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La problemática actual del empleo público y del privado

Por Salvador Treber. Exclusivo para Comercio y Justicia
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Los casi 20 millones de puestos de trabajo y su evolución constituyen el más fiel termómetro respecto del nivel de actividad y el grado de potencial productividad para evaluar la situación y perspectivas futuras del país.
Según datos oficiales emanados del Indec, para fines de mayo pasado, los trabajadores legalmente registrados que integraban la población económica activa ascendía a 19.846 miles y se estima que alrededor de un tercio adicional lo hacía sin cumplimentar ese requisito. Para completar el cuadro nacional respectivo debe considerarse, además, que los desocupados que buscan trabajo y no lo han conseguido son otros 1.535 miles y 1.669 miles revistan como subocupados (trabajan menos horas que las que quisieran). También debe advertirse que 3.199,5 miles de la población económicamente activa (PEA) son ocupados en alguna de las tres jurisdicciones del sector público; pero de los trabajadores en situación irregular no disponen de un detalle fehaciente sobre su composición.

Dado que en numerosas empresas industriales, especialmente las más grandes, optaron por mantener sin reducción sus equipos humanos, pese a la baja acusada en la producción y el mercado, se considera que está en marcha una suave e incipiente reactivación como se ha estado advirtiendo, que no habrá de generar ningún cambio en sus planteles. Por otro lado, en el área de la construcción, especialmente impulsada por la obra pública federal, se ha detectado una suba estimada en +7,7% que consideran, en forma global, generarán nuevos empleos si se verifica una tasa anual de crecimiento no menor de tres por ciento; lo cual se reflejaría en la incorporación adicional de unos 130 mil asalariados.

Según se ha ratificado en los hechos, la tendencia tanto positiva como negativa de 0,4% por cada punto del producto que sube o baja incide en el nivel del trabajo informal. Para el trienio 2017/19 se aguarda un alza interanual semejante, según informa el denominado Relevamiento de Expectativas de Mercado emitido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Estiman que sólo podría incrementarse la ocupación si el sector privado incorpora personal; lo cual es harto dudoso, por lo que no debe aguardarse para ese lapso una reducción en el número de desocupados pese a las posibles oscilaciones en la proporción de la población activa que tiene o busca una ocupación estable.
Cada año se suma a la actividad productiva privada una cantidad muy semejante de asalariados que deriva del crecimiento vegetativo de la población. Ello significa que, si el índice de crecimiento fuera de cuatro por ciento anual durante cuatro años consecutivos (2018/21), la suba en el número de nuevos empleados se incrementaría en apenas dos por ciento y no se reduciría la ya existente desocupación abierta. Otro factor decisivo es el avance de la automatización, que coadyuva a sustituir personal por máquinas cada vez mas perfeccionadas. Según lo advierten los especialistas, ese tipo de equipamiento no podrá concretarse en el corto plazo, pero en menos de una década se convertirá en valiosa realidad.

El estado actual de la producción interna
Actualmente, al par de la evolución de las diversas actividades productivas, según el resultado de una reciente encuesta, en 2018 las pymes podrán registrar un incremento significativo.
En 2018 seguirán impulsadas en forma prioritaria ciertas especialidades industriales que tienen una característica común, que son mano de obra intensiva. Como tales se suman a ciertas ramas de la minería y petróleo que, por el momento, exhiben tasas negativas de crecimiento aunque se asegura que tienen un futuro muy promisorio. Pero la producción masiva de divisas sigue siendo generada en muy alta proporción por la agroindustria.
Según el detalle precedente se advierte que el índice de crecimiento del empleo exhibe un ritmo muy heterogéneo en el que en el trío compuesto por la construcción, el comercio minorista y algunos servicios básicos se destacan como los más sensibles a mejoras en la coyuntura pese a que no son importantes generadores de divisas. Tampoco se destacan por su productividad; razón por la cual se hace indispensable delinear una estrategia combinada que cubra esa falencia. En cuanto a la tan desigual caída de la ocupación, según sea la actividad, requiere concretar sin demora una combinación racional entre ellas que no sólo supla sino que complemente las características de cada especialidad para hacer más dinámica y combinada la indispensable estrategia de crecimiento.

