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Lucas Crisafulli, abogado, coordinador del libro “¿Cuánta falta?, Código de Faltas, control social y DDHH”.
En octubre del año pasado, luego de un trabajo arduo por parte de organizaciones sociales, sindicales y políticas, se presentó en la Legislatura de Córdoba el “Acuerdo democrático para el cambio en materia de faltas”. Lo que se planteó es, ni más ni menos, que una reforma del código contravencional por considerar que su aplicación se contradice con el pleno ejercicio de derechos contemplados en la Constitución Nacional, en tratados internacionales y de Derechos Humanos. A siete meses de aquella presentación, el debate nunca se puso en marcha y parece que tampoco está en la agenda de los legisladores.
Con motivo del Congreso Latinoamericano sobre Códigos de Faltas, Seguridad y Derechos Humanos que organizó el Inecip, Comercio y Justicia dialogó con el abogado Lucas Crisafulli , quien trazó un panorama de la situación en Córdoba.
-¿Por qué cree que es necesario reformar o derogar el Código de Faltas de Córdoba?
– Por muchas razones. Lo que analizamos en el libro es que detrás del Código de Faltas y de ese discurso de la seguridad para algunos, se esconde la violación de los derechos para otros, basada fundamentalmente en prácticas discriminatorias. El Código de Faltas se sancionó en plena democracia pero tiene resquicios de la dictadura. Las figuras que transforman en contravención el merodeo sospechoso o la prostitución escandalosa -por nombrar algunas- son conductas que no se sabe muy bien cómo encuadrarlas. ¿Qué tan corta tiene que ser la pollera de la trabajadora sexual para que sea escandalosa? Lo mismo ocurre con la figura del merodeo. ¿De qué depende que uno pasee o merodee?.., precisamente tiene que ver con las prácticas discriminatorias.
– Prácticas policiales.
-En realidad, estas prácticas discriminatorias son llevadas adelante por un conjunto social, no sólo por la policía; también por los medios de comunicación, por la vecina que ve a alguien sospechoso y llama al patrullero. La policía no hace otra cosa más que reproducir las pautas sociales discriminatorias. Pasa que como institución tiene facultades especiales, como la de portar una 9 milímetros en la cartuchera que le permite “decidir” sobre la vida y la muerte de las personas o sobre la libertad o no de alguien. Pero en realidad, si esto sucede es porque como sociedad hemos tolerado que suceda; el Código de Faltas tiene cierto consenso.
– En ese contexto ¿cree que este año podría retomarse el debate postergado?
– El año 2011 es fuertemente electoral y la verdad que no tengo fe en que ello vaya a ocurrir. Además, como decía antes, no hay que olvidarse que muchos creen que si eliminamos el código, los ciudadanos quedarán desprotegidos, algo que es un falacia porque en realidad las conductas que sí causan lesiones efectivas de bienes jurídicos ya están contempladas en el Código Penal.
-¿Qué figuras habría que modificar?
– Hay muchas figuras que no respetan el principio de la legalidad y, por lo tanto, son inconstitucionales. De todos modos, a mí me parece más grave la parte procesal. El procedimiento está exclusivamente a cargo de la policía: es la que aprehende, la que instruye el sumario contravencional, la que recoge las pruebas, acusa, juzga y, a su vez, controla la ejecución de la pena; tiene casi el poder de un monarca. Por todo esto me parece que, aunque no sea posible una reforma integral, hay que comenzar, al menos, por una reforma procesal.
– ¿Qué dicen las estadísticas?¿Que cantidad y cuál es el perfil de los ciudadanos que son detenidos por contravenciones en Córdoba?
– Durante 2009, 54 mil personas fueron detenidas en Córdoba por infracciones al Código de Faltas, cantidad de la cual 64 por ciento era menor de 30 años. Lo interesante para agregar es que, mientras se detuvieron a 54 mil personas por el Código de Faltas, sólo se aprehendieron 11 mil por delitos previstos en el Código Penal. Esto demuestra que las personas que están causando más daño a la sociedad no están siendo atrapadas. La policía está ocupada en detener a merodeadores, trabajadoras sexuales y no a los verdaderos delincuentes.
– ¿Esto tiene que ver con la necesidad de “hacer número”, esta exigencia que tiene la policía para demostrar eficiencia?
– Seguramente. Ahora, si se mide la política de seguridad en números y en cantidad de personas detenidas, estamos en un problema serio.
– ¿En qué puesto pondría a Córdoba en materia de Código de Faltas?
– Córdoba es una de las provincias más atrasadas. En Chaco, por ejemplo, el juzgamiento lo hace un juez con jurisdicción y con todas las garantías. En el caso de Buenos Aires, se le quitó a la policía la facultad de juzgar en materia de Código de Faltas y existen jueces para tal fin. No obstante, hay otras provincias más atrasadas aún, como Mendoza..
