de cada 10 niños, niñas y adolescentes que trabajan aún no están cubiertos por alguno de estos programas, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o las Asignaciones Familiares Contributivas (AAFF).
De esta manera, en Argentina es necesario continuar apoyando y fortaleciendo las políticas de protección de ingresos dirigidas a la niñez, como herramientas efectivas para promover el acceso y el cumplimiento efectivo de sus derechos y mitigar vulnerabilidades socioeconómicas asociadas al trabajo infantil.
El diálogo social tripartito es clave para enfrentar estos desafíos. Es necesario contar con el compromiso de Gobierno, sector empleador y sector sindical para promover la inversión en sistemas de protección social que fortalezcan progresivamente los derechos de la infancia.
La erradicación efectiva del trabajo infantil requiere de un abordaje integral, mediante políticas públicas complementarias en las áreas de educación y salud, como las medidas dirigidas a mejorar los sistemas de cuidado. Asimismo, es fundamental impulsar políticas que promuevan el trabajo decente para todas las personas adultas.
Para la OIT y Unicef, la recuperación de la crisis y la reconstrucción de una nueva y mejor normalidad requiere de mayores inversiones en los sistemas de protección social, como una estrategia para reducir la pobreza y la vulnerabilidad y, de esa manera, prevenir y erradicar el trabajo infantil.
