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Estimó que recién el año próximo se verán resultados “significativos”. Suman 810 los debates orales que ya fueron programados y que involucran a 60 procesados y a más de 800 víctimas.
La Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones de los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado llamó a los operadores de la justicia argentina a “redoblar los esfuerzos” y “aumentar la creatividad” para agilizar los juicios de lesa humanidad que se vienen llevando adelante en el país.
A modo de ejemplo, en el informe anual publicado en la página web de la Procuraduría General de la Nación, el organismo citó a Córdoba como una de las provincias que tenía previsto iniciar al menos dos juicios trascendentes (La Perla y el D2) que, finalmente por distintas circunstancias, se vieron postergados para el año próximo.
En ese sentido, el organismo dependiente del Ministerio Público estimó que recién en 2012 se verán reflejados los “resultados de la política de acumulación de casos para el logro de juicios significativos”.
El balance de este año
El relevamiento destaca que desde que se iniciaron los juicios por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, en 1983, hasta el presente, se han juzgado a 296 personas (juicios concluidos), de las cuales 266 fueron condenadas y 30 resultaron absueltas.
Si se toma en cuenta el período 2008-2011, la cantidad de condenados prácticamente se cuadruplicó. Así, mientras hasta 2008 se había condenado a 68 personas, al finalizar el año 2009 ese número aumentó a 98. Durante 2010, la cantidad de condenados era de 199 y, hasta diciembre de 2011, llegó a 266.
En cuanto a la cantidad de procesados, la Unidad Fiscal destaca que ya son 843 (personas respecto de las cuales se dictó al menos un auto de procesamiento). De ese total, 449 ya cuentan con una o más causas elevadas a juicio y otras 141 tienen alguna causa en la que la fiscalía solicitó la elevación a juicio. De este modo, cerca de 70% (590) de los 843 procesados actuales ya tiene alguna causa en etapa de juicio o cuenta con requerimiento fiscal de elevación a juicio. Además, más de 30% del total de elevados a juicio (118) ya ingresó a la etapa de juicio propiamente dicha (audiencias de debate) y se encuentra próximo a obtener una sentencia definitiva.
Los juicios
Más allá de las demoras, la Unidad Fiscal destaca que la etapa de juicio es la que mostró el mayor nivel de actividad durante 2011. En el transcurso de este año concluyeron 20 juicios, en los que se condenó a 81 personas, 66 de ellas por primera vez.
En lo que respecta a la actividad actual y venidera, se registran 12 debates en trámite (orales y escritos) -en los cuales se juzga a 118 acusados- y ya se encuentran programados para los próximos meses otros 810 juicios orales que involucran un total 60 procesados. El estudio ponderó como un indicador interesante acerca de la actividad que suponen estos juicios que el universo total de casos por los que hoy hay juicios en curso en todo el país se refiere a los crímenes sufridos por más 800 víctimas.
Respecto de la cantidad de personas condenadas, el estudio aclara que de las 266 condenas que existen hasta el momento, sigue siendo muy escaso el porcentaje de sentencias que ha quedado firme durante 2011. En ese sentido, la Unidad Fiscal hizo referencias a las demoras que se vienen registrando en el ámbito de la Cámara Nacional de Casación Penal para la revisión de las sentencias de los tribunales orales. “Durante 2011, la Cámara de Casación revisó seis sentencias en relación con 13 imputados, cifra que no muestra cambios relevantes en su actividad si se toma en cuenta que durante 2010 revisó cinco sentencias respecto de 12 imputados”, indicó.
En otro tramo del estudio se mencionó la excesiva demora que va desde la elevación a juicio y la concreción de las audiencias de debate. Sobre las razones de esta situación se mencionaron las decisiones de agenda de los tribunales orales, algunas dificultades de infraestructura del Poder Judicial en lo que se refiere a salas de audiencia disponibles, problemas vinculados con la integración de los tribunales orales (por vacancia, recusación o inhibición), y también al excesivo tiempo que insume el desarrollo de algunos de los juicios orales en curso.
Por último, se resaltó el incremento sostenido de acusados que hoy cumple su sentencia en cárceles: de 593 personas detenidas, 50,5% lo hacen en unidades penitenciarias, 43,4% en detención domiciliaria, sólo 5,9% en dependencias de fuerzas de seguridad (provinciales o nacionales) y apenas 0,2% en hospitales.