Debe advertirse que en situaciones semejantes una suave recuperación se suele afrontar ampliando el número de horas de trabajo y evitando hacer incorporaciones significativas hasta que haya plena convicción de que la referida aceleración no sufrirá retrocesos poco tiempo después.
Esta prudente actitud ha permitido apreciar la notoria diferencia habida entre la política de los empresarios durante la crisis de 1999/2002 y 2015/17. En el Centro de Estudios sobre Población y Empleo de la UBA se advierte muy enfáticamente que las pymes reaccionaron más rápido en ese primer período, quizá justamente por no disponer un nivel tecnológico muy avanzado; mientras que ahora los sectores medios y de grandes empresas son los que han liderado la iniciativa.
Actualmente existe un ruidoso coro empresarial que realiza múltiples quejas respecto a lo que ellos consideran una desproporcionada suba de las diversas tarifas públicas que habrían excedido toda lógica, pues aquéllos han priorizado disminuir el déficit preexistente sin mejorar el nivel de eficiencia, sólo preocupados e impulsando acciones que buscan hacer un menos discrecional consumo de la energía eléctrica. En el Ministerio de Trabajo consideran que hay cierto grado de impulso con que pretenden insuflar un gestión correctiva y se muestran dispuestos a reducir sensiblemente no sólo el costo energético sino el denominando, con tono muy crítico, “excesivo costo salarial”. Como es lógico, el recorte de la legislación laboral y la eliminación de lo que los trabajadores en relación de dependencia consideran “conquistas” no será nada fácil de concretar y por ello anticipa que habrá un escenario muy conflictivo.
Un factor que crece en presencia e incide es el factor tecnológico, pues procura modificar sustancialmente la composición del costo, disminuyendo la participación del trabajo humano con la incorporación de la automatización que se ha constituido en la meta inmediata de los grandes empresarios. Los funcionarios oficiales la consideran bienvenida y depositan en ella las expectativas de incrementar la productividad, ganando en competitividad internacional. El tema es tan crucial que la Organización Mundial del Trabajo (OIT) ha promovido varios programas destinados a evitar que se deteriore el poder adquisitivo salarial y ponen el acento en una fuerte promoción del empleo para erradicar el actualmente el precario. Se pretende así, según lo exponen, diversificar el esquema productivo mediante un grado de cada vez mayor calificación.

Las perspectivas futuras
Muy distinto y altamente positivo sería reducir hasta eliminar en no más de un quinquenio la informalidad, ya que ello no afectará el nivel actual de precios pues los menores pagos salariales que afrontan los empresarios por esa causa no los convierte en más competitivos pues tales diferencias la han embolsado como una fuente adicional para incrementar el margen ganancial. Desde las esferas gubernamentales se intenta impulsar una mayor profesionalidad junto con un nuevo régimen para promover el acceso de los jóvenes al primer empleo, paralelamente a la fijación de límites para reducir el monto de las indemnizaciones por accidentes de trabajo. Advierten que prima un elevado nivel de conflictos en la esfera judicial y, enigmáticamente, se muestran dispuestos a bajarlo de “cualquier manera”.

La reciente reforma laboral introducida en Brasil, al constreñir al mínimo las convenciones de trabajo para sustituirlas por convenios empresa por empresa, debilitan notoriamente la capacidad negociadora de la parte obrera y la enfrenta en muy peores condiciones; ello se refleja en “pseudoacuerdos” que imponen las respectivas patronales. Esta circunstancia incide en nuestro país pues sus productos, en muchos casos, tienden a desplazar a los nuestros. Al propio tiempo las empresas brasileñas están atrayendo nuevos capitales que se sienten tentados por la perspectiva de expansión al mercado sudamericano.
El sector privado registra 6.183.431 asalariados (+0,5% interanual) de los cuales 1.194.179 revistan en el área industrial, -2,8% que un año atrás, y 1.158.975 (+1%) están afectados al sector comercial; mientras en apoyo a las empresas registran un personal total de 826.156 (-0,06%) que atienden servicios varios requeridos por las diferentes firmas; actividad que está seguida por el área de transporte y comunicaciones, donde revistan 558.161 (-0,3%). Respecto a las vitales áreas de enseñanza y salud cuentan, respectivamente, 407.317 (+1,5%) y 317.199.8 (+2,8%). En cuanto a las actividades que generan mayoritariamente las exportaciones, en el sector agropecuario trabajan 317.066 (+1,5%), en las explotaciones mineras 78.131 (-5,3%) y en la actividad pesquera 12.725 (+1%).
Según los anticipos proporcionados en las esferas oficiales, señalan que se pondrá especial empeño en reducir los costos de contratación y que al efecto se procurará la concurrencia simultánea de medidas que busquen lograr una disminución en el actual considerado excesivo costo previsional y tributario; aunque estiman que tales programas, actualmente en elaboración, sólo se podrán implementar integralmente en el trascurso del bienio 2018/19, no sin antes suscitar fuertes desencuentros con la parte afectada, pero reconocen que lo harán con el apoyo de las más grandes empresas.

Una forma de calmar en algo los ánimos será acelerando los planes de construcción respecto al déficit total de 1.345.015 de viviendas calificadas como “sociales”; aunque son apenas 81.003 unidades que están en construcción, de las cuales 12.139 corresponden a la provincia de Buenos Aires y 2.618 a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sorpresivamente le siguen a la primera Entre Ríos con 7.607 unidades, con un déficit total de 30.485 y Chaco, donde se están construyendo 7.547, pero el déficit en este caso es de 39.279 unidades. Hay notorias diferencias no justificadas que se pueden verificar por medio de la dura realidad cordobesa pues en ella se están construyendo apenas 1.042 unidades pese a que el déficit habitacional trepa a 67.711.

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